Las chabolas vinculadas a la fresa, un negocio que mueve 1.300 millones de euros al año en la provincia de Huelva, proliferan de nuevo sin control alguno en las cercanías de los invernaderos, según ha comprobado Público sobre el terreno. Los problemas de vivienda vinculados a parte de la mano de obra de un próspero negocio suponen un asunto ya endémico, el cuento de nunca acabar. Durante la campaña de recolección de los frutos rojos, que ha estado este mes de abril a pleno pulmón, se crean unos 110.000 puestos de trabajo. Las ONG que trabajan en el terreno calculan que entre 3.000 y 4.000 de estos jornaleros viven en chabolas.

Los braceros malviven en condiciones que ya fueron calificadas con gruesos adjetivos por el relator sobre extrema pobreza de la ONU, Philip Alston, hace un lustro: "Rivalizan con las peores condiciones que he visto en otras partes del mundo". Desde entonces, las cosas no han cambiado y siguen "como siempre", según afirma a Público uno de los habitantes del asentamiento El Sevillano, en Lucena del Puerto.

"Desde hace 25 años, las administraciones han creado alojamientos para unas 250 personas en Huelva, cifra insignificante para el grave problema", resumen en un comunicado conjunto 32 organizaciones, partidos e instituciones que trabajan en la zona.

Se hacen planes, ahora mismo los hay en marcha, pero quien lleva años en busca del jornal sabe que no han servido para gran cosa. "El pobre siempre tiene que sufrir por el agua y el calor", afirmaba este jueves un trabajador que se asomó del interior de su chabola en el asentamiento conocido como El Sevillano, donde departía con otro compañero delante de un té y una tetera pintada de rojo. Están curados de espantos ya. No dan su nombre, pero sí cuentan una cosa: "Hablan, sí [los políticos, las instituciones]. Hablan y nada: las cosas están como siempre".

En los municipios freseros de la corona forestal de Doñana proliferan así las chabolas, agrupadas en ocasiones en asentamientos, algunos del tamaño de aldeas, y otras desperdigadas por el territorio. Allí donde hay un pequeño bosque, en el lugar en el que los emblemáticos pinos de largo y fino tronco se arremolinan, se levantan: una y otra, aquí y allí.

Hay decenas de chabolas, como ha comprobado Público sobre el terreno, a pie y en varios trayectos en una furgoneta C15 con Juan Romero, portavoz de Ecologistas en Acción, gran conocedor de la comarca. "¿Cuántas hay en total? ¿Qué censo hay? Nadie lo sabe", lamenta Romero.

"Buscan la cercanía a la finca. Un patrón que les dé trabajo. La movilidad es un problema", añade Romero. Las chabolas crecen, sobre todo, adyacentes a los plásticos en los que, en estrictas hileras, crecen y engordan las fresas, las frambuesas, los arándanos, que enriquecen a los empresarios y a los tenedores de tierra. "Se trata de un modelo insostenible", claman las ONG.

En los asentamientos hay verdaderas lomas de plásticos, de basura sin recoger. En ellos, hay ratas, hay culebras, alguna víbora aparece también. Hay perros también, y gatos, claro, ágiles cazadores, muy útiles siempre. Un trabajador chapurrea en español una queja, le gustaría que la recojan, que vengan. Romero se indigna: "Esto no puede ser".

En el asentamiento El Sevillano se podía ver aún hace unos días, pegado a una valla que rodea una balsa de agua, un cartel que decía en tres idiomas —árabe, inglés y castellano— que el miércoles 26 de febrero, a las 11 horas, se iba a producir una recogida de basura. A la vista de la cantidad de restos que dos meses después había en las cercanías de este letrero, bien se podía pensar que no habían vuelto.

No son un lugar seguro

"Durante años se ha repetido el mantra de que no hay mano de obra local dispuesta a trabajar en el campo. Pero lo que no se dice es por qué: condiciones indignas, salarios de miseria, ausencia de derechos. Ante este escenario, miles de personas migrantes, muchas veces en situación vulnerable, aceptan lo que nadie más aceptaría. No porque quieran sino porque no tienen alternativas", afirman las ONG.

Las chabolas no son un lugar seguro, en absoluto. Un triste amasijo de maderas y plásticos —algunas chapas también— carbonizados es lo que queda hoy de la chabola en la que Kwadwo, un jornalero de 40 años, murió calcinado mientras dormía el pasado 25 de enero. Kwadwo, que tenía dos hijos en Ghana, es el quinto trabajador de la fresa que fallece por los incendios en lo que las ONG de la zona llaman "chabolas de la muerte". Los otros fueron Toufík Alasal, en diciembre de 2019; Ato y Ghida, en mayo de 2021, y Alan, en 2022, según las ONG.

Las chabolas arden cada dos por tres —son tremendamente inflamables— y, después, se vuelven a rehacer en función del tiempo que los trabajadores sin techo, buena parte nómadas que se pasan los meses recorriendo la península en busca de un jornal en las campañas de los frutos de temporada, tardan en reunir los materiales necesarios para hacerlo.

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Las infraviviendas están construidas con un armazón de maderas extraídas de palés. Se necesitan decenas para una sola chabola. Por ellos, pagan en torno a 400-500 euros, según testimonios recogidos por Ecologistas en Acción. Luego se recubren de mantas de plásticos. La inventiva es constante en los campamentos, se aprovecha todo, se pueden ver deteriorados paneles solares, parabólicas, depósitos para el agua de lluvia.

Además del fuego, en el interior de las chabolas, el calor es insoportable. Las lluvias repican como agujas. No, no son seguras las chabolas. "Lo más sangrante es que esta situación no es accidental ni fruto del descontrol. Es parte de un modelo económico planificado basado en la explotación y la ausencia de derechos para maximizar beneficios. Se invisibiliza a quienes trabajan y se normaliza que vivan sin acceso a agua, sanidad o vivienda. Todo para que la fresa siga siendo barata en el supermercado", aseguran las ONG en su comunicado conjunto.

Es temporada alta en los campos ahora. El olor de la fresa, inconfundible, con su punto de ácida amargura, se mete en la nariz. Este mes es tiempo de recolección y las cuadrillas trabajan bajo los plásticos para recoger la fresa, que se exporta fundamentalmente. Mujeres y hombres doblan la espalda —literalmente, la planta de la fresa no supera cierta altura para recogerlas una a una con delicadeza, no se vayan a romper. 

El agua

La vida bulle en esta reserva de la biosfera tras las últimas lluvias. Es un festín. Las plantas crecen, armerias, orquídeas salvajes... Los animales montan una sinfonía: las ranas, en las charcas, contaminadas por los químicos de la agricultura; las abubillas, los abejarucos, entre los pinares, estas aves migrantes, nómadas también. La metáfora está ahí y Romero la atrapa al vuelo: "Como los pájaros, [los jornaleros] hacen el nido. Los abejarucos [migradores transaharianos] siguen la misma ruta. Vienen a buscar alimentación, refugio, un clima más favorable". 

Es una estampa habitual ver a los trabajadores caminando —bajo el sol de mayo, que ya aprieta en las horas templadas del día— en el borde de los caminos de tierra y en las carreteras llenas de baches que permiten el acceso a furgonetas y camiones a las fincas para cargarlos de palés y de cajas. Algunos, más afortunados, tienen una bicicleta, en la que cargan a los lados los bidones de fitosanitarios vacíos para llenarlos después en un pozo, en el que un cartel avisa, con letras escritas a mano, de que el agua no es potable: "Agua no potable, NO BEBER, NO VALE PARA LA COMIDA". La usan para lavarse, refrescarse. Para el agua de boca, dicen, van a otro lugar.

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El agua, ay. El agua es el gran asunto en la corona forestal. El agua causó la última gran polémica, cuando el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), quiso incrementar las fincas regables en la zona, lo que causó tremenda alarma en la comunidad científica, entre los ecologistas y en la propia Unión Europea. La fresa necesita mucha agua —más de 4.500 metros cúbicos de agua por hectárea— y se bebe en buena parte del acuífero que da la vida al Parque Nacional de Doñana, que está sobreexplotado, menguado, ha sido esquilmado, agujereado de pozos ilegales. 

Finalmente, Moreno llegó a un acuerdo con el Gobierno de España. En él, se prevén varias medidas. Una de las más importantes es el pago a los agricultores —hasta 100.000 euros por hectárea divididos en diez años— para que abandonen la actividad en sus fincas; otra de las señeras es el establecimiento de programas que construyan y rehabiliten viviendas dignas para temporeros, "colaborando así en la erradicación del chabolismo y la infravivienda".

En paralelo a estas medidas, que están arrancando ahora, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y los fiscales han reforzado su vigilancia sobre los pozos ilegales, que han abundado en la comarca de Doñana. Romero señala fincas abandonadas, en las que quedan en pie los semiarcos de metal, que sostienen el plástico blanco característico de los invernaderos, también muestra varios pozos fuera de ordenación aún en funcionamiento y reporta lo que, asegura, es un ejemplo de picaresca: una finca que antes no cultivaba y ahora se ha puesto en funcionamiento con la idea de cobrar, en su caso, la subvención.