El verano pasa casi desapercibido entre los trabajadores de Tubacex. Desde hace 185 días, sus vidas giran en torno a un reto que no conoce estaciones: salvar sus puestos de trabajo ante un ERE que implicaba la destrucción de 129 puestos de empleo. Empezaron un frío 11 de febrero en las plantas de esa empresa metalúrgica en la comarca alavesa de Ayala. Desde entonces, los antidisturbios de la Ertzaintza se han empleado a fondo contra los huelguistas.

"No somos criminales. Dejad de tratarnos como tal", reza el manifiesto dado a conocer en los últimos días por los trabajadores con el apoyo de un amplio número de vecinas y vecinos de esa comarca. "Su lucha –señalaban en la declaración– no es solo una lucha por Tubacex; están peleando por un futuro y un empleo digno para todas".

Cuando llevaban casi 150 días de huelga, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) decretó la nulidad del ERE: la empresa, que hoy tiene filiales en otros puntos del planeta, carecía –según dictaminaron los magistrados– de razones fundamentadas para tomar una medida de ese tipo y se saltaba además la "prohibición de despedir por problemas derivados de la crisis coyuntural de la COVID-19".

La dirección de la compañía metalúrgica presentó un recurso contra esa sentencia ante el Tribunal Supremo, al tiempo que anunció que pagaría los salarios de los trabajadores pero sin permitir su reincorporación a sus respectivos puestos, incumpliendo así lo ordenado por el TSJPV. Ante esa situación, el comité de empresa decidió mantener la huelga indefinida, que este sábado cumple 185 días. 

A lo largo de estos seis meses ha habido otro protagonista ajeno a la empresa y a los tribunales: el cuerpo de antidisturbios de la Ertzaintza. De acuerdo a los datos que maneja el comité de huelga, a día de hoy existen cinco personas –tres hombres y dos mujeres– con procedimientos penales abiertos bajo acusaciones de desobediencia y atentado a la autoridad.

No todos los casos se produjeron en las inmediaciones de los piquetes: de acuerdo a los datos recogidos por Público, una de las trabajadoras fue identificada y detenida a la salida de un supermercado. Otra de las detenciones se produjo fuera de los juzgados de Amurrio, durante una concentración en apoyo a otros tres encausados.  

"Exigimos a Interior que deje de tensionar el ambiente y retire la innecesaria presencia de los antidisturbios", señala el comunicado difundido hace unos días por un grupo de vecinos de la comarca. Los trabajadores tienen imágenes en las que se aprecia cómo los policías apuntaban contra los huelguistas con las armas que disparan proyectiles de foam.

Desde el comité de huelga denuncian que se han producido "decenas de contusiones en el marco de intervenciones policiales absolutamente demenciales". En los piquetes y movilizaciones llegaron a contabilizar cerca de 120 policías para actuar contra grupos de aproximadamente "entre 50 y 60 personas". 

Informaciones reservadas

El diputado de EH Bildu Julen Arzuaga ha formulado distintas preguntas escritas a la Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco para que explique las razones de esas intervenciones. "La Ertzaintza ha intervenido en el marco del conflicto laboral suscitado en las factorías de Tubacex de Amurrio y Laudio con el propósito de garantizar tanto el derecho a la huelga del personal que decide secundarla como el derecho del que decide no hacerlo", decía el consejero Josu Erkoreka en una respuesta enviada el pasado 24 de marzo. 

El área de Seguridad del Gobierno Vasco señaló que en una de las protestas realizadas en febrero pasado hubo 13 agentes heridos. Algunas semanas después, Arzuaga pidió los partes médicos para conocer el alcance de las lesiones. El Ejecutivo autonómico remitió la respuesta bajo el carácter de información reservada, por lo que no fue publicada en la base de datos del Parlamento Vasco.

Del mismo modo, tanto Arzuaga como el parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Jon Hernández han solicitado al Gobierno de Iñigo Urkullu que explique en qué consisten los protocolos de actuación de la Ertzaintza ante protestas laborales. El Departamento de Seguridad se ha negado a proporcionar tal información por tratarse, en este caso también, de documentación reservada.