Bono Joven, ¿una ayuda para el alquiler o dinero público regalado a los propietarios?

A falta de llevar al Consejo de Ministros una ley de vivienda tan esperada como criticada, el Gobierno tiene previsto aprobar este martes el llamado Bono Joven para el alquiler. Se trata de una ayuda directa a inquilinos de entre 18 y 35 años que acrediten rentas de trabajo inferiores a los 23.725,8 euros al año.

En total, el Ejecutivo ha reservado 400 millones de euros para esta medida, a razón de 200 millones para cada año de vigencia. La ayuda será de 250 euros al mes que pueden compatibilizase con otras prestaciones del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025, que también se aprobará este martes y está dotado con 1.717 millones de euros en ayudas estatales a la vivienda. Según las primeras estimaciones, entre 40.000 y 50.000 personas se beneficiarán de esta iniciativa que seguía debatiéndose la tarde del lunes.

El objetivo del Bono Alquiler Joven es facilitar a este grupo poblacional "el acceso al disfrute de una vivienda digna y adecuada en régimen de alquiler". Una tarea nada sencilla para la mayoría de la juventud residente en España, marcada por el paro (29,2% en diciembre, según el SEPE), la temporalidad (54,7% en el primer semestre de 2021, 5,7 puntos más que el anterior, según Consejo de la Juventud de España) y los bajos salarios (1.207 euros brutos al mes fue el salario medio de los jóvenes de entre 16 y 29 años en 2020, según el INE).

Los menores de 30 deben destinar el 82% de sus ingresos si quieren vivir solos

Indicadores que, sumados a los elevados precios del alquiler, les obligan a destinar el 82% de sus ingresos si quieren vivir solos en una vivienda media, apunta el CJE. El resultado es uno de los índices de emancipación más bajos de los últimos 20 años, un 14,9%. Es decir, que menos de tres de cada 20 jóvenes es independiente en España.

"Subvencionas al rentismo"

Sin embargo, las dudas sobre la utilidad de esta política son numerosas. ¿Es una ayuda para hacer frente al alquiler o un regalo de dinero público para los propietarios que han llevado al límite los precios? Para Alejandro Inurrieta, doctor en economía por la Universidad Complutense de Madrid y expresidente de la Sociedad Pública del Alquiler, no hay duda de que este subsidio "aliviará y ayudará a miles de jóvenes" en una carga más que pesada. "Pero no es, ni mucho menos, la panacea", advierte, ya que es una medida "de apoyo limitado que debe complementar una política de vivienda en general", que todavía está por hacer.

"Es un dinero que al final acaba en el bolsillo de los propietarios", opina Javier Gil

Para los sindicatos de inquilinos, esta iniciativa ni siquiera puede considerarse una política de vivienda como tal y peca de "oportunismo" ante el retraso impuesto por el Consejo General del Poder Judicial a la ley de vivienda. "Es simple y llanamente una transferencia de dinero público al sector privado. Es un dinero que al final acaba en el bolsillo de los propietarios", considera Javier Gil, licenciado en Ciencias Políticas, doctor en Sociología y portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid. En otras palabras, "Son subvenciones públicas al rentismo. Hay personas que se van a beneficiar, pero el Estado les está ayudando a pagar alquileres abusivos. No solucionan el problema de base", argumenta.

Riesgo de un aumento de precios

En la misma línea argumenta Enric Aragonès Jové, del Sindicat de Llogateres de Catalunya, que desliza la preocupación de que el bono se convierta en un arma de doble filo y provoque un aumento de precios del alquiler. "Si un joven puede asumir hasta 500 euros de renta y, de repente, le dan 250 más, eso significa que puede asumir un precio de 750 euros, y los propietarios son conscientes", argumenta. Gil también lo ve probable, aunque matiza que el presupuesto y el alcance de la medida "no son tan grandes como para condicionar el mercado de forma general".

Un informe del Banco de España de 2020 ya ponía esta tesis sobre la mesa al analizar políticas similares en Alemania, Francia, Finlandia, Reino Unido, Holanda, Suecia o Estados Unidos. Concluía que las ayudas directas al alquiler y otros gastos tienen un "efecto potencialmente limitado" en el acceso a la vivienda, pero al mismo tiempo provoca una "trasferencia de rentas y de recursos públicos hacia los propietarios" cuando la oferta de vivienda en alquiler no aumenta, como es el caso de las grandes ciudades españolas.

Otro estudio realizado por Gabrielle Fack, profesora de Economía de la Universidad Dauphine de París e investigadora del Laboratoire d'Economie de Dauphine (LEDa), también confirma este efecto adverso en los subsidios directo de ayudas al alquiler en Francia. Este trabajo, publicado en 2006, concluye que, por cada euro público de una prestación de vivienda para el alquiler, el precio de la renta aumenta 78 céntimos, mientras que solo 22 céntimos quedan disponibles para el consumo del beneficiario. La medida francesa aumentó la demanda, pero no modificó la oferta de vivienda en alquiler, lo que sembraba dudas sobre su eficiencia.

Según Inurrieta, el riesgo de un alza de precios es real, aunque "discutible". Al menos para los inquilinos que ya tuvieran un contrato, la Ley de Arrendamiento Urbanos (LAU) ya prohíbe los aumentos anuales más allá del IPC durante la vigencia de los contratos, que es de cinco años (siete si el propietario es una empresa). "Puede hacer que suba el precio para los nuevos contratos, aunque el inquilino siempre puede rechazar ese alquiler en concreto", apunta el economista. "Ahora mismo, sin ley de vivienda que regule los precios, sin un mercado mínimamente controlado, un casero puede aumentar el precio con bono o sin bono", sentencia.

El problema, añade, es que será imposible saber si esto ocurre. "El principal problema del mercado de la vivienda en España es la falta de datos y de estadísticas. Hay un agujero negro total que ni siquiera se va a solucionar con la ley de vivienda que tiene que llegar", añade el experto, que participó en el diseño de la renta básica de emancipación que el Gobierno de Zapatero aplicó en 2009 y 2010. Llegó a más de 300.000 jóvenes de entre 22 y 29 años en plena crisis económica. No ayudó a aumentar la tasa de emancipación, pero sí alivió las cargas y mejoró la vida de los beneficiarios, según un análisis del Institute of Labor Economics realizado en 2012. Sobre su efecto en el precio del alquiler no hay ningún estudio que lo refleje.