Ayuso recorta el presupuesto de tres residencias públicas pese a que ya sabía que estaban infradotadas

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha sacado a concurso la gestión de tres residencias públicas con un recorte de cinco millones de euros respecto a las licitaciones anteriores, pese a que la propia Comunidad de Madrid reconoció en una orden del 27 de abril que existía un “desequilibrio económico” y que apremiaba renovarlo.

La nueva licitación supone, como consecuencia, una disminución de la plantilla y mantiene por debajo de la ratio exigida a especialidades como enfermería, fisioterapia, psicología, personal de limpieza o de cocina.

Tal y como ha denunciado CCOO, el centro de Parque de los Frailes (Leganés) pasa de disponer 15.357.617 euros a contar con 13.363.801. En Ensanche de Vallecas dispondrán de 10.386.825 euros, frente a los 10.978.775 del pasado concurso. Mirasierra, la que sufre mayor recorte, pasa de 14.895.993 a 12.306.401 euros.

Los nuevos pliegos tienen un plazo de ejecución de dos años, el mismo número de años que tenía el concurso anterior. La diferencia es que ahora el servicio se ofrecerá todavía con menos manos.

En el centro de Leganés, por ejemplo, hay 220 usuarios en la residencia y 40 en el centro de día. Ahora les atienden 62 gerocultoras en turnos de mañana, tarde y noche, pero el nuevo pliego recoge solo la contratación de 51 para residencia y siete para el centro de día.

Por su parte, en Mirasierra (220 residentes) que solía disponer de 60 gerocultoras, se quedan en 50. Mientras que los 45 usuarios en el centro de día pasan a ser atendidos por ocho gerocultoras.

CCOO Sanidad Madrid ha trasladado en una carta a la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales y al director general del Mayor su preocupación ante esta situación.

Asimismo, la organización ha expresado su sorpresa tras comprobar que la propia división de contratación de la Consejería reconocía en abril que el precio de los anteriores contratos “no cubría las necesidades reales de las empresas” y se inclinaba por convocar de “urgencia” una nueva licitación que permitiera disponer “lo antes posible de un contrato adaptado a la realidad de los costes del servicio”.