Bullying Falta de prevención y opacidad: fallos de las instituciones ante el acoso escolar

Las lágrimas y las palabras de Quaden dieron la vuelta al mundo la semana pasada. El niño de nueve años le dijo a su madre que quería morir. Es una de las miles de víctimas de acoso escolar. Quaden, como muchos otros niños, no aguanta más el dolor que genera el bullying.

Los datos son alarmantes y empeoran con los años. Según los últimos datos oficiales de 2017, hasta 1.054 casos fueron denunciados. Un aumento de un 11,65% respecto al año anterior cuando se detectaron 944 casos. Otros informes como el último de Unicef se señaló que un 17% de los niños había manifestado ser víctima de acoso escolar. 

Las medidas que se toman para atajar este problema desde las instituciones están siendo insuficientes. Amnistía Internacional puso este viernes el foco sobre esto y desplegó un teléfono de disco gigante ante la puerta del ministerio de Educación. También llevaron objetos como cintas de VHS, de walkman o carretes de fotos. El objetivo era claro: denunciar que el actual servicio de atención telefónica de acoso escolar está obsoleto.

Durante su primer año de funcionamiento, este servicio recibió 25.366 llamadas. Según los datos del ministerio de Educación, sólo 7.508 fueron identificadas como posibles casos de acoso escolar. Sin embargo, sólo se informó a la inspección educativa de 278 de ellas, un 3,7% del total.

Pero los datos del segundo año de funcionamiento – noviembre de 2017 y octubre de 2018 – son muchos peores por el claro descenso de llamadas: el teléfono había recibió 12.799 llamadas, de las que 5.557 fueron identificadas como posibles casos de acoso. Aunque, según el ministerio, el descenso se debe a que "en ese intervalo de tiempo diversas comunidades autónomas pusieron a disposición de los menores sus propios teléfonos contra el acoso".

Sólo en el 7% de los casos que llamaron al servicio telefónico en 2018 eran víctimas de acoso escolar

Las cifras sorprenden, sobre todo, por las pocos casos que llegan a informarse a la inspección educativa. Este servicio lo externalizó Isabel Celaá y desde entonces se encarga de él la Fundación Anar. Entonces el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, explicó que se había eliminado la obligación de comunicar todos los casos a la inspección, aunque se estableció que el 100% de los casos deben ser derivados a distintas organizaciones: desde la Fiscalía de menores al centro educativo o las fuerzas de seguridad.

Las reclamaciones de Amnistía Internacional tienen que ver con esto: quieren que el ministerio garantice más transparencia y explique los criterios que se están siguiendo para hacer las derivaciones de los casos de acoso escolar, los protocolos que ha puesto en marcha y a qué tipo de servicios derivan los casos.

La otra gran reivindicación es el sistema complementario al servicio telefónico por el número tan bajo de víctimas que lo utilizan. Según los datos que explican desde la organización a Público, sólo el 4% de las llamadas de 2017 y el 7,7% de 2018 fueron realizadas por las propias víctimas, y alrededor del 1% fue de amigos o compañeros de clase del acosado. Esto creen que sucede por el poco uso que hacen los niños y los adolescentes de las llamadas telefónicas. 

"Pedimos a las autoridades que implementen medios complementarios para denunciar el acoso escolar, como las redes sociales, que garanticen el anonimato y sean fáciles de usar", explican desde la organización.

Por último, critican que no se está cumpliendo con el Plan Estratégico para combatir el acoso escolar: "El Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, que solamente existe de nombre, debería reunir información para realizar análisis, diagnósticos e intervenciones que puedan ser útiles para combatir el acoso escolar. Las formas no físicas de acoso, como los insultos, el hostigamiento y la exclusión social, incluido en las redes sociales, suelen pasar desapercibidas y no se documentan en los cauces oficiales", denuncian.