El Gobierno se ha comprometido con la presentación del anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 a impulsar una ley de vivienda que establezca mecanismos de contención y bajada de precios en zonas de mercado tensionado. El ejecutivo se ha puesto un plazo de tres meses para sacar adelante la normativa. Esta regulación de la futura Ley de Vivienda, que ha sido uno de los puntos más complicados de la negociación entre Unidas Podemos y el PSOE, ha recibido críticas de grandes portales de alquiler, compra y venta de inmuebles como Fotocasa, Idealista o Pisos.com. 

Fotocasa considera que establecer un control en los precios de las viviendas puede provocar una considerable reducción en la oferta del alquiler. Aunque aseguran "aplaudir" que el ejecutivo "se centre en solucionar una problemática tan importante como es el precio de la vivienda en alquiler", el portal ha explicado que la regulación de precios puede perjudicar a los particulares, que son los que "tienen buena parte de la oferta de la vivienda" en España. Fotocasa apuesta, por su parte, por proporcionar "incentivos y ayudas" a los arrendadores.  La futura norma, explican, "puede hacer que a la larga muchos propietarios decidan poner sus viviendas en régimen de venta y no de alquiler si la regulación de precios es muy restrictiva".

En la misma línea, Idealista ha comunicado que debe dejarse de lado "cualquier política coercitiva o punitiva". Y apunta a la necesidad de solucionar el problema incentivando el aumento de la oferta. El portal ha explicado que el aumento de la oferta de inmuebles en algunas zonas de Madrid o Barcelona está generando una tendencia de bajada de precios de las viviendas "sin ninguna intervención pública". 

El director de estudios del portal online Pisos.com, Ferran Font, también se ha mostrado en contra del control de rentas del alquiler y ha asegurado que esa "no es la solución". Al igual que Idealista, opina que los precios del mercado del alquiler se están reduciendo. Pese a esto, los propios portales han publicando estudios e informes que indican lo contrario. Según Fotocasa e InfoJobs, el precio del alquiler medio se ha incrementado en España alrededor de un 50% de media. Además, los españoles dedican de media un 40% de sus ingresos a hacer frente al pago de una vivienda de 80 metros. En el caso de Catalunya, el porcentaje asciende hasta el 56,5%, y en la Comunidad de Madrid se sitúa en el 55,7%. La ONU recomienda que los ingresos destinados a vivienda no superen el 30%

Los sindicatos de inquilinos, a favor de la futura normativa

Mientras tanto, gran parte de la sociedad civil considera que es imprescindible establecer una regulación en los alquileres aspirando a un modelo similar al de Catalunya y su Ley de Regulación de Alquileres. Más de 9.000 asociaciones promovieron recientemente un manifiesto para solicitar al Gobierno la necesidad de legislar en esta materia para "contener los precios del arrendamiento". Asimismo, Javier Gil, portavoz del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid, aseguró a Público que contener los precios "es la única política que garantiza que no se vulnere el derecho a la vivienda a corto plazo", refiriéndose a aquellos que piden solucionar el problema mediante la construcción de vivienda pública para el alquiler. "Construir es para el largo plazo, necesitamos algo inmediato", aseguró. 

 El Sindicat de Llogateres ha celebrado el anuncio del ejecutivo en un comunicado. "Este acuerdo ha sido posible gracias a la presión constante de miles de personas organizadas en sindicatos de inquilinas del Estado". El sindicato sigue preocupado especialmente con los desahucios que se siguen produciendo por impago de alquiler y responsabilizan a los fondos buitres de este drama social. "En muchas grandes ciudades los fondos buitres siguen pidiendo subidas del 50% del alquiler mientras los ingresos de las familias caen en picado a causa de la pandemia. La regulación de los alquileres no puede esperar más".

También han celebrado que de esta forma la ley catalana quede no solo protegida, sino que también se abra la puerta a la posibilidad de que el resto de comunidades autónomas puedan aplicar normativas como esta.