El cáñamo industrial, la planta del cannabis sin componentes psicoactivos utilizada para la producción de fibra, grano, biomasa, papel y otra gran variedad de productos, también sufre en España la falta de una regulación que facilite su uso. La superficie de cultivo acreditado se ha multiplicado por ocho en los últimos cinco años y supera las 500 hectáreas, según los datos del Fondo Español de Garantía Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Pero, al mismo tiempo, se han incrementado las intervenciones policiales y los procesos judiciales contra los agricultores de esas plantaciones bajo la acusación de que muchos de ellos comercializan también las flores, los cogollos, que las autoridades de este país consideran una sustancia estupefaciente.

Las intervenciones se suceden en toda España, fundamentalmente en el sur, donde prolifera el cultivo de invernadero. Una de las últimas se ha registrado esta misma semana en Zafarraya, un pueblo de la provincia de Granada, en el que la Guardia Civil se ha incautado de 2,8 toneladas de cannabis. El cuerpo informó de que la operación se produjo tras descubrir que el propietario de una plantación de cáñamo industrial, amparándose en que tenía autorización para la siembra y cultivo para la producción textil, tenía 2.800 kilos de cogollos almacenados sin disponer de la licencia de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), el órgano competente del Ministerio de Sanidad para permitir el uso de las flores con fines de producción medicinal o de investigación.

El lío legal que rodea al cáñamo y la creciente expansión de su cultivo obligó al Ministerio de Agricultura a emitir una nota informativa el pasado mes de abril para explicar a los agricultores las condiciones de la producción de esta planta y advertirles de los ilícitos en los que pueden incurrir. En la nota, elaborada en colaboración con las comunidades autónomas, la AEMPS y la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, se precisa que es necesario utilizar semillas de variedades inscritas en el catálogo de la UE, que sólo se puede destinar a la obtención de grano, fibra o semillas, y que las sumidades floridas, más conocidas como cogollos, son consideradas estupefacientes, por lo que no pueden ser destinadas a ninguna finalidad, tampoco a la extracción del CBD, componente del cannabis utilizado con fines médicos y cosméticos, salvo que lo autorice la Agencia de Medicamentos.

Posteriormente, en junio, la Fiscalía Especial Antidroga redactó una instrucción ante la consulta elevada por los fiscales delegados de Andalucía, en la que estos exponían la diferencia de criterios frente a la problemática surgida por la proliferación de plantaciones de cannabis supuestamente destinadas a fines industriales y/o medicinales, pero que en determinados supuestos implican una extracción y distribución de cogollos u obtención de CBD, "actividades que deben considerarse prohibidas", señalan. Los fiscales andaluces advertían de que en algunas provincias, especialmente Almería, se estaban siguiendo procedimientos penales contra ese tipo de plantaciones, independientemente del grado de concentración de THC (componente psicoactivo) de los cogollos, mientras que en Sevilla y Granada sólo lo hacían si superaban un porcentaje del 0,2.

La Fiscalía Antidroga respondió que, en el caso de las plantaciones para uso industrial, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado deben comprobar, además del registro de los cultivos y las autorizaciones pertinentes, que no se ha realizado ninguna actividad de tráfico de las partes de la planta incluidas en el Convención Única de Naciones Unidas de 1961, integrada en España por la Ley 17/1967, que establece que las sumidades floridas tienen la consideración de estupefacientes, independientemente de la proporción de THC que contengan.

Sin embargo, el criterio de las autoridades españolas sobre la determinación de la legalidad del cáñamo industrial no siempre ha sido el mismo. Por ejemplo, el Real Decreto 1729 de 1999 sobre concesión de ayudas al lino textil y el cáñamo dispone que las comunidades autónomas deberán comprobar el nivel medio de THC de la variedad cultivada y verificar que no supera el mínimo permitido. Y en una respuesta a una consulta judicial, la AEMPS afirmó en 2004, según ha podido comprobar este periódico, que una concentración del 0,2 o inferior de THC "no debe considerarse incluida en las Listas I y IV del Convenio sobre sustancias estupefacientes", y, por tanto, no debe ser fiscalizada y perseguida.

"Una confusión generalizada"

El abogado Bernardo Soriano, también portavoz de la organización Regulación Responsable, ha llevado con su bufete más de una decena de casos de agricultores de cáñamo industrial de diferentes comunidades que han sido procesados penalmente por un presunto delito contra la salud pública después de haber inscrito sus plantaciones en los correspondientes registros autonómicos, tal como exige la normativa. "Se ha creado una confusión generalizada que está metiendo en prisión a gente que tenía plantas con menos de un 0,2 de THC. Es una tragedia lo que está pasando", dice.

Su último caso es significativo. Dos hombres que habían plantado cáñamo industrial en un terreno de Mallorca, que habían registrado el cultivo en la administración balear y que habían informado al Cuerpo Nacional de Policía de ese hecho, fueron detenidos hace dos semanas y enviados a prisión de forma preventiva tras la intervención de un millar de plantas. Este viernes, sin embargo, la juez les ha dejado en libertad a la espera de lo que determine la instrucción del caso. Lo llamativo, a juicio de Soriano, es que la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Policía (UDYCO) encargada de este asunto señalase en sus diligencias que habían tenido conocimiento, a través de "colaboradores habituales", "fuentes anónimas" y de su investigación policial, de la existencia de un cultivo, secado y procesado de marihuana en la finca, cuando los propios responsables de esa finca, según consta en un correo electrónico, se lo habían notificado a la misma Policía en julio de 2020, tal como aconseja el Ministerio de Agricultura que se haga cuando se planta cáñamo industrial. "En caso de necesitar algún dato más, incluso una reunión en la propia finca para ver el cultivo o lo que ustedes consideren, no duden en contactar con nosotros. Le facilito mi número de teléfono", le dicen en el correo a la Policía los cultivadores que ahora están en prisión.

Pero mientras el caso de Palma ha acabado, de momento, en prisión preventiva con un procedimiento penal, otros hechos similares se han resuelto por la vía administrativa, como el de un cultivo de cáñamo en la provincia de Cádiz cuya denuncia fue remitida por la Subdelegación del Gobierno a la AEMPS, organismo que propuso el pasado mes de enero imponer a sus responsables una sanción económica por carecer de su autorización para una producción en la que se utilizaban flores de cannabis. "Todo este lío se solucionaría si fueran rigurosos con este tema, si Agricultura le dijese, por ejemplo, a la Agencia de Medicamentos que dejase de entrometerse en los temas agrícolas, que por debajo del 0,2 no es fiscalizable y que no se sigan como procedimientos penales lo que sólo pueden ser temas administrativos", señala Bernardo Soriano.

En Portugal quieren la producción de los agricultores españoles

Y mientras las administraciones disponen y los abogados pleitean, los agricultores intentan salir adelante en medio de un mar proceloso. Daniel Fernández, socio fundador de la Asociación Gallega del Cáñamo, ahora embarcado en el proyecto Corazón Vegetal, considera que en España se está haciendo una interpretación legal muy restrictiva que dificulta el desarrollo de esta industria, lo que motiva, por ejemplo, que desde Portugal una compañía como The Hemp Clinic anime a los productores españoles a llevar allí su producción con este anuncio que figura en su web: "debido a las limitaciones destacadas a las que se enfrentan los agricultores de cáñamo en España, The Hemp Clinic puede ahora ayudar a los agricultores españoles a obtener el producto final que siempre quisieron, procesando las plantas en nuestras instalaciones de Portugal y también en las nuevas instalaciones en Gibraltar estimadas para 2022".

A juicio de Daniel Fernández, hay que diferenciar la vertiente hortícola del cáñamo, la que se refiere a la producción específica de flores, que es la que está generando ahora más problemas legales, de la agrícola, enfocada a la fibra, granos y otros muchos productos. "Hay un desconocimiento enorme en España sobre este tema y un desinterés de la Administración, que no ha considerado que esto sea una prioridad", dice. Todo esto genera al final, a su entender, que no haya una industria, que haya poca gente cultivando para producir fibra y grano, para biomasa, porque no se ha facilitado que sea un negocio competitivo, mientras que en Francia ya constituye un gran sector, con unas 50.000 hectáreas de cultivo, que abastece incluso a la industria del automóvil para la fabricación de paneles interiores o aislantes.

Francia es la gran potencia europea del sector, tal como señala la Asociación Europea del Cáñamo Industrial, EIHA, el lobby europeo que representa a organizaciones de 25 países de la UE y otros 12 estados. Lo es desde que resistió, junto a algunos países de la órbita de la Unión Soviética, a la invasión de las fibras sintéticas que en la década de 1950 arrasaron con el cáñamo para la producción de fibras naturales. Según la EIHA, actualmente hay unas 50.000 hectáreas cultivadas en toda la UE y, aunque no ha desbloqueado todo el potencial de esta producción, ha registrado un aumento considerable en los últimos años, con un incremento del 70% entre 2013 y 2018.

La Asociación Europea destaca, además, los grandes beneficios ambientales que proporciona este cultivo, que logra una absorción de entre 9 y 13 toneladas de CO2 por hectárea, estabiliza la erosión, agrega nutrientes al suelo, elimina de forma natural los metales pesados, aumenta el rendimiento de cultivos posteriores, ahorra agua con un 75% menos de gasto hídrico que el algodón y ayuda a reducir la deforestación porque es una fuente sostenible de celulosa para la fabricación de papel. El Parlamento europeo ya le ha hecho algo de caso al haber aprobado en octubre del año pasado aumentar del 0,2 al 0,3 el porcentaje de THC autorizado para el cáñamo industrial dentro de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC).

La experiencia del Polo Tecnológico en Extremadura

España cuenta con un Polo Tecnológico del Cáñamo en Extremadura, en el que participan 25 entidades públicas y privadas de todo el país, entre ellas universidades, empresas de I+D y productores, para desarrollar este sector en nuestro país. José Luis Llerena, director del Centro Tecnológico Agroalimentario Extremadura (CTAEX), del que depende el Polo Tecnológico, se lamenta, sin embargo, de que este sector no avanza en nuestro país porque sigue sin armonizarse una regulación en torno a toda la actividad de la planta. "En Extremadura –explica- queremos que el cáñamo sirva también para producir una industria farmacéutica, cosmética, que genere valor añadido. Pero nos enfrentamos a una paradoja: es un cultivo del que se aprovecha todo, pero la legislación española impide que las flores se manipulen, mientras a siete kilómetros de aquí (Badajoz), en Portugal, hay un gran invernadero de cáñamo medicinal, porque allí le han dado un impulso y sí lo permiten".

A juicio de Llerena, entre los agricultores hay miedo, incertidumbre, por la situación legal de un cultivo que podría tener mucho recorrido, generar empleo y favorecer la protección del medio ambiente. "España está perdiendo una oportunidad –afirma el responsable del CTAEX-. Habría que dejar de considerar que toda la planta es estupefaciente, cambiar el índice de THC permitido y facilitar que en la nueva PAC se incluya el cáñamo dentro de la rotación de cultivos. Podemos montar una industria súper sostenible a partir de la fibra de cáñamo. Hay muchas posibilidades, en la construcción, en la cosmética…"

Sin embargo, los muros legales continúan siendo muy altos. Xaquin Costa, ingeniero agrónomo y CEO de Dana Agronomics, está teniendo este año mucho trabajo como perito judicial para la elaboración de informes en los casos de intervenciones de cáñamo industrial. Ya ha intervenido en una docena de asuntos, que él califica como "sangrantes" por las repercusiones que tienen para los responsables de los cultivos, muchos de ellos en prisión.

A su entender, las autoridades se encuentran ahora con que, a raíz del boom de los productos de CBD, los cultivos de cáñamo se parecen cada vez más a los de marihuana lo que hace difícil distinguirlos sin un análisis de laboratorio, y para llevar a cabo su intervención se basan, además, en una norma muy desactualizada, la Ley de Estupefacientes de 1967. A ello se añade, dice, que la AEMPS interpreta de manera literal la Convención de 1961 que cataloga como drogas las sumidades floridas, con independencia del índice de THC que tengan, lo que puede terminar con un proceso penal por un delito contra la salud pública.

Los análisis en el laboratorio, los informes periciales, son los que luego pueden demostrar que el cáñamo intervenido no es un producto psicoactivo, al tener una proporción inferior al 0,2 de THC, según Xaquin Costa. Su informe sirvió en una intervención de flores de cáñamo en Barcelona para que absolviesen al acusado y para que en el caso de Palma de Mallorca mencionado anteriormente la juez haya puesto en libertad a los dos detenidos, pero él tiene claro que, al final, la suerte del procesado dependerá siempre de la interpretación que haga el juez del lío normativo que rodea a este producto. "España está perdiendo un tren muy interesante, porque aquí podríamos ser una potencia productora de cáñamo industrial, por el saber hacer que tenemos, por los emprendedores que hay", se lamenta este ingeniero y perito judicial

Héctor Brotons, otro abogado especializado que ha llevado casos de intervención de cáñamo industrial, considera que su situación legal en España "es compleja, como todo lo que tiene que ver con el cannabis". Al respecto, apunta que en los textos internacionales se excluye de la fiscalización el uso industrial u ornamental del cannabis, y en los anexos de los convenios se establece que el fin industrial no se refiere exclusivamente a la fibra o la semilla, en contra de lo que dice la Agencia Española de Medicamentos.

"Nosotros entendemos –añade Brotons- que lo determinante es el nivel de THC. Algo para que se considere droga tiene que colocar y el cáñamo industrial, por muchas más vueltas que le des, no coloca y, por tanto, no se le pueden atribuir las cualidades que son propias de una droga. Entendemos que cualquier fin distinto a la calificación de droga, que podría ser industrial u hortícola, que podrían ser muchos, por ejemplo la producción de flores ornamentales, no está fiscalizado. Otra cosa es que pueda haber otra norma que le afecte. Y entendemos así que lo procedente para determinar qué está fiscalizado o no como droga es la aplicación del índice de psicoactividad, porque el CBD no sólo no tiene efectos adictivos ni tóxicos como ha declarado en varias ocasiones la Organización Mundial de la Salud, sino que inhibe los efectos del THC".

A juicio de este abogado, en España lo que hace falta es una regulación que aporte seguridad jurídica y no que se aplique un criterio tan restrictivo como el de considerar como estupefaciente las sumidades floridas de la planta, con independencia de su nivel de psicoactividad.