El Consejo de Ministras y Ministros ha acordado esta semana la declaración de emergencia climática en España. El nuevo Gobierno de coalición plasma así sus compromisos para la mitigación de los efectos catastróficos de la crisis ecológica. Sin embargo, los precedentes de este tipo de declaraciones institucionales –comunes en diversas partes del planeta– revelan que sus finalidades transformadoras terminan en papel mojado.

La declaración de emergencia climática acordada este martes por el Gobierno es, en cualquier caso, una hoja de ruta para la acción política en materia ecológica. La medida –no vinculante y sin rango legal alguno– asienta las bases de los compromisos para la descarbonización de la economía y da un plazo de 100 días para presentar en el Congreso la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, una demanda por la que los grupos conservacionistas llevan manifestándose en las calles desde hace tiempo. 

El hecho de que la declaración establezca plazos para la aplicación de medidas específicas otorga al plan de acción cierta ambición climática que la distancia de otras declaraciones institucionales que, hasta la fecha, continúan siendo papel mojado, como es el caso de Catalunya, que, más allá de reconocer el problema, no ha empezado a actuar con medidas concretas que den sentido a esa declaración de emergencia de 2019.

De hecho, los grupos ecologistas celebran que el plan del Gobierno haya dado un paso adelante a la hora de concretar plazos, no sólo en la Ley de Cambio Climático, sino en otros puntos como el desarrollo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). No obstante, estas dos medidas no son novedades sino que son parte de los deberes que el Ejecutivo dejó por hacer la pasada legislatura.

También fijan un plazo de 100 días para presentar un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, aprobar los Convenios de Transición Justa que permitan remodelar el sistema industrial y generar empleos verdes de calidad, así como crear una Asamblea Ciudadana que, reconociendo el clamor social, dé voz a los colectivos ecologistas en los asuntos relacionados con la crisis ecológica, siempre desde los criterios de equidad e igualdad.

Pero, además de estas medidas que previsiblemente verán la luz dentro de un centenar de días, el plan del Gobierno contempla otras 25 "líneas prioritarias" que, sin embargo, no tienen fechas concretas ni ejes de actuación detallados, ni memoria económica presupuestada. Se trata de decisiones como "no otorgar beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil", no autorizar "concesiones de explotación de hidrocarburos en territorio nacional", actuar contra la "pobreza energética" o "adoptar una Ley de Movilidad Sostenible", entre otras.

El hecho de que las medidas anunciadas por el Consejo de Ministras y Ministros del martes no sean vinculantes, hace que la declaración pueda quedar en un brindis al sol, lo cual ya ha ocurrido en otros países europeos como Austria, Irlanda o Escocia, donde las buenas intenciones no han sido concretadas a través de medidas concretas ni ejes económicos que permitan mitigar los efectos de la crisis climática desde la transversalidad que demanda la ciencia.

Las principales organizaciones medioambientalistas españolas han celebrado la declaración del Gobierno, pero han reclamado que los ejes de actuación que se empiecen a plantear a través de la Ley de Cambio Climático y el PNIEC aumenten la ambición para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Las críticas de colectivos como Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, Juventud por el Clima o Extinction Rebellion tienen que ver con que se plantee 2050 como fecha clave en la desaparición de los combustibles fósiles, en lugar de 2040, fecha en la que se preveía que iban a dejar de venderse vehículos de combustión interna en España.

Se trata de un año planteado ya en la declaración de emergencia climática del Parlamento Europeo que, según los grupos ecologistas, no cumple con las peticiones de los científicos del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) de la ONU, que reclaman acciones inmediatas para conseguir limitar la subida de temperatura a menos de 1,5ºC respecto a los niveles preindustriales. 

Por el momento, la declaración del Gobierno se presenta ambiciosa y recalca, de cara a una legislatura compleja, ciertas voluntades para la lucha contra la crisis climática. En cualquier caso, será el tiempo el que determine si las ambiciones del Ejecutivo se quedan en un ejercicio de marketing y simbolismo o consiguen revertir el modelo económico y social para caminar hacia la descarbonización.