CATE de Cartagena: migrantes entre ratas y despilfarro de dinero público

La madre de Montaser Ezz El Din estaba ingresada en el hospital cuando supo que su hijo estaba subiendo a una patera para cruzar el Mediterráneo. Lo hizo desde Orán (Argelia) y tras su periplo en alta mar el agua lo llevó hasta Cartagena el pasado 17 de febrero. La Guardia Civil socorrió a todas las personas que iban en la pequeña embarcación y posteriormente las llevaron hasta un campamento provisional situado en el puerto industrial de Escombreras de Cartagena (Murcia). Nunca habría creído que en España encontraría las condiciones que vio allí.

Montaser pide usar un nombre ficticio para proteger a su familia porque no quiere que sufran al conocer su odisea. En las instalaciones de Escombreras, Montaser y los asistidos –privados de libertad y desprovistos de sus teléfonos móviles– estaban envueltos en un fuerte olor a azufre y convivían con basura y roedores, según denuncian agentes de la Policía Nacional, personal de ONG y Montaser y otros migrantes que estuvieron internados allí. El limbo legal de este espacio llega al punto de que Cruz Roja asegura a este medio no tener constancia de la existencia de ningún CATE –ni provisional ni definitivo– en Cartagena.

Cerca de esas instalaciones provisionales, al otro lado de la bahía de Cartagena, permanecía cerrado el nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE). Numerosas asociaciones humanitarias y el Sindicato Unificado de Policías (SUP) de la Región de Murcia llevaban al menos desde 2020 exigiendo cambiar la ubicación de las instalaciones. Los ministerios del Interior –responsable de estos centros– y Defensa –propietario del suelo– acordaron situar un nuevo CATE, también provisional, en los terrenos situados en El Espalmador y propiedad de la Armada Española, que se mostraba reticente a ceder la parcela.

Joven migrante siendo atendido por Cruz Roja tras desembarcar en la costa de la Región de Murcia. — Cruz Roja

Tras un año de tira y afloja, el nuevo centro provisional de El Espalmador abrió el pasado 17 de septiembre. El Estado llevaba tres años derivando a los migrantes a otras instalaciones provisionales en el puerto de Escombreras. El delegado del Gobierno en Murcia, José Vélez, asegura que el CATE de Cartagena definitivo se instalará en el Monte Galera, una pequeña montaña, a pocos metros de El Espalmador.

Ubicación exacta del campamento provisional, el nuevo CATE temporal y el futuro centro definitivo. Infografía: Manuel Bernabéu

Interior vuelve a pagar comidas para un CATE vacío

Tras 28 horas en el mar, Montaser y los demás rescatados, en su mayoría de origen argelino, recibieron la comida y agua que la Policía Nacional les proporcionó. En 2021, el Ministerio del Interior adjudicó sin concurso público 32.849 euros a la empresa Alonso Hipercas, ubicada en Alcorcón, para suministrar alimentos a los migrantes retenidos en el CATE de Cartagena, que ha estado vacío e inutilizado todo el tiempo. El contrato consta en el Portal de Contratación del Estado (expediente 21M059), aunque Alonso Hipercas asegura: "No hacemos nada de este tipo".

La comida entregada a los migrantes realojados en el puerto de Escombreras corrió a cargo de Yantar Good, compañía que suministra las comidas para los presos en la Región de Murcia. "Son los mismos que proporcionábamos a los [migrantes] retenidos en Escombreras", señalan sobre los alimentos agentes de policía afiliados al SUP. Interior no aclara por qué transfiere dinero a Alonso Hipercas por un servicio que no está prestando, ni tampoco por qué es Yantar Good la que suministra esos alimentos a migrantes.

No es la primera vez que el Ministerio del Interior destina dinero público en servicios para centros de detención de migrantes vacíos e inoperativos. En 2017, una investigación de porCausa desveló que Interior había desembolsado más de cuatro millones de euros en servicios para el CIE de Fuerteventura que nunca se prestaron porque el centro llevaba vacío más de cinco años. Interior tuvo que dar explicaciones en sede parlamentaria y clausurar de forma definitiva ese centro de internamiento de extranjeros.

La sociedad Alonso Hipercas no es nueva en el negocio del control migratorio. Entre otros contratos públicos, esta empresa también facturó 2,3 millones de euros por el suministro de alimentos de "emergencia" para migrantes alojados en centros de estancia temporal de Tenerife, mientras que los diarios locales daban cuenta de la mala calidad de la comida.

El portavoz del SUP de la Región de Murcia, Adrián Rodríguez, explica que en el campamento de Escombreras había ratas que "husmeaban en los alimentos de los asistidos" porque en las carpas donde se encontraban no tenían suelo y solo se limpiaba una vez al mes. En algunos momentos llegaron a estar hacinadas allí más de 250 personas, según fuentes policiales.

Con voz tímida y sentado en el suelo de su habitación, Montaser cuenta que apenas pudo comer durante las 72 horas que permaneció bajo tutela del Estado en el puerto de Escombreras. La higiene no era el único problema. Los agentes de Policía no tenían en cuenta factores como la religión de las personas migrantes y les entregaban cerdo y otros alimentos no halal que los musulmanes no consumen.

Entre silos de azufre y tanques de gas

Mientras una empresa de Alcorcón recibía dinero del Estado por servicios que no prestaba, las personas retenidas en el puerto de Escombreras soportaban condiciones de insalubridad y peligro para la salud. Además de convivir con las ratas, los migrantes solo tenían acceso a dos únicos baños químicos situados en una esquina del polígono industrial de Cartagena y con problemas de desagüe. "La sensación que daba era de gallinero, era como un almacén de ganado", afirma Rosa Manrubia, abogada de oficio y diputada del Colegio de Abogados de Cartagena. Manrubia aporta detalles de la situación dentro del CATE. Interior prohíbe la entrada de periodistas a estos centros bajo cualquier circunstancia –a diferencia de cárceles, edificios militares, hospitales y otras infraestructuras "críticas"–.

Los recién llegados deambulaban en lo que Manrubia define como "un campo de refugiados como los de Siria que vemos en televisión". Los jóvenes, a veces solos, otras con sus hijos y familiares, compartían espacio con el resto de desconocidos y hacían cola para refrescarse o asearse con una manguera, único punto de agua disponible. Organizaciones como Convivir Sin Racismo presentaron denuncias ante la Fiscalía y el Defensor del Pueblo por la "situación inhumana" del campamento y la detención allí de menores en condiciones de insalubridad.

Las fuentes consultadas también destacan que no se respetaba el derecho a la privacidad. Quienes atienden a migrantes y solicitantes de asilo solo disponían de una mesa de playa que compartían la abogada de oficio, un traductor y un policía. Todos los trámites se hacían y comentaban en presencia del resto de internos.

Este centro provisional estaba situado en una zona repleta de actividades industriales. El agente Juan Carlos Jiménez, también del SUP, explica que esto suponía un "peligro inminente" en caso de que algún migrante lograse escapar, ya que en el polígono hay silos de azufre, tanques de gas, refinerías de petróleo, cables de alta tensión y vehículos pesados que circulan a alta velocidad. La Autoridad Portuaria asegura que sus mediciones descartan cualquier peligro. "Los trabajadores de esas empresas, que están a escasos metros de nosotros, llevan trajes especiales y mascarillas que filtran las partículas, mientras nosotros y los migrantes no llevábamos nada y estábamos igual de expuestos", mantiene el portavoz del SUP.

Operarios del polígono industrial de Cartagena equipados con trajes especiales de seguridad. — Manuel Bernabéu

Un parche con tres años de retraso

Tras las denuncias interpuestas por las condiciones en las que eran recibidas las personas migrantes en el CATE provisional del puerto, y ante el malestar de las empresas del polígono industrial y de la Policía Portuaria y el "abandono" que denuncia la Policía Nacional, la Delegación del Gobierno en Murcia anunció la construcción de un nuevo CATE provisional a finales de 2020. A mediados de 2021, los representantes del Gobierno en Murcia aseguraron que este nuevo CATE se ubicaría en El Espalmador, en los terrenos cedidos por la Armada de España. Precisamente la Armada, desconocedora de estas decisiones, "había firmado un acuerdo con el Ayuntamiento para ceder parte de los terrenos como zona de esparcimiento de la ciudad, para hacer carriles bici y una playa", explica Fran Zamora, delegado de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Cartagena.

El delegado del Gobierno, José Vélez, insistió en aquel momento en que las obras del CATE de El Espalmador finalizarían como tarde a principios de 2022. Finalmente, el pasado 17 de septiembre abrió sus puertas el CATE provisional, dotado con 38 módulos y con capacidad para 440 personas, y cuyo coste asciende a 3,3 millones de euros. La demora de su apertura estuvo relacionada con la dejación de las administraciones públicas y el frente abierto entre Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa; en concreto la Armada, por un lado, y la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior, por otro. Durante ese tiempo, todos los migrantes llegados a la Región de Murcia por vía irregular fueron derivados a las instalaciones provisionales del puerto de Escombreras, donde permanecían en condiciones infrahumanas. La Delegación del Gobierno no ha respondido a las preguntas de este medio.

Desde el colectivo Convivir Sin Racismo apuntan que el centro provisional de El Espalmador sigue siendo un punto de detención policial donde no se garantiza el trato humanitario básico y pide a las instituciones que permitan el acceso de las organizaciones humanitarias. El doctor en sociología y activista Christian Orgaz, experto en control migratorio, afirma que el Estado cuenta con herramientas suficientes para poder derivar a las personas a otro tipo de recepciones menos denigrantes y menos lesivas en derechos que los actuales CATE. Orgaz critica la falta de regulación de estos centros de retención de migrantes y denuncia la falta de control. En este tipo de espacios son frecuentes los intentos de suicidio y las condiciones de insalubridad. Precisamente a mediados de septiembre Sanidad abrió otra investigación por la presencia de gusanos en la comida de un CIE de València.

Exterior del nuevo CATE de El Espalmador. — Manuel Bernabeu

El nuevo CATE de El Espalmador es provisional, como lo era el de Escombreras. El centro definitivo está previsto que se construya en la ladera del Monte Galera, cerca de El Espalmador. Quienes conocen el lugar piensan que esas obras nunca se acometerán. "Nadie lo cree, es un sitio de muy difícil acceso en medio de una montaña y que supondría una obra faraónica", explica el agente Zamora. De momento, las obras están paradas y pendientes de varios trámites burocráticos.

Cae la noche y varias empresas del polígono industrial cesan su actividad. Las carpas comienzan a cubrirse de rocío. El sonido del rompeolas y la cadencia de los cables de alta tensión dificultan el sueño de los migrantes retenidos en el puerto. Montaser Ezz El Din recuerda la humedad y el frío en el espigón de Escombreras: "Dormíamos en el suelo, no había colchones, nos cubríamos con mantas que estaban muy desgastadas y olían muy mal".

Tras 72 horas retenido por el Estado y en condiciones insalubres, Montaser y el resto de migrantes fueron realojados en un centro de Cruz Roja en la ciudad de Murcia. Tras varias semanas, Montaser fue puesto en libertad. Actualmente está en Milán. Asegura sentir alivio al compartir su experiencia, pero no puede evitar el dolor de esos recuerdos. Este joven de 27 años quiere que su testimonio sirva para evitar que otras personas migrantes pasen por los mismos horrores que él.