El Gobierno está poniendo en Canarias los cimientos de un nuevo modelo migratorio que todavía está por definir, pero se sigue retrasando ese "inminente" traslado de los migrantes a los grandes campamentos que el ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, anunció hace tres semanas en rueda de prensa junto al presidente canario, Ángel Víctor Torres.

Del llamado "Plan Canarias", con el que Escrivá intentará hacer frente a la mayor crisis de acogida de migrantes desde la del 2006, se conocen los lugares (terrenos y edificios cedidos en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura), el número de plazas (7.000 en una primera fase con carpas y 6.500 en una segunda en edificios acondicionados), y la inversión (43 millones de euros). Pero aún no se saben las fechas en las que empezarán a acoger a las de personas llegadas durante los últimos meses, unas 14.000 solo en octubre y noviembre. Es un escenario de acogida provisional en régimen abierto, pero indefinido y a gran escala; un modelo que todavía no se ha visto en España y que recuerda a lo ejecutado en otras islas frontera de la Unión Europea como Lesbos, en Grecia, o Lampedusa, en Italia.

Después de un noviembre que marcó el récord histórico de llegadas de personas migrantes en cayucos y pateras a las islas, con alrededor de 8.000 personas, según el Ministerio del Interior, las primeras dos semanas de diciembre han dado un respiro en el que se ha logrado desmantelar el muelle de Arguineguín en Gran Canaria, donde se llegó a retener durante días a hasta 2.300 personas recién rescatadas en el mar, y se ha puesto en marcha el CATE de Barranco Seco, que ha sustituido al llamado "muelle de la vergüenza".

La empresa pública Tragsa realiza a contrarreloj las obras de acondicionamiento en los siete emplazamientos cedidos a Migraciones, aunque el trabajo y la logística que implican lo convierten en "un reto enorme", según afirmó Escrivá hace tres semanas. "Los campamentos no son deseables, son transitorios, pero es a lo que podemos aspirar ahora", dijo el Ministro, que confía en que a lo largo del año que viene se pase de las carpas en exteriores a alojamientos en edificios que ahora se tienen que rehabilitar.

Hay que montar las carpas, aplanar y desbrozar terrenos, asegurar suministros, instalar duchas y un largo etcétera para que el ha contado con asesoramiento y evaluación de técnicos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que ya han realizado trabajos similares en Grecia, reconoce este organismo. Está por definir el papel de la OIM en Canarias, aunque desde enero habrá allí un técnico permanente para "recabar información, estudiar perfiles, realizar cuestionarios a los migrantes y estudiar necesidades", explican a Público desde la oficina en Madrid. Desde Migraciones tampoco precisan por el momento si tendrá alguna otra función en los centros que se construyen ahora a destajo. 

La pregunta que no responde por el momento ningún ministerio ni organización es qué va a ocurrir con estas miles de personas una vez que se alojen en los campamentos, sobre todo, para los perfiles que no reúnen los requisitos para solicitar asilo o protección internacional en España. Nadie sabe cuánto tiempo implica la palabra "temporal" ni qué escenario es el siguiente. No se habla abiertamente de futuras deportaciones, aunque están sobre la mesa en las declaraciones de varios Ministerios, en sus visitas oficiales a países de origen y en la agenda migratoria europea.

Los siete emplazamientos

El campamento más avanzado, según la Secretaría de Estado de Migraciones, es el antiguo Colegio León, en la barriada El Lasso de Las Palmas de Gran Canaria. Se estima que podrá albergar a 300 personas "en los próximos días" y a otras 400 en una segunda fase con alojamientos "bajo techo" y no en carpas en el patio, puntualizó el ministro. Ya en octubre generó polémica en el barrio, con una alta tasa de desempleo y sin apenas servicios públicos, pero todavía sigue sin alojar a nadie.

En la misma ciudad también se trabaja en una nave en el puerto cedida por Bankia, con capacidad inicial de 550 plazas, y las antiguas instalaciones de Canarias 50, con capacidad para 650.En Fuerteventura también se han iniciado los trabajos en el acuartelamiento El Matorral, unas instalaciones cedidas durante tres años por el Ministerio de Defensa. Allí se prevé alojar próximamente a 700 personas en carpas de emergencia y otras 700 a lo largo del año en mejores condiciones.

Otras cesiones de Defensa son dos viejos cuarteles —Las Raíces y Las Canteras—donde se alojarán más de 3.000 personas, en el municipio de La Laguna, en Tenerife. Allí, los trabajos continúan, según Migraciones, a pesar de que el Ayuntamiento los paralizó hace dos semanas por falta de autorización urbanística y por tener un "uso no previsto y no compatible con la ordenación del municipio". Un problema con el que ya se ha encontrado el Gobierno en otros municipios canarios durante este año, aunque mucho antes de que reconociera públicamente que la situación migratoria había desbordado sus capacidades.

"Todavía no se nos ha concretado la fecha de apertura ni el número de plazas que asumiríamos ni en qué lugares", asegura a Púbico José Javier Sánchez, subdirector de Inclusión Social de Cruz Roja, la organización que se encarga en solitario hasta ahora de la acogida de emergencia en las islas. También están por definir el nivel de intervención y las actividades y servicios que llevarán a cabo en los centros que gestionen, aunque insiste en que "es inminente" y que cuentan con estar operativos en los primeros centros "en cuestión de una o dos semanas".

Presión para que acabe la acogida en hoteles

Mientras tanto, unas 9.000 personas, según Cruz Roja, están acogidas en los recursos que se han ido improvisando durante estos meses en los que han llegado unas 20.000. Casi 7.000 siguen alojadas en complejos y establecimientos turísticos que la pandemia mantiene vacíos, pero el 31 de diciembre finalizan la mayoría de los contratos de estas plazas hoteleras.

Los episodios de tensión frente a estos establecimientos, como el registrado este fin de semana en Mogán (Gran Canaria), vienen precedidos de manifestaciones y discursos políticos a caballo entre el populismo y la xenofobia, vinculando esta situación con la ausencia de turistas, el motor económico de las islas.

Onalia Bueno, alcaldesa del municipio grancanario de Mogán (20.000 habitantes), donde se ubica el muelle de Arguineguín, ya amenazó en noviembre a las empresas hoteleras con posibles sanciones de hasta 300.000 euros si continúan alojando a migrantes a partir del 1 de enero. Se basa en Ley de Renovación Turística de Canarias, que sanciona expresamente cualquier otro uso que no sea turístico en estos complejos. En 11 hoteles y apartamentos turísticos del pueblo se alojan 3.400 personas migrantes, incluidos menores no acompañados, precisa la alcaldesa.

"Este ultimátum es una forma de que el Gobierno acelere los trabajos. Hay que dar pasos así porque, si no, no se mueven", señala Bueno a Público. La edil insiste en que esta situación "genera un daño irreparable" al turismo. "Nuestra imagen en el exterior se resiente por las noticias y las imágenes que llegan por redes sociales. Muchos de los cuatros millones de turistas fieles que nos visitan cada año ven con bastante recelo volver si están aquí los inmigrantes", dice. También arguye la "sensación de inseguridad" que se ha generado en su municipio en estos meses. Y su posición ha encontrado cierto respaldo en el Ayuntamiento de la vecina San Bartolomé de Tirajana y en la Confederación Canaria de Empresarios (CCE).

Pero parece seguro que no todos los campamentos estarán listos para la fecha que ha puesto Bueno como límite. "El 31 de diciembre no va a pasar nada", ni salida de todos los migrantes de los hoteles ni multas a las empresas, aventura Tom Smulders, vicepresidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEDHT) de las Palmas de Gran Canaria. "La alcaldesa ha vivido esta crisis en primera línea, es comprensible y está en su derecho de denunciar, luego habrá que ver si procede", sentencia.

Sin embargo, Smulders tiene claro que "ningún empresario en su sano juicio va a mandar a cientos de personas a la calle de repente". Considera que "las promesas no se han cumplido" y que "se ha estado mucho tiempo de brazos cruzados" ante la situación, pero también pone en valor que este uso de los recursos hoteleros ha "ayudado a muchos empresarios a salvar el pellejo". "Los turistas han dejado de venir por el virus, no por los inmigrantes. No creo que los turistas que vienen de  Berlín, Londres o Ámsterdam tengan problemas por ver inmigrantes aquí", enfatiza. "Los empresarios somos los primeros interesados en que esta situación se acabe cuanto antes. Siempre hemos dicho que tiene que ser algo temporal, pero confiamos en que los campamentos estén listos pronto", añade.

Desde la Secretaría de Estado de Migraciones aseguran a este diario que "ninguna persona migrante va a quedar sin acogida hasta el momento en que las instalaciones se desplieguen" y subrayan que ningún hotel se ha mostrado contrario a seguir alojando a migrantes hasta ese momento.