El 85% de la población en España ha estado expuesta durante 2018 a niveles perjudiciales de ozono troposférico, un contaminante secundario que cada año causa unas 1600 muertes en nuestro país, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, sobre todo en las zonas periféricas de las ciudades y en áreas rurales.

Según la Organización Mundial de la Salud, una persona no debería respirar aire contaminado con una concentración de ozono superior a los 100 microgramos por metro cúbico. Pero aquí 39,7 millones de personas superaron ese umbral, según ha denunciado este martes Ecologistas en Acción en un informe que recopila los datos de las 472 estaciones oficiales que hay instaladas en todo el territorio nacional para medir esta sustancia tóxica.

La regulación española, no obstante, se basa en límites mucho más laxos que rebajan esa cifra al 25% de la población (en torno a 11,5 millones de afectados), una discrepancia sobre la que el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha llamado la atención.

“El límite que marca el peligro para la salud, y en el que se basan todas las instituciones europeas, es el límite de la OMS. Los límites legales son sólo políticos. El Gobierno puede legislar con límites más estrictos si quisiera, como se hace en Francia o en Reino Unido”, ha recordado el responsable de Calidad del Aire de Ecologistas en Acción, Juan Bárcena.

La organización presentó la semana pasada una queja formal ante el Parlamento Europeo por la inacción de las autoridades y ha llevado también el caso ante la Audiencia Nacional.

A pesar de ser el contaminante más extendido y el tercero más perjudicial para la salud —por detrás de las partículas en suspensión y el dióxido de nitrógeno— en España no existen medidas concretas y presupuestadas para atajar los episodios más peligrosos de ozono troposférico, a diferencia de lo que ocurre con las restricciones al tráfico enj los picos de NO2, por ejemplo. Sólo Valladolid toma medidas frente a este contaminante, que suele dispararse en los meses de primavera y verano por las altas dosis de radiación solar y el aumento de las temperaturas.

Aunque la ley obliga a elaborar planes de mejora de calidad del aire contra el ozono, muchas comunidades afectadas, como Madrid, Murcia, Castiilla-La Mnacha, Castilla y León, Extremadura, Andalucía Aragón, Baleares, París Valenciano, Catalunya, Navarra o País Vasco no los han elaborado. Argumentan que están a la espera de que el Gobierno central elabore un Plan Nacional de Ozono Troposférico con el que se comprometió hace años, pero que nunca llegó.

La organización llevó también el caso ante la Comisión Europea, pero la directiva comunitaria no obliga a los Estados a elaborar planes contra el ozono, porque lo considera un problema complejo, y archivó el expediente. De todos modos, en la transcripción de la ley España sí incluyó esta obligación. Por eso, los ecologistas tratan ahora de presionar a través de la Justicia y el Parlamento Europeo. La semana pasada, la Eurocámara se comprometió a revisar la situación para, llegado el caso, instar a la Comisión a un cambio de postura.

La particularidad del ozono troposférico u “ozono malo” es que se trata de un contaminante secundario que no se concentra en el centro de las ciudades, donde las grandes cantidades de NO2 lo destruye con rapidez. La contaminación por este gas —que se forma en la baja atmósfera por la reacción entre la luz solar y otros contaminantes precursores, derivados del tráfico, las grandes centrales termoeléctricas y algunas fábricas— es mucho más abundante en la periferia o en las áreas rurales y verdes próximas a la ciudad, donde los vientos terminan arrastrándolo.