O el Gobierno toma medidas más restrictivas contra la contaminación, o España deberá enfrentarse a la justicia europea. Este es el mensaje lanzado este martes por la Comisión Europea, que ha puesto a España contra las cuerdas por sus altos niveles de polución atmosférica.

Nuestro país ha sido uno de los nueve estados citados este martes a una reunión de emergencia y a puerta cerrada convocada por la Comisión Europea por el incumplimiento reiterado de la normativa comunitaria de calidad del aire, una severa reprimenda que pretende apremiar a España, Alemania, República Checa, Francia, Italia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Reino Unido a tomar medidas urgentes antes de que Bruselas termine llevando estas irregularidades ante el Tribunal de Justicia de la UE.

El comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, ha exigido a los países durante el encuentro que expliquen qué medidas están tomando para reducir la polución en sus territorios, pero al finalizar ha advertido de que “no son suficientes” y ha dado de plazo hasta el próximo lunes 5 de febrero para recibir las nuevas propuestas, que deberán incluir acciones que permitan cumplir con la normativa de aquí a 2020.

“Ha habido algunas sugerencias positivas” -ha reconocido Vella, que no ha querido referirse a casos concretos- “pero tengo que decir que, a primera vista, no son suficientes para cambiar la fotografía global. Sin nuevas y efectivas medidas, en muchos casos los estándares de calidad del aire seguirán superándose mucho más allá de 2020".

Limitar el tráfico

El ultimátum de Bruselas obliga ahora al Gobierno, muy crítico con los protocolos más restrictivos como el del Ayuntamiento de Madrid, a tomar en seria consideración las limitaciones al tráfico, puesto que ese es el esencial foco del problema y la única solución efectiva contra el aire sucio de las grandes urbes. Las advertencias que ha recibido España se centran sobre todo en dos ciudades, Madrid y Barcelona, por violar reiteradamente los límites legales de dióxido de nitrógeno (NO2) –un contaminante provocado directamente por los motores diésel de los coches- desde que se aprobó la normativa en 2010.

Aunque la ley en España ha derivado las competencias en materia de calidad del aire a las comunidades autónomas y en algunos casos a los ayuntamientos, es el Estado quien debe rendir cuentas ante la Unión Europea; y por lo tanto el último responsable –y el primer interesado- en lograr que las administraciones alcancen los mínimos legales.

La secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, que ha acudido a la reunión en lugar de la ministra Isabel García Tejerina, ha confiado en que la Comisión “tenga en cuenta las medidas que está tomando España” para evitar sanciones futuras, pero lo cierto es que, desde los primeros procedimientos de infracción abiertos a nuestro país hace años, sólo Madrid ha ido en la línea de las exigencias de la UE.

El último Plan Nacional de Calidad del Aire aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente para los próximos dos años no contempla medidas concretas en este sentido y aunque es cierto que en 2016 España logró reducir sus índices de contaminación, lo hizo principalmente debido a unas condiciones meteorológicas favorables y no a acciones estructurales. La resistencia del Gobierno y del PP a limitar el uso de los vehículos ha sido enorme.

Las medidas más efectivas que España ha presentado ante Bruselas este martes han sido precisamente las de la ciudad de Madrid, la única que cuenta por ahora con un protocolo que impone restricciones a la circulación, al aparcamiento y a la velocidad de los vehículos y que sin embargo generó sonadas críticas por parte de los conservadores –Cristina Cifuentes llegó a tachar la medida de exagerada para unos niveles de polución “que entran dentro de la normalidad”-.

El plan del consistorio de Manuela Carmena, aunque insuficiente para devolver unos niveles de calidad del aire saludables para la ciudad, ha sido notable en la reducción de la contaminación: en la Gran Vía la polución disminuyó un 26% durante las últimas navidades, llegando a su menor nivel histórico en esas fechas. El Ayuntamiento, no obstante, tiene previsto endurecerlo.

También están bajo el punto de mira de la UE, aunque en menor grado, áreas de Andalucía, Asturias y, de nuevo, Barcelona, por rebasar niveles legales establecidos para las partículas en suspensión PM10, las más peligrosas para la salud.

La Comisión Europea ha recordado que 400.000 ciudadanos han muerto prematuramente en la UE como consecuencia de una mala calidad del aire y que millones de personas padecen enfermedades respiratorias y cardiovasculares provocadas por la contaminación.