Decenas de miles de personas que habitan en zonas protegidas de toda España pueden quedar fuera del autoconsumo eléctrico por energía fotovoltaica en un contexto de alza imparable de la factura de la luz. Las ciudades históricas se enfrentan a una compleja encrucijada que pone en conflicto la estricta protección estética de sus cascos antiguos y el derecho de sus vecinos a dotarse de una energía limpia y barata.

Es el caso, por ejemplo, de Toledo, una de las joyas urbanas de España y ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En su intrincado casco histórico viven actualmente unos 10.000 habitantes, sin contar la población itinerante del sector turístico. Desde 2018, el Plan Especial del Casco Histórico prohíbe expresamente la colocación de "paneles solares o elementos similares en los faldones de cubierta". La normativa se ampara en la declaración de Toledo como Conjunto Histórico en 1940.

Las consultas de los vecinos se han prodigado en los últimos años, particularmente tras el exponencial auge de los precios de la energía, según informa Nuria Molina, arquitecta municipal. La normativa local estipula que los materiales de cubierta deben ser de teja árabe con una tonalidad homogénea, al objeto de dotar al conjunto urbano aéreo de un paisaje armónico. "Queda claro que en nuestra normativa no se permiten paneles solares en el casco histórico", subraya.

Los paneles solares no solo no se pueden instalar en la cubierta de los edificios del conjunto histórico. La arquitecta juzga poco "eficiente" la eventual colocación de placas en los patios de las viviendas por sus limitadas dimensiones y la necesidad de una mínima superficie de captación solar. "Que tengamos conocimiento, no hay ningún panel instalado en el casco histórico", señaló.

Nuria Molina reconoce que los ciudadanos del casco histórico tienen los "mismos derechos" de dotarse de energía limpia y económica que cualquier otro vecino de la ciudad. Otra cosa es encontrar una solución factible que no ponga en riesgo la protección visual del conjunto histórico o amenace la declaración de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

La arquitecta contempla con buenos ojos la propuesta de habilitar granjas solares aledañas al casco, tal como se baraja en algunos ayuntamientos. "Creo que es una buena iniciativa, pero hay que ver la titularidad de los suelos y valorar la iniciativa adecuadamente", reflexiona.

Esa es una de las ideas que baraja el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), la organización asesora de la Unesco, como alternativa al dilema que se cierne sobre los cascos históricos protegidos en los próximos años. "Se están estudiando diversos caminos", asegura José Alberto Alonso, miembro de la junta directiva de Icomos y arquitecto especialista en patrimonio y sostenibilidad. "Por ejemplo, la instalación de pequeñas granjas solares en las afueras del término municipal o en cubiertas de polideportivos", precisa. Así se permitiría la creación de comunidades energéticas que suministren luz a los habitantes del casco histórico y no se les prive de un derecho ciudadano.

Esa es una de las sugerencias que se incluyen en una guía de buenas prácticas que Icomos presentará en las próximas semanas, previsiblemente en un simposio que tendrá lugar en noviembre en Cartagena. "Viene una avalancha de inversión en renovables y Europa nos pide una descarbonización. Toda esa casuística va a pasar. Hemos reflexionado al respecto y tenemos que ser parte activa en la lucha contra el cambio climático", sostiene Alonso.

La organización asesora de la Unesco sugiere que los ayuntamientos realicen un análisis detallado sitio por sitio y paisaje por paisaje para examinar qué afecciones tienen las instalaciones de energías renovables. "En un edificio histórico hay que estudiar qué impacto visual y en qué parte se puede colocar o no para que no sean visibles", argumenta el arquitecto. José Alberto Alonso es consciente de la complejidad del desafío. En Europa ya se ha avanzado en la materia, pero en España el asunto aún se encuentra en pañales.

Los técnicos y los responsables municipales son conscientes de que una normativa excesivamente restrictiva podría incentivar la despoblación de áreas muy sensibles, sometidas ya a un intenso éxodo en las últimas décadas. "Un panadero que necesite mucha energía, terminará cerrando y se irá fuera. Tenemos que buscar alternativas imaginativas que favorezcan este tipo de comunidades energéticas", señala el técnico de Icomos.

En España hay 15 ciudades reconocidas por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Todas ellas están integradas en una red institucional con sede actualmente en Ávila. Su gerente, Ángel Rosado, asegura que el grupo aún no ha fijado una posición común con respecto a la instalación de los paneles solares. Lo hará en una próxima reunión prevista en Cáceres el 12 de noviembre. "Algunas ciudades están hablando a título particular, pero no como grupo. En esa reunión, se marcará una línea", anuncia. 

Córdoba también es otra ciudad histórica que mantiene estos días un intenso debate sobre la viabilidad de colocar placas solares en el casco antiguo. Hablamos del conjunto protegido más amplio de España. Su espacio histórico se extiende nada menos que a 247 hectáreas de superficie y 81 de ellas están calificadas como Patrimonio de la Humanidad. Y aún más: en sus 4.700 edificios viven casi 38.000 personas.

El Ayuntamiento trabaja en un plan alternativo, cuyo contenido aún no se ha hecho público. Allí la presión de los vecinos es alta. Más de media docena de asociaciones de vecinos piden al Consistorio soluciones urgentes que permitan dotarse de energía solar. "La energía es un suministro esencial y un derecho", reclamaron en un comunicado difundido en el mes de julio. El concejal de Urbanismo, Salvador Fuentes, ya ha anunciado que trabajan en una "alternativa sostenible" para el casco histórico, aunque reconoce que "las soluciones no son fáciles".

Una de las iniciativas que se barajan es la cesión de suelo para facilitar una comunidad energética. La Federación Andaluza de Empresas Cooperativas (FAECTA) se reunió con responsables municipales en el pasado mes de julio y aseguró que se trabaja en la cesión de una hectárea de suelo rural para instalar una miniplanta solar fotovoltaica.

La normativa municipal de Córdoba no habla de manera expresa de placas solares. Pero en la práctica dificulta enormemente su colocación en el casco histórico. El artículo 23 del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico limita las instalaciones por encima de las cubiertas, de tal manera que restringen seriamente la colocación de paneles fotovoltaicos. También indica que las cubiertas tienen que ser cerámicas y su tonalidad homogénea.

Casi la mitad de los 4.700 edificios del casco histórico están catalogados y disponen de un considerable nivel de protección. En esos será casi imposible colocar placas solares. Y en el resto, habría que estudiar pormenorizadamente la orientación e inclinación adecuadas para esquivar un previsible impacto visual. En muchos, dados los estrechos márgenes disponibles, la rentabilidad energética será muy reducida o inviable.

Un experto consultado por Público, conocedor de la realidad urbanística del conjunto histórico cordobés, considera más recomendable estudiar medidas pasivas de eficiencia energética. "Si das ventajas fiscales a quienes instalan sistemas de aislamiento térmico, estás facilitando también ahorro energético. Ese podría ser otro camino. Hay paisajes urbanos que no nos podemos cargar", advierte.

En el caso del casco histórico de Córdoba, se da la circunstancia de que el principal mirador, la torre de la Mezquita, está situado en el sur del perímetro protegido. Como la inclinación de los paneles solares, por razones obvias de aprovechamiento energético, tiene que estar orientada en esa dirección, el paisaje aéreo sería una extensa mancha negra. La instalación de parques solares en el exterior del casco también es una buena solución, en opinión del técnico consultado.

Los ayuntamientos de Cáceres y Badajoz, en Extremadura, también estudian fórmulas para proveer de autoconsumo energético sus cascos históricos. Solo en lo que va de año se han tramitado más de 1.500 autorizaciones, un 70% más que en 2021, lo que refleja la extraordinaria demanda de paneles solares domésticos.
Las recomendaciones de Icomos no tienen carácter vinculante. Sus propuestas son a título orientativo. "Prestamos nuestro conocimiento a las administraciones públicas para que puedan diseñar su normativa", puntualiza José Alberto Alonso. ¿Los paneles solares podrían poner en riesgo la declaración de la Unesco? "Si estuvieran mal colocados, sí. Pero estamos en manos de gente solvente y las ciudades patrimoniales tienen gestores que lo saben hacer", argumenta.