Los clubes de usuarios de cannabis de Barcelona, la ciudad española con más asociaciones de este tipo, están preparando una gran batalla legal contra el ayuntamiento, gobernado en minoría por el PSC, que ha acordado el cese de su actividad tras tumbar el Tribunal Supremo el plan municipal que obligó a esas entidades a hacer costosas obras de adecuación.

La batalla puede ser cruenta, porque son muchos los afectados por el cambio de las tornas respecto a un modelo de consumo compartido y responsable del cannabis que nació en España y se ha exportado a otros países, hasta el punto de que Alemania lo ha tomado como base para afrontar la regulación de la marihuana en unos meses.

En Barcelona llegaron a ser 210 las asociaciones de usuarios de cannabis en 2016, cuando se aprobó el plan municipal que reguló su funcionamiento, y hoy son unas 180, que siguen sumando miles de socios, aunque algunas se han desviado mucho del modelo original de club social para centrarse en la vertiente puramente económica de la actividad y ya más que socios tienen clientes.

La normativa municipal fijó en 200 metros cuadrados la superficie máxima de los locales, exigió una doble puerta de entrada o vestíbulo de separación, la instalación de chimeneas para la expulsión de humos al exterior y una distancia mínima con respecto a los centros de enseñanza obligatoria. Todo eso obligó a las asociaciones a hacer costosas obras de adecuación, un gasto que sitúan entre los 30.000 y los 60.000 euros -algunas lo elevan hasta los 100.000-, dinero que, a su entender, habrán perdido si no pueden seguir con la actividad para la que fueron hechos los trabajos por exigencia del ayuntamiento.

Las asociaciones, según ha podido saber Público, ya están preparando demandas por daños y perjuicios a causa de las obras que tuvieron que hacer para cumplir la normativa municipal. En esas demandas reclamarán al Ayuntamiento de Barcelona unas cantidades que, en el caso de que las presentaran las 180 entidades ahora en funcionamiento, podrían llegar a sumar en torno a los diez millones de euros.

El despacho del abogado Oriol Casals es uno de los que ya está estudiando las demandas de dos asociaciones de usuarios de cannabis que han recibido una carta del ayuntamiento en la que, tras la inspección de su local, se les comunica la anulación de la autorización al haber decaído, por sentencias del Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, la normativa municipal que regulaba su funcionamiento.

De momento, según Oriol Casals, se trata de una mera comunicación, ya que el ayuntamiento no ha aprobado ningún expediente de clausura de actividad de estas asociaciones. "El ayuntamiento aún no ha revocado ninguna licencia, simplemente ha enviado cartas informativas. No sé si es mala praxis o engaño", precisa. Pero en el mismo momento en que se apruebe el expediente, asegura que presentarán la reclamación por daños y perjuicios.

El modelo que ha copiado Alemania

Oriol Casals es uno de los promotores de la iniciativa legislativa popular que propició en 2017 la aprobación de la ley catalana para regular el funcionamiento de las asociaciones de usuarios de cannabis, luego tumbada por el Tribunal Constitucional, que estimó, al igual que ha hecho el Supremo con el plan municipal de Barcelona, que la norma invadía competencias del Estado al legislar sobre una sustancia incluida en el Código Penal.

"Es una lástima, porque se está perdiendo una oportunidad -dice Casals a Público-. En Alemania se está debatiendo aprobar el mismo modelo que el de Catalunya en 2017, el único modelo de salud pública, de fomento de derechos fundamentales y su ejercicio que ha sido exportado y copiado en el resto de Europa, y que ahora lo perseguimos aquí y decimos que no queremos dar esta imagen. Estamos un poco equivocados. Es un patrimonio de la sociedad y de mucha gente que ha contribuido a crearlo. Me parece un fallo estratégico como país".

A juicio de este abogado, es incomprensible la postura del PSC, partido que votó en el Parlament catalán a favor de la ley de las asociaciones de cannabis y que ahora desde el gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona accede a promover el cierre de los clubes de usuarios. "No entiendo este viraje de 180 grados. Es una posición muy conservadora y retrógrada. ¿Cuántos muertos ha habido en clubes de cannabis en Barcelona en diez años, cuántos problemas, peleas, aumento de la delincuencia? Los problemas vienen de la ilegalidad, de cultivos clandestinos", subraya Casal.

Las asociaciones cannábicas sitúan como el ariete de la política municipal contra su actividad al teniente de alcalde de Prevención y Seguridad, Albert Batlle, quien fue responsable de los Mossos d'Esquadra entre 2014 y 2017 y ha hecho declaraciones en las que aboga por prohibir los clubes sociales y por una regulación estatal más estricta con el uso de la marihuana.

El ayuntamiento, por su parte, alega que tiene que cumplir las sentencias judiciales que han tumbado la normativa municipal que regulaba estas asociaciones, las cuales, a su entender, ya no pueden promover ni permitir el uso del cannabis, únicamente funcionar como clubes privados, como cualquier otra entidad de ese tipo y conforme a la legislación de la Generalitat de Catalunya vigente sobre esta materia.

Fuentes municipales han asegurado a este periódico que ninguna asociación puede permitir ya el consumo en sus locales ni que sus socios se abastezcan con el autocultivo de plantas, porque es ilegal y la inspección actúa en consecuencia, aunque no han podido ofrecer datos de cuántos clubes han sido cerrados por este motivo.

¿Qué pasó con el grupo para propiciar cambios legales?

El gobierno municipal se remite en todo caso a la nota de prensa que emitió en julio de 2021, en la cual advertía de que las asociaciones cannábicas tenían que adaptarse a la nueva situación legal y únicamente podían funcionar como clubes privados. En esa misma nota se informaba de la creación de un grupo de trabajo interno entre las áreas de servicios jurídicos, salud, seguridad y urbanismo para realizar propuestas de cambios legislativos a nivel estatal y autonómico.

El objetivo de ese grupo de trabajo era dar una "respuesta conjunta a la situación" y poner sobre la mesa la necesidad de espacios en los que "se pueda producir el consumo -y no la venta-, de forma controlada, que está permitido por el Código Penal". "El gobierno municipal sigue defendiendo la necesidad de una regulación de esta actividad desde el punto de vista de la salud pública, que es donde se entiende que debe tratarse el fenómeno".

Sin embargo, a preguntas de este periódico, el ayuntamiento no ha contestado si se ha puesto en marcha ese grupo de trabajo ni si ha habido algún avance en la línea de lo que se proponía en esa nota del anterior equipo de gobierno municipal, a la que se sigue remitiendo el actual para explicar la situación de los clubes de cannabis en Barcelona.

La resolución del Parlament a favor de los clubes

El hecho es que a nivel autonómico sí ha habido cambios mientras tanto. Hace casi un año, en febrero de 2023, el Parlament aprobó una resolución en la que instó a la Generalitat a incluir a las asociaciones de cannabis en sus planes estratégicos de adicciones, crear un registro de estas entidades e impulsar cambios legislativos para permitir un consumo seguro y controlado.

La Federación de Asociaciones Cannábicas de Catalunya (Catfac) considera un contrasentido que el Ayuntamiento de Barcelona mantenga una línea totalmente contraria a la dirección que marca la resolución del Parlament, que se aprobó, además, con el apoyo del PSC, que tiene a Jaume Collboni como alcalde en la capital catalana.

"Creemos que esto es una lucha del señor Batlle, que ya anunció en la precampaña electoral que iba a ir contra los manteros, los grafiteros y los clubes sociales de cannabis, que no son los problemas reales de seguridad de Barcelona. Es una persona que tendría que revisar sus discursos, que están muy cerca del prohibicionismo", subraya Eric Asensio, portavoz de Catfac.

Esta organización entiende que el ayuntamiento no tiene competencias para prohibir el consumo del cannabis dentro de un local privado y, por tanto, para decretar su cierre por tal circunstancia, ya que no se trata, en ningún caso, de una medida administrativa y del ámbito municipal. Las asociaciones, según Asensio, ya tuvieron que pagar multas de entre 6.000 y 9.000 euros cada una tras la primera oleada de inspecciones que se llevaron a cabo en 2023, por permitir el consumo, por tener dispensario de marihuana o por otras circunstancias.

No obstante, Catfac se opone también rotundamente a la actividad de ciertos clubes de cannabis que promueven "prácticas alejadas del modelo asociativo". Por ello, denuncia el "intrusismo" de esas actividades, que, amparadas por la doctrina del consumo compartido, funcionan bajo objetivos muy distintos a los principios y valores que defienden las asociaciones cannábicas, recalca.

Estas prácticas, según la federación cannábica catalana, se concentran en distritos de Barcelona afectados por otras circunstancias colaterales, como la gentrificación o la masificación turística, que ha transformado la ciudad en un parque temático, bajo la complicidad del gobierno municipal, añade.

Unas 1.500 asociaciones en España

En toda España, según un informe realizado en 2022 por la confederación estatal de estas organizaciones, Confac, hay unas 1.500 asociaciones de usuarios de cannabis, con una media de entre 300 y 400 socios cada una y en las que trabajan en total unas 7.500 personas. De acuerdo con ese estudio, si la actividad de esas entidades estuviera regulada, podría generar al menos casi 219 millones de euros por pago anual de impuestos directos e indirectos y tasas a diferentes administraciones públicas.

En la misma sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que tumbó en noviembre de 2020, el plan municipal de Barcelona que regulaba el funcionamiento de las asociaciones de cannabis, se destaca que los clubes están "huérfanos de una completa y detallada regulación legal". El Alto Tribunal señala al respecto que la actividad de esas entidades puede verse afectada por lo dispuesto en el artículo 368 del Código Penal, "como, con indudable acierto, se declara en la sentencia de instancias (del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya) lograr una normativa reglamentaria de la naturaleza expuesta, para lograr alcanzar un feliz fin de cobertura legal para ese consumo, abastecimiento y dispensación de cannabis y las demás sustancias".

El Supremo concluyó que "la indeterminación de saber si un club social de cannabis es o no ilícito penalmente impide considerar competente a un ayuntamiento para regular, aunque sea desde la óptica urbanística y medioambiental, este tipo de asociaciones".

Curiosamente, las resoluciones del Supremo y del Tribunal Superior de Justicia catalán fueron la respuesta a los recursos judiciales que presentaron algunas asociaciones cannábicas contra la normativa que les obligaba a afrontar una serie de obras, algunas muy costosas. Ahora, esas mismas obras podrían volver a ser objeto de reclamación contra el ayuntamiento, pero por una circunstancia distinta.