La Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado, máximo órgano de participación de los sectores directamente relacionados con el sector educativo en España, ha aprobado por unanimidad la prohibición de los móviles en toda la etapa obligatoria, a excepción de los usos educativos que pueda plantear el profesorado en Secundaria (ESO).

Tras una reunión en la que ha participado, no solo Pilar Alegría, sino también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra ha anunciado, además, que extenderá a Bachillerato y a la Formación Profesional Básica (FP) –lo que implica a más de cinco millones de alumnos– el plan de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora.

Se trata de un plan que Sánchez adelantó el pasado fin de semana y que ha aprovechado para presentar este jueves, en la reunión que ya estaba prevista para abordar las medidas para limitar el uso de los teléfonos en los centros educativos. El presidente ha explicado que el refuerzo englobará tanto a los centros públicos como a los concertados.

El Gobierno de coalición tiene previsto destinar 500 millones de euros durante la legislatura a este programa, a fin de facilitar su implementación, para reducir las ratios en esas materias mediante desdobles, reforzar la formación del profesorado y ofrecer clases extraescolares de refuerzo a quién lo necesite. Si bien aún se desconoce en profundidad cada punto del plan.

Se recomienda apagar el móvil en la ESO

El acuerdo alcanzado por los representantes del Consejo ha concluido que los medios digitales conllevan una serie de peligros, por lo que se recomienda que a en Primaria y, por descontado a Infantil, no se lleven móviles, tabletas o relojes inteligentes. Mientras que se recomienda que en Secundaria estén apagados y que cada centro educativo los regule según su criterio.

El pasado 13 de diciembre, Alegría ya avanzó su intención de unificar este criterio. Hasta ahora, solo la Comunidad de Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha y Andalucía prohibían el uso de móviles como mecanismo de comunicación en los colegios durante los periodos lectivos, mientras que en el resto de regiones eran los centros los que limitan su uso.

Familias que piensan que "prohibir" es "mirar para otro lado"

Desde la Federación de Asociaciones de Madres y Padres (FAPA) Francisco Giner de los Ríos, critican la medida y afirman que "la prohibición supone mirar para otro lado y no querer asumir una realidad que necesita respuestas". "Aprender en un uso responsable de los dispositivos móviles es imprescindible para prevenir dificultades que puedan surgir por un uso inadecuado", considera Carmen Morillas, presidenta de la organización.

"La implementación de los primeros dispositivos digitales en centros educativos se inició en los años 80, hablamos de más de cuatro décadas. En su momento ya hubo detractores, negacionistas de la realidad, como en otros ámbitos de la vida, pero la evidencia de la existencia de los dispositivos y su proliferación se tuvo que asumir y trabajar para un uso adecuado de los mismos (...) Educar en ciudadanía digital responsable es un objetivo a realizar", ha declarado Morillas.

En este sentido, pone de relieve el papel "relevante" de las administraciones en el seguimiento de las plataformas creadoras de contenidos que después los ofrecen a la población en general, sin hacer distinción entre tipos de contenido y consumidores por edades o control efectivo de verificación de edad para ciertos contenidos.

"Estas plataformas tienen que cumplir las leyes y vincular un régimen sancionador cuando éstas las incumplan", ha comentado la presidenta de la FAPA haciendo alusión a otra de las medidas de impacto que ha presentado estas semanas el Ejecutivo: una nueva ley para regular el acceso al porno en menores.