El colectivo de enfermería teme que las residencias utilicen la reforma de la FP sanitaria para abaratar los costes de personal

No están los enfermeros de España para sorpresas ni la sanidad pública para experimentos. Esa es la conclusión a la que han llegado sindicatos y organizaciones de enfermería tras desgranar la nueva formación FP sociosanitaria que han creado el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ministerio de Educación dirigido por Pilar Alegría.

El 2022 ha arrancado para los profesionales de enfermería con planes de movilizaciones en los que se ha puesto encima de la mesa una huelga dentro de la sanidad pública para reivindicar mejoras en las condiciones de trabajo después de dos años agotadores por la pandemia con un ratio de profesionales notablemente bajo respecto a la media de los países vecinos de Europa.

A ese contexto se le suma la creación de una formación FP llamada Supervisión de la atención sociosanitaria a la persona usuaria. El curso está enfocado a aprender sobre cuidados a mayores, coordinación con servicios sanitarios o intervenciones asistenciales. Algunos de sus objetivos son desarrollar "técnicas de supervisión valorando la atención directa a una persona usuaria" y "aplicar técnicas de supervisión de las actividades del equipo técnico de cuidados auxiliares sociosanitarios como parte del equipo interdisciplinar", entre otras habilidades. 

La formación eje de la polémica no ha contado con la aprobación de la sociedad civil al no ver en ella tareas y herramientas que no se enseñen en cualquier curso ya existente, ya sea FP o grado universitario.

Supervisión de la atención sociosanitaria a la persona usuaria es una de las 49 nuevas formaciones diseñadas dentro de un plan del Ministerio de Educación que además tiene entre manos una nueva ley para las FP. Estos cursos forman parte del Plan de Modernización de la Formación Profesional puesto en marcha por Gobierno en 2020 y es uno de los grandes proyectos restantes de la cartera de la ministra Alegría.

A juzgar por la naturaleza de los objetivos del curso y por el personal que saldrá de ellos, desde el sindicato de enfermería SATSE entienden este curso como una devaluación de su profesión y, a fin de cuentas, una forma de "abaratar costes a la patronal de las residencias, poniendo así en riesgo la salud y seguridad asistencial de cerca de 400.000 mayores". 

Devaluación del trabajo

"En lugar de fortalecer y mejorar la situación de los profesionales sanitarios que se encuentran perfectamente cualificados y capacitados para realizar las labores de asistencia, coordinación y supervisión de cuidados en este tipo de centros sociosanitarios, se opta por seguir precarizando unas labores que resultan fundamentales para la salud y calidad de vida de unas personas mayores que tienen su hogar en las residencias y que son tremendamente vulnerables", apuntan desde SATSE.

En esta misma línea se ha manifestado el Grupo 40+ Iniciativa Enfermera, agrupación de trabajadores de enfermería que analiza la situación de los cuidados de la salud: "Manifestamos nuestra preocupación ante lo que puede suponer encargar tareas de supervisión de una atención compleja a personas que tendrán una formación inferior a la conveniente y con un enfoque administrativo, que puede alejar el énfasis en los cuidados precisos para atender a personas mayores en situación de dependencia física y mental", arguyen.

"Organizaciones profesionales, sindicatos, sociedades y estudiantes de Enfermería han coincidido en rechazar de manera categórica una norma que perjudica gravemente los espacios profesionales de los enfermeros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería y trabajadores sociales que prestan su servicios en las residencias, y que conlleva un peligroso deterioro y degradación de la atención y cuidados a las personas mayores", remata SATSE.

El principal sindicato sanitario zanja la medida con duras palabras para el PSOE:  "El partido con presencia mayoritaria en el Gobierno busca otros intereses muy distintos a los expresados por los profesionales y a las necesidades reales de atención y cuidados de cerca de 400.000 personas mayores en los centros sociosanitarios de nuestro país".