La Fundación Secretariado Gitano (FSG) ha presentado este miércoles, 14 de junio, su informe anual correspondiente a 2017, en el que relatan 202 casos en los que han asistido a 334 personas. Además, reclaman a partidos políticos y medios de comunicación que sitúen en su agenda como "una prioridad" la lucha contra la discriminación del colectivo, que afecta principalmente a los más jóvenes y a las mujeres.

El documento, que lleva por titulo 'Discriminación y Comunidad Gitana', revela que los ámbitos "más relevantes" en los se han detectado "incidentes" son medios de comunicación e Internet (33%), empleo (21%) y acceso a bienes y servicios (15%).

En cuanto a los medios e Internet, lamenta que contribuyan a un "imagen social negativa" al mencionar la etnia en los sucesos en los que están implicados, "cuando periodísticamente no es necesario para la comprensión de la noticia". Respecto al ámbito de acceso a bienes y servicios, el informe hace alusión a casos acontecidos en supermercados y centros comerciales, que afectan mayoritariamente a mujeres gitanas.

Por todo ello, ven "imprescindible" contar con un refuerzo legislativo en forma de una Ley Integral de Igualdad de Trato y no Discriminación dado que, para los autores del estudio, "la eliminación de los actos discriminatorios no puede dejarse solo en manos de la interlocución y sensibilización, porque cuando estas acciones no generan un resultado positivo por la negativa del agente discriminador, no se puede ayudar a la víctima si los hechos no constituyen un delito".

Respecto al perfil de las víctimas, los 334 personas presentados tienen un nivel socioeducativo medio-bajo, siendo un 80% menores de 45 años, mientras que el 43% de las personas afectadas son mujeres.

En cuanto a la metodología de intervención, la FSG detalla que desarrolla una asistencia directa e individualizada, en la que, tras realizar la detección y primera asistencia, se llevan a cabo diversas fases de trabajo con la autorización de la persona afectada. Las fases de intervención se centran en la investigación del hecho a través de testimonios, testigos, documentos o imágenes, para posteriormente diseñar una intervención que se basa en interlocución, mediación, acciones extrajudiciales (quejas ante organismos competentes, alegaciones, reuniones), denuncia en instancias jurídicas y policiales y, en casos concretos, litigación estratégica.

En la asistencia y acompañamiento a las víctimas, FSG detecta "una falta de información y conocimiento de sus derechos por parte de las víctimas, unido a una falta de empoderamiento para decidir sobre la defensa de sus derechos cuando son vulnerados". El informe indica que las víctimas tienen "interiorizada la discriminación y asimilada en su vida, porque es la realidad que siempre han conocido y vivido en su entorno".

Añade también que las víctimas desconocen el funcionamiento del sistema de protección, los servicios que pueden utilizar (Defensor del Pueblo, oficina de consumidores, Policía, Colegio de abogados, Fiscalías, etc.). Además, "tienen interiorizado que nadie les va a dar la razón, que nadie les va a defender" por lo que abogan por la sensibilización de las potenciales víctimas.

El papel de la justicia

Determinados hechos discriminatorios registrados en el informe se encuentran en tramitación judicial como un caso ocurrido en Castellón, donde tuvo lugar un delito de odio hacía un joven gitano, menor de edad, que recibió un botellazo en la cabeza al grito de: "Habría que exterminar a la raza gitana" y "Fuera de este pueblo". Se
trata de un presunto delito de lesiones con la agravante de discriminación étnica recogida en el artículo 22.4 del Código Penal.

Otro caso ocurrido en Puertollano (la denegación de acceso a discotecas por motivos de discriminación étnica a un grupo de jóvenes gitanos) está relacionado con un presunto delito de discriminación del artículo 512 del Código Penal, de denegación de acceso a bienes y servicios en el ámbito privado.

Los autores del informe subrayan la necesidad de que las fiscalías de delitos de odio y discriminación impulsen su actuación ante denuncias de este tipo y que el sector jurisdiccional conozca en profundidad esta materia, que es vital para dar "una respuesta justa y resarcir a las víctimas de discriminación", que deben ser acompañadas y asistidas en todo momento del proceso.

En este punto, denuncian que "prácticamente no existen recursos que apoyen económicamente la defensa letrada especializada, una debilidad que, a través de los colegios de abogados y de las fuentes de financiación que puedan dar soporte a las entidades que desarrollan litigios, habría que paliar".

En el capítulo de recomendaciones, reclaman que la lucha contra la discriminación y los delitos de odio hacia la comunidad gitana sea "una prioridad en la agenda de todos los partidos políticos, dado que es una cuestión de protección de derechos humanos"; que se reactive el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica y que en España exista un Organismo de Igualdad independiente, tal y como establece la Directiva 2000/43/CE y el CERD en sus últimas recomendaciones al Estado Español.

Asimismo, ven necesaria una Ley Integral de Igualdad y que se aplique la reforma del código penal en esta materia, al tiempo que pide que las fiscalías de delitos de odio y discriminación impulsen la defensa de los ilícitos penales con este componente.

Por último, apuesta por empoderar a las personas víctimas de discriminación étnica, que las autoridades encargadas de promover la igualdad entre mujeres y hombres fomenten acciones específicas para promover la no discriminación de las mujeres gitanas o que las empresas que lideran redes sociales e Internet impulsen la aplicación del Código de Conducta firmado con la Comisión Europea en materia de delitos de odio y discriminación, entre otras propuestas.