La conselleria de Sanitat Universal reconoce, a través de la memoria anual del Plan de Seguridad Alimentaria, que la mayoría de comedores escolares no cumplen varios de los criterios fijados en la Guía de los Menús de Comedores Escolares de la Comunitat Valenciana, elaborada por el mismo departamento.

En concreto, las raciones mensuales recomendadas de cereales, legumbres o carne solo son seguidas por un 12, un 16,9 y un 22,3% de los centros respectivamente. Aunque también es cierto que otros criterios –como las limitaciones de precocinados o frituras- sí que cuentan con un seguimiento que de prácticamente la totalidad de los comedores. Tampoco se cumplen, mayoritariamente, los criterios de ofrecer un mínimo del 3% de alimentos de producción ecológica y un 40% de venta de proximidad, aunque los centros públicos quedan, porcentualmente, ligeramente mejor situados que los concertados.

 La semana pasada, desde la consellería de Sanidad se anunciaba una campaña de inspecciones que afectará hasta un tercio de los comedores escolares, "sea cual sea la titularidad" para asegurarse que "se cumplen los requisitos de una alimentación saludable".

Sonia Terrero, presidenta de la Confederación Valenciana de AMPA (Covapa) denuncia que a menudo les llegan quejas de las escuelas en relación con la calidad de la comida: "caldos o purés aguados o filetes que están como una suela de zapato", protestas que acostumbran a presentar ante los consejos escolares, el órgano que contrata anualmente la empresa encargargada del servicio de comedor. "Por eso que normalmente las escuelas cambian muy a menudo de empresa", añade Terrero.

Sistema de contratación "perverso"

Sarai Fariñas, miembro de Cerai, una ONG especializada en proyectos de soberanía alimentaria, pone el foco en este sistema de licitación: "que los consejos escolares puedan contratar la empresa tiene aspectos muy positivos, pero también genera una dinámica muy perversa en una situación de infrafinanciación de la escuela pública, puesto que muchos gastos ordinarios, que tendría que sufragar conselleria, se acaban cargando al superávit que genera el servicio de comedor".

De hecho la ley obliga que la mitad de este dinero se dedique a las mejoras en el comedor, pero la otra mitad queda a disposición del centro para lo que decida. "Hay que cambiar este sistema y, sobre todo, necesitamos más transparencia y claridad en el destino de unas enormes cantidades de dinero sin control que hay en cada escuela", explica Marc Brell a partir de su experiencia en el consejo escolar del CEIP Pare Català de València, quien también alerta de la inercia en que "siempre se apuesta por la opción más barata".

"Las familias tienen que entender que si contratan un menú de 2,10 euros, para poder aumentar el remanente que queda para la escuela, la calidad de la materia prima que comerán sus hijos e hijas será más limitada", continúa Fariñas. Para sensibilizar sobre esta materia, CERAI y Justicia Alimentaria impulsaron el manifiesto Escoles que alimenten [Escuelas que alimentan], que hasta el momento ha sido firmado por unas setenta ONG, organizaciones agrarias, AMPA y el Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas valencianos, entre otros.

Pasos del Ayuntamiento de València

Una de las primeras instituciones que primero se han movido en esta dirección ha sido el Ayuntamiento de València, quien ayer anunciaba que modificará los pliegos de condiciones para contratar servicios de comedor en los centros educativos municipales –tres escuelas de primaria y cuatro de infantil- para incluir otros criterios además del económico, como pueden ser los nutricionales, sociales, ambientales y educativos.

"Queremos que los menús escolares incrementen la cantidad de verduras y hortalizas, reduzcan la cifra de alimentos de origen animal, eliminen productos ultraprocesados, limiten el uso de platos preparados y la frecuencia de frituras, sustituyan el azúcar por otros edulcorantes e impulsen el uso de cereales integrales y panes de fermentación lenta", ha detallado el regidor de Agricultura, Alimentación Sostenible y Huerta, Alejandro Ramon, para quien "resulta fundamental que se le dé más valor al componente educativo y pedagógico del comedor".

La medida llega después de que el Consell Alimentari Municipal de València aprobara una serie de recomendaciones para la licitación de los servicios de comedores donde se recalcaba la importancia de la compra pública para contribuir a "un entorno agroalimentario local más justo, sostenible y saludable".

El próximo objetivo que se marcan desde Escoles que alimenten es extender estos criterios a escala autonómica. "En julio nos reunimos con las tres consellerias implicadas –Educació, Sanitat y Agricultura-, que nunca habían hablado conjuntamente del tema y les propusimos una mesa intersectorial que planteara la reforma del sistema de contrataciones, manteniendo la autonomía de los consejos escolares pero introduciendo pliegos de condiciones donde se puntuasen aspectos como la compra local, la calidad de los alimentos o la producción ecológica –explica Fariñas- y ahora estamos esperando que nos den una respuesta para empezar a trabajar".