El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza han comenzado a hacerse trampas al solitario con los juegos de azar: el primero, tolerando su publicidad en eventos deportivos pese a que una ley vigente los veta , y el segundo, dando permisos a casas de apuestas después de haber anunciado una moratoria que, en la práctica y vistos los resultados, no acaba de existir.

La Gerencia de Urbanismo de la capital aragonesa ha aprobado conceder la licencia de apertura a una nueva casa de apuestas que eleva a 87 el censo de locales de juego de la ciudad este lunes, tres meses después de que el equipo de gobierno de PP y Cs anunciara una moratoria de seis meses para este tipo de establecimientos a la espera de que los gobiernos de Aragón y/o de España marquen nuevas normas para este sector. Aunque, visto lo visto, esa iniciativa no se acaba de materializar en la práctica en una suspensión de los permisos.

La concesión de la licencia de apertura llega también después de que el pleno del consistorio aprobara por unanimidad en diciembre una moción de Podemos-Equo para establecer una "moratoria de un mínimo de seis meses en el ayuntamiento para no responder nuevas peticiones de licencia hasta que haya un cambio normativo local y autonómico".

La aprobación, que llega tres meses después de que tanto el consistorio como la comunidad legalizaran otro local que llevaba cinco años funcionando sin tener todos los permisos, fue denunciada por el grupo municipal de Podemos-Equo, cuyo portavoz, Fernando Rivarés, llamó la atención sobre cómo este tipo de locales comienza a combinar las licencias de juego con otras de cafetería, lo que "les permite ampliar el horario de apertura" en "una triquiñuela legal que el ayuntamiento no está frenando".

Un negocio que crece pese a la moratoria

En este caso, "el local ya funciona en la actualidad como salón de juegos y con esta concesión se va a instalar una cafetería con máquinas tragaperras y de apuestas, transformándolo en un minicasino", explicó Rivarés, que reclamó al equipo de gobierno de Jorge Azcón (PP) y Sara Fernández (Cs) “que se nos mostrara el decreto del alcalde para poner en marcha la moratoria en licencias a salones de juego. Nos tememos que no existe".

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, asegura por su parte que "la moratoria está vigente desde el 1 de enero" y que su aplicación "afecta a seis licencias en tramitación que están suspendidas", pero no a la autorizada este lunes porque se trata de "un procedimiento reglado, que no está afecto por la moratoria".

"No solo hemos impulsado la moratoria, que surge a propuesta mía como consejero, sino que en ningún caso se está incumpliendo", argumentó el concejal, que sostiene que la licencia de actividad del local fue concedida por "el gobierno anterior" en 2018 y que con la otorgada ayer "lo único que hace es comprobar si se cumplen o no las condiciones de la licencia".

"No estamos ni autorizando un nuevo salón de juegos ni haciendo nada que esté en contra de nuestra moratoria", dijo, aunque, en la práctica, la decisión municipal añade otro salón de juego a los 70 ya existentes en la ciudad, que se suman a los diez bingos, las cinco casas de apuestas y el casino y, por cercanía, a los 37 de las localidades del cinturón.

Esas 71 casas son más de la mitad de las 136 censadas en toda la comunidad. "La mayor concentración de estos establecimientos se da en barrios de rentas medias o bajas, como son San Pablo, San José, La Almozara, Las Fuentes, o Delicias", el cual "ocupa el primer puesto del ranking con 15 locales", denuncia CCOO, que estima que 4.400 ciudadanos padecen ludopatía en todo el territorio, en el que la densidad de estos locales llega a una por cada 11.000 vecinos, más de cinco veces por encima de la que se da en Catalunya.

"Se ha podido comprobar de forma directa y acreditada"

El Ayuntamiento de la capital no es la única administración de la comunidad que muestra una posición ambigua con el juego: el Justicia de Aragón, el equivalente autonómico del Defensor del Pueblo, anunció este lunes que ha abierto "un expediente de oficio por vía de urgencia ante la posible directa vulneración de derechos y el directo incumplimiento normativo", que se deriva de la existencia de anuncios de juegos de azar en eventos deportivos, pese a que una ley vigente los proscribe. Además, contempla duras sanciones, como multas de hasta 60.000 euros y la clausura del estadio por periodos de hasta cinco años, para quienes los difundan.

El Justicia ha reclamado a la Consejería de Cultura, que es la competente sobre esta materia, "información sobre las actuaciones o previsiones" que haya realizado sobre este asunto después de que, en los últimos meses, durante los trabajos de elaboración de un informe sobre los juegos de azar y sus efectos en la sociedad aragonesa, "se ha podido comprobar de forma directa y acreditada la existencia de publicidad en instalaciones y eventos deportivos".

Concretamente, el ombusdman aragonés relata la presencia de publicidad de apuestas deportivas "de forma pública y notoria en las competiciones profesionales de máximo nivel en fútbol y baloncesto" como la Liga Smartbabnk que disputan el Real Zazagoza y la SD Huesca; aunque no solo: también aparece en "competiciones y eventos de nivel autonómico o local, tanto en categorías absolutas como de menores. Dentro de estos, con un incumplimiento añadido de la Ley de Infancia y Adolescencia de Aragón, en el caso de los Juegos Deportivos en Edad Escolar", algo que "considera esta Institución como preocupante".

Un recurso retirado y una reforma no iniciada

El Gobierno central recurrió ante el Tribunal Constitucional los artículos de la Ley de la Actividad Física y el Deporte aragonesa en la que se regulaba el veto a "la inserción de publicidad de todo tipo de apuestas deportivas y de cualquier clase de negocio relacionado con la prostitución, en equipaciones, instalaciones, patrocinios o similares en cualquier tipo de competición, actividad o evento deportivo" y en "todas las categorías deportivas".

La Abogacía del Estado sostenía que la comunidad autónoma invadía con ese veto la competencia estatal sobre el juego online, que se ha convertido en uno de los principales inversores publicitarios del país y que es una de las vías clave para que Hacienda ingrese más de mil millones al año en impuestos vinculados a las apuestas, aunque los dos ejecutivos llegaron a un acuerdo político en la Comisión Bilateral por el que el presidido por Javier Lambán aceptaba restringir la aplicación del veto a los casos en los que "la entidad de que se trate tenga su domicilio social en Aragón y la competición, actividad o evento deportivo sea de ámbito local, provincial o autonómico aragonés"

Ese pacto excluye del veto a las principales entidades deportivas de la comunidad, como al Huesca y el Zaragoza de fútbol, el Casademont de baloncesto, el Bada Huesca de balonmano, el CAI Teruel de Voleibol o el Sala10 de fútbol sala, así como a sus visitantes, y también a competiciones como las copas federativas.
Sin embargo, ese acuerdo, debía materializarse mediante una reforma de la ley cuya tramitación ni siquiera ha comenzado en las Cortes, con lo que sigue estando vigente un texto original que, por otro lado, el Gobierno central ha perdido toda posibilidad de llevar de nuevo ante el Constitucional al haber vencido sus plazos.