La cara y la cruz de la futura ley para la protección de los menores en entornos digitales

El Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de ley para la protección de los menores en entornos digitales, liderado por el Ministerio de Juventud e Infancia. La norma nace con el objetivo de "fomentar un uso responsable de las tecnologías" y establece, entre otras medidas, un control parental obligatorio y gratuito en los aparatos electrónicos más utilizados, como los móviles y las tabletas. Las fuentes consultadas por Público coinciden a la hora de definir el texto como un "avance" y esperan que su tramitación parlamentaria dé respuesta a los "flecos sueltos" que este primer borrador todavía deja en el aire.

"Se trata de un compromiso por un gran acuerdo de país para proteger a los menores. El entorno digital es un espacio vital. Están en juego la salud, el bienestar y la seguridad de los niños y adolescentes", ha precisado Félix Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El titular de Justicia ha recordado que los niños españoles tienen su primer teléfono móvil a los 11 años, generalmente con acceso a Internet. El Ejecutivo tiene previsto aprobar la norma en el Congreso este otoño, después de recibir el informe del Comité de Expertos que encargó el departamento que dirige Sira Rego. Los ministerios de Justicia, Derechos Sociales y Transformación Digital también han participado en el proceso.

El anteproyecto reconoce por primera vez los derechos de los menores en los entornos digitales y establece sistemas de verificación de edad "efectivos y obligatorios" en Internet. "Es importante ponerle límites a la industria en la medida de lo posible. En teoría, los usuarios de menos de 14 años no pueden registrarse en casi ninguna red social, pero sabemos que esto se incumple de manera sistemática. Las plataformas tienen que ser más rigurosas y las familias tienen que implicarse y asumir responsabilidades", sugiere Maialen Garmendia, miembro de la red europea EU Kids Online y del grupo de expertos que asesoró al Gobierno.

La futura norma eleva hasta los 16 años la edad mínima de los usuarios para consentir el tratamiento de datos personales en los entornos digitales. Los móviles, las tabletas, los ordenadores y las televisiones inteligentes tendrán que contar de fábrica con un sistema de control parental gratuito y accesible. Los adultos podrán configurar esta herramienta una vez encendidos los dispositivos. "Las medidas contenidas en este anteproyecto son un primer paso esencial. En Internet no puede imperar la ley de la jungla", señala la ministra Sira Rego.

"Los padres no pueden prohibir algo que ellos utilizan de manera intensiva"

"Me parece interesante y adecuado que los dispositivos móviles cuenten con un sistema de control parental gratuito, aunque por sí mismo no evitará los riesgos de las redes. Es necesario abordar el problema teniendo en cuenta la formación y el acompañamiento de las familias, impulsando también medidas educativas, no solo tecnológicas", advierte María del Mar Sánchez Vera, profesora de didáctica y organización escolar en la Universidad de Murcia. El artículo 2 de la norma recoge el derecho de los jóvenes a recibir información suficiente sobre el uso y los peligros de las tecnologías y el acceso equitativo y efectivo a Internet.

La "consagración" de los derechos de la infancia

El anteproyecto presentado este martes en el Consejo de Ministros obliga a los poderes públicos a elaborar una estrategia nacional sobre la protección a la infancia y la adolescencia en el entorno digital, así como a impulsar campañas de sensibilización sobre los derechos de los jóvenes en Internet. "La norma consagra por primera vez el derecho de los menores a recibir protección frente a los contenidos digitales que puedan ser perjudiciales para su desarrollo. Nadie dejaría a un niño jugar en la playa durante horas sin protección solar. Es tan importante proteger a los menores de la exposición al sol como de las redes sociales", reivindica la ministra de Juventud e Infancia. 

Las empresas del sector tecnológico tendrán que asegurar que sus productos cuentan con sistemas de control parental activados por defecto, así como con un etiquetado informativo sobre sus riesgos. "El papel de los padres no puede limitarse a una herramienta automática, porque no es suficiente. El control tiene que estar más vinculado al acompañamiento de los menores. Los jóvenes son vulnerables, no tienen capacidad para decidir qué está bien y qué está mal. Es nuestra responsabilidad como adultos actuar aquí", subraya Lorena Casal Otero, profesora de pedagogía y miembro del grupo de investigación de tecnología educativa en la Universidad de Santiago de Compostela.

"Los padres juegan un papel fundamental, no pueden pedir un uso responsable de los dispositivos si luego se pasan el día conectados. Los niños no dejan de imitar los comportamientos que ven en casa. Los adultos tienen que ser consecuentes, no pueden prohibir algo que ellos utilizan de manera intensiva", argumenta Maialen Garmendia. Las expertas consultadas por Público valoran positivamente los "esfuerzos" del Ejecutivo, pero insisten en la importancia de "alfabetizar" a los menores para que puedan disfrutar de una navegación más segura. 

"El control parental por sí mismo no evitará los riesgos de las redes"

Las mismas fuentes recalcan que las competencias digitales forman parte del currículum educativo de los colegios e institutos españoles desde hace casi dos décadas, por eso instan a las autoridades a "profundizar" y "ver de qué manera se está trabajando" en las aulas.  "Tenemos un problema y es que muchos asuntos todavía se abordan con ojos de adulto. Hace falta ponerse en el cuerpo de los menores. El control parental está bien, pero si los padres no saben qué consumen sus hijos y qué ven en TikTok, ¿de qué sirve?", se pregunta Esther Martínez Pastor, catedrática de Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Rey Juan Carlos.

El anteproyecto también incluye medidas para el fomento de la detección precoz, la prevención y la atención de menores con patologías asociadas al mal uso de los dispositivos. "Este punto ha generado debate en el ámbito científico, porque no hay consenso. Por un lado están los estudios que hablan de adicción y por otro los que lo tratan como un problema de comportamiento. La propuesta puede suponer la medicalización de algo que requiere de una estrategia más global y multidimensional", cuestiona María del Mar Sánchez Vera.

La futura norma también marca una serie de compromisos para los influencers, que tendrán que "avisar de forma inequívoca" siempre que el contenido que están difundiendo pueda ser perjudicial para el desarrollo físico, mental o moral de los adolescentes. "La curva de riesgos vinculada al uso inadecuado de las tecnologías aumenta cuando los jóvenes están desprotegidos, sobre todo en aspectos relacionados con el juego, la dismorfia y los filtros de belleza", añade Lorena Casal Otero. 

El anuncio de la nueva ley para la protección de los menores en entornos digitales coincide en el tiempo con la entrada en vigor de los cambios que Elon Musk prepara para X –antes Twitter–. El magnate ha confirmado que permitirá la difusión de imágenes y vídeos pornográficos en la plataforma, aunque solo para los usuarios de más de 18 años. "El anteproyecto del Gobierno demuestra que existe cierta sensibilización, las instituciones se han dado cuenta de la necesidad de actuar. Es un primer paso, pero no puede quedarse aquí, tiene que ser más ambicioso", concluyen las expertas.