Este artículo se publicó hace 5 años.
CiberseguridadCiberseguridad, cuestión clave del futuro de las ciudades
Las urbes más pobladas del planeta, muchas de las cuales exploran el salto hacia las ciudades inteligentes -Smart Cities- para adaptar los servicios de sus ciudadanos a la digitalización y el desarrollo sostenible, deben asumir ingentes cantidades de sus recursos a asegurar sus redes de suministro. Hasta alcanzar los 135.000 millones de dólares en 2024, según un estudio de ABI Research, firma de innovación tecnológica.
Madrid-
Las grandes capitales del planeta deben reconfigurar sus partidas de gasto en los próximos años si desean garantizar la seguridad de sus residentes, en una fase de notables cambios estratégicos en la que no sólo han cimentado sus propios servicios diplomáticos -en sintonía con la política exterior de sus estados- para acometer necesidades de todo tipo -atracción de inversiones y de sedes corporativas, agendas culturales, modernización de sus infraestructuras o sus desafíos en la preservación del medio ambiente- sino que están propiciando traslados de sus capitalidades.
Como la reciente decisión de Indonesia o Egipto de seguir la estela de Brasil, cuando, en 1956, y bajo los auspicios del urbanista Lúcio Costa y, sobre todo, del arquitecto Óscar Niemeyer, pasó a designar a Brasilia como centro administrativo y político de la primera potencia sudamericana. Las autoridades indonesias y egipcias buscan desde hace meses alternativas territoriales para albergar las principales instituciones de poder del país. De forma oficial. Es como si las ciudades de especial densidad demográfica o con alguna característica emblemática -por peso financiero, empresarial, tecnológico o cultural, pro ejemplo- se hayan convertido en auténticas ciudades-estado. A imagen y semejanza de las que existieron en la Antigua Grecia.
Los atentados de hackers han proliferado en los últimos años
Uno de los aspectos que más deberían cuidar las urbes que han entrado en la dinámica de poder convertirse en ciudades inteligentes -Smart City- es la seguridad. Más en concreto, en el terreno de la prevención de ataques informáticos contra sus redes de suministro e infraestructuras. Los atentados de hackers -o sus intentos- han proliferado en los últimos años. También contra firmas privadas e instituciones estatales, muchas de las cuales están alojadas en los centros capitalinos o sus alrededores.
Una firma de estrategia tecnológica, ABI Research, ha puesto cifra a la factura: nada menos que 135.000 millones de dólares, el equivalente al PIB de Kuwait o Ucrania. Algo más de 121.530 millones de euros. De ellos, asegura Dimitrios Pavlakis, analista de la consultora, para atender la ciberseguridad de sus redes energéticas, de sus centros sanitarios, sus líneas de transporte y sus industrias de agua y de sistemas de residuos. Los actuales 59.400 millones de dólares -unos 53.473 millones de euros- “no serán suficientes” explica Pavlakis. En un apéndice adicional al informe, este experto asegura que las inversiones en seguridad de las grandes urbes “se tornarán en un elemento esencial que deberá integrar a servicios de inteligencia, áreas de especialización de la judicatura y a empresas y organismos públicos que operan en el ámbito de la defensa nacional, para lograr sus objetivos de eficiencia y sostenibilidad”.
El desafío de las ciudades conectadas
Entre las preocupaciones más acuciantes de gobiernos y empresas sobresale el de la ciberseguridad
La digitalización demanda la construcción de desarrollos urbanísticos con interconexiones de alta calidad. Fulgurantes en rapidez y de seguridad demostrada. Es uno de los retos a los que se enfrentan las smart cities. Y un asunto, el de la ciberseguridad, que está detrás del veto inicial de la Administración Trump a que emporios como Huawei desarrollen el negocio del 5G en EEUU y los aliados estadounidenses. Aunque esta prohibición haya sido aparcada de manera temporal en medio de la guerra comercial que se han declarado las dos superpotencias económicas del planeta. Entre las preocupaciones más acuciantes de gobiernos y empresas sobresale el de la ciberseguridad, alertan en ABI Research. Hay un consenso generalizado en que se debe avanzar hacia métodos preventivos, de supervisión constante y de reacción inmediata si se desea aislar de los ciberataques las infraestructuras de las ciudades y sus redes de interconexión. Porque las amenazas y objetivos de los hackers tienen un alto grado de incertidumbre predictiva y resultan cada vez más amplios, lo que resta capacidad de maniobra al sector privado y los gobiernos.
Alianzas globales para las ‘smart cities’
En paralelo, las grandes capitales del planeta, siguen poniendo picas en su evolución digital. En ocasiones, bajo las directrices de organismos como el G-20 que, junto al World Economic Forum, la fundación que gestiona las cumbres de Davos, que lideran una alianza global para perfilar, en primer término, y canalizar, después, las reglas que deben regir las ciudades inteligentes. Dicen que siguiendo criterios y principios de transparencia, privacidad y seguridad. Esta iniciativa se ha lanzado durante la presidencia japonesa del G-20, el organismo que aglutina a las potencias industrializadas y los grandes mercados emergentes, y ha logrado encaramarse a lo más alto de su agenda política.
Entre sus partícipes figuran gobiernos municipales, regionales y estatales, el sector privado y asociaciones vecinales de grandes capitales. Hasta ahora, no ha existido un foro de estas características, enfocado hacia la creación de smart cities con seguridad digital y buen gobierno tecnológico y aunar desafíos medioambientales y urbanísticos con leyes garantistas en materia de recopilación de datos e imágenes personales en espacios públicos, por ejemplo y que, al mismo tiempo, garanticen los efectos cibernéticos o de otro tipo del uso masivo de la robótica o el llamado Internet de las Cosas. “Es un compromiso de las principales economías con las ciudades inteligentes”, asegura Børge Brende, presidente del WEF.
“Coordinaremos todos los esfuerzos necesarios para que los trabajos en esta dirección estén alineados y sigan la hoja de ruta adecuada, con objeto de que los riesgos de las urbes tecnológicamente avanzadas se conviertan en beneficios para sus sociedades civiles en vez de en amenazas constantes”, aclara. Unos avances que resultan ineludibles con la visión japonesa de Sociedad 5.0 de solventar temas de “especial trascendencia global como la lucha contra la catástrofe climática o el crecimiento inclusivo”, precisa Brende.
La primera meta volante de este road map será el próximo año, en la presidencia semestral del G-20 en Arabia Saudí. El mundo árabe es uno de los espacios con mayores tasas de urbanización ya que el 58% de su población habita en grandes ciudades. Con previsiones de alta celeridad en este proceso migratorio. Hasta alcanzar ratios del 97,6% para 2030 en el Reino wahabí. “Esta alianza abre una senda a los proyectos y trabajos que deben realizar la mayoría de las ciudades del mundo para reforzar los servicios y los derechos civiles de sus residentes a través de las tecnologías digitales”, afirma Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. “Todas las ciudades deberían poner en marcha iniciativas humanitarias mediante la sociedad digital, que reflejen pasos en la dirección adecuada en apertura, diversidad e inclusión”; es decir, bajo “los sistemas de valores” democráticos. En aspectos como el feminismo, la ecología, el acceso a la vivienda o transición energética, puntualizó. “En el mundo interconectado actual, la colaboración a largo plazo no es una opción, sino una necesidad”, señala Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, para quien la gran capital financiera estadounidense “está orgullosa de ser un modelo de smart city que sitúa en primer lugar a sus residentes más vulnerables”. La solución -precisa- es “emprender un camino de ciudad más sostenible, inclusiva e igualitaria”.
El problema financiero de las urbes
Los desafíos de alguna de las grandes ciudades del planeta son, en ocasiones, casi inabarcables. Capitales como Lagos (Nigeria) siguen creciendo de forma desaforada a pesar de ser una de las más vulnerables al incremento del nivel de los mares y océanos y de las nuevas inclemencias de la climatología. Algunos científicos auguran que, en los próximos diez años, la capital nigeriana se enfrentará a 260.000 fallecimientos sólo por crecidas de ríos o tormentas huracanadas. Ante peligros como éste, los estados y las ciudades están condenados a buscar líneas de financiación e ingresos adicionales a los que nutren en la actualidad sus arcas de ingresos. “No creo que se pueda esperar más”, declaró hace unas semanas Otis Wallace, alcalde de Florida City a Business Insider.
"El clima está cambiando y los niveles del mar subiendo. Para los gobiernos locales no hay otra alternativa, debemos empezar a actuar", enfatiza. California ha sido uno de los estados que ya ha tomado cartas en el asunto en EEUU. Los votantes aprobaron en referéndum, ya en 2011, la necesidad de que su gobernador emitiera bonos en el mercado dirigidos a financiar los proyectos de canalización de agua en todo su territorio. Al igual que, más tarde, los residentes en la ciudad texana de Austin. “Es una señal inequívoca de que cada vez más estados y ciudades se están tomando en serio los desafíos medioambientales, sociales y de gobierno” admite Tom Schuette, codirector de inversiones en Gurtin Municipal Bond Management, una firma dedicada a la búsqueda de líneas de financiación en el ámbito local. Porque el cambio climático puede ser una amenaza aún más grave que cualquier crisis económica, porque reduciría dramáticamente el valor de las propiedades y las más elementales bases de ingresos fiscales, además de tener que atender a un número creciente de víctimas de desastres naturales, argumenta.
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