El Constitucional ordena reabrir una causa por presuntas torturas a un detenido
La Sala Primera ha declarado la nulidad de las resoluciones con las que el Juzgado de Instrucción número 1 de Pamplona y la Audiencia Provincial de Navarra decretaron el sobreseimiento y archivo de la denuncia por torturas realizada por una persona que fue detenida en 2010 por su presunta pertenencia a la organización Ekin.
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madrid,
El Tribunal Constitucional ha ordenado reabrir una causa por presuntas torturas de agentes de la Guardia Civil a Eneko Compains, que fue detenido en 2010 por su vinculación a Ekin. La sentencia señala que la Justicia no agotó todas las vías de investigación posibles para esclarecer los hechos por lo que, anula las dos sentencias con las que la Justicia había decretado en firme el sobreseimiento y archivo de la denuncia por torturas realizada por el demandante de amparo. Se trata de la duodécima ocasión en la que el Constitucional ampara a un demandante de torturas.
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La sentencia se basa en la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH)que impone que los órganos judiciales se rijan por "un canon reforzado de investigación cuando se trata de denuncias de torturas y malos tratos por parte de agentes de los cuerpos de seguridad del Estado", máxime cuando el denunciante ha estado en situación de detención incomunicada, recuerda el TC en su resolución.
Cabe destacar que España ha sido condenada por el TEDH hasta en ocho ocasiones por no investigar suficientemente denuncias de torturas.
El demandante presentó en noviembre de 2010 una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Pamplona por un cometido contra él durante el tiempo en que estuvo bajo custodia de la Guardia Civil en régimen de detención incomunicada. El juzgado archivó la causa y fue la Audiencia Provincial ordenó reabrir el caso aunque ordenó poco después el segundo archivo de la causa ya que las manifestaciones del denunciante "no han sido corroboradas en forma suficiente para considerar que hay indicios suficientes de la comisión del delito".
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En su demanda de amparo, Compains afirma que se han vulnerado sus derechos a la integridad física y moral, a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías y al uso de los medios pertinentes de prueba para la defensa.