Un juez ha archivado la causa a tres profesoras del IES Sant Andreu de la Barca (Barcelona) por supuestos comentarios despectivos a hijos de guardias civiles tras las cargas del 1-O, si bien ha remitido el caso a la consellería de Enseñanza por si pudieron cometer una infracción administrativa.

Según han informado fuentes cercanas al caso, el titular del juzgado de instrucción número 7 de Martorell, que ya archivó el caso respecto de otros seis profesores de los nueve sobre los que se querelló la Fiscalía, ha dado carpetazo a las piezas relativas a los tres docentes que aún seguían investigados por los comentarios que hicieron en clase, donde asistían como alumnos hijos de agentes de la Guardia Civil, al día siguiente del referéndum ilegal.

En uno de los autos de archivo, el juez alega que no ve base suficiente para mantener abierta la acción penal, si bien remite testimonio de lo investigado a la consellería de Enseñanza, para que determine si su actuación pudo ser constitutiva de alguna infracción administrativa y se deben depurar posibles responsabilidades disciplinarias.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, el conseller de Enseñanza, Josep Bargalló, ha considerado una "gran noticia" y el "fin de una pesadilla" el archivo de la causa a las tres profesoras que seguían imputadas y se ha preguntado quién reparará ahora "el daño hecho contra el centro y el profesorado.

Pese a archivar el caso a las últimas tres profesoras investigadas, el juez sostiene que una de ellas habría aprovechado su clase "no para ejercer como docente en la materia de la que era profesora en un instituto de secundaria, sino para expresar su opinión acerca de unos hechos concretos, exclusivamente desde su punto de vista, en un clima de crispación social como el que se vivía en Catalunya el 2 de octubre de 2017, que tenía a la sociedad catalana profundamente dividida". "Todo ello -resalta el juez- delante de alumnos adolescentes menores de edad, sin, por tanto, tener en cuenta que podía haber alumnos y padres de alumnos que no compartieran lo manifestado por ella en clase".

El abogado de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) Jorge Piedrafita, que representa a una de las alumnas denunciantes, ha indicado que recurrirá contra el auto de archivo, ya que considera que en el mismo "se acredita que la investigada se extralimitó en sus funciones".