Durante las próximas semanas dará comienzo el nuevo curso 2023-24. La mayoría de niños y adolescentes regresarán a sus aulas y retomarán la rutina. Sin embargo, algunos se encontrarán con la sorpresa de que todavía no tienen un profesor asignado para que les impartan clase. Diferentes problemas en el nombramiento de los interinos han provocado retrasos que dificultarán abrir el calendario escolar con normalidad en algunas comunidades autónomas.

"Desgraciadamente, nos estamos acostumbrando a que cada año cuando empieza el curso no estén todos los profesores en las aulas. Esa es una realidad", lamenta Maribel Loranca, secretaria de Enseñanza de UGT-Servicios Públicos. Si bien es cierto que los problemas graves, tal y como ha explicado la representante sindical a Público, se han detectado en la Comunidad de Madrid y el País Valencià. 

En el caso de la comunidad que gobierna Carlos Mazón, este miércoles todavía había 10.000 profesores interinos que no tenían su credencial, ejemplifica Loranca. "Siempre existe un porcentaje mínimo de desajustes que no se puede prever. Una baja puntual, por ejemplo. Pero esto no puede convertirse en algo generalizado y parece que en algunos territorios existe esa tendencia", ha añadido.

Un problema que también ha señalado el responsable de Enseñanza de CCOO, Paco García, quien ha detectado retrasos en la asignación de plazas, además, en Andalucía y Murcia, debido principalmente a sucesivos errores informáticos. Aparte de ser "la vuelta al cole de la carestía", como él la ha definido después de conocer que será la más cara de la historia, García lamenta que este inicio de curso se vaya a caracterizar por la improvisación y la falta de recursos. 

"Creemos necesario un plan de inversión real, que implique la contratación de más profesores y profesoras. Nosotros estimamos que habría que incrementar la plantilla en torno a un 15% para cubrir todo el servicio y que deje de ocurrir lo que está pasando, por ejemplo, en Galicia, donde ya han cerrado unas 60 clases", ha expresado García.

El objetivo de la Lomloe es llegar al 5% de la financiación en Educación sobre el PIB en 2025. Desde el Gobierno aseguran que ya se ha alcanzado el 4,93%; sin embargo, desde UGT insisten en que "hay que tener en cuenta que ese porcentaje incluye las partidas de los fondos europeos" e instan al Ejecutivo a centrarse en normalizar la inversión. Es decir, que "se convierta en una cifra estructural y que deje de depender de la eventualidad de la UE", arguye Loranca.

Aunque este año las condiciones para afrontar el inicio de curso son mejores respecto a lo que ocurrió en 2022 —que era el primer año de implantación de la Lomloe—, gracias a que se ha empezado a dar más formación a los docentes sobre la nueva ley, todavía hay dos aspectos claves que, a juicio de los sindicatos, compromete el buen desarrollo educativo de los niños: las ratios y la distribución de la jornada laboral de los docentes. 

De alguna manera, la pandemia supuso un alivio en las ratios, se dividieron los grupos y se contrataron profesores de apoyo, lo que permitió impartir clase con muchos menos alumnos. Pero, con el tiempo, esos profesores se fueron despidiendo y se volvió a un número de escolares inasumible para ofrecer una educación de calidad.

Desde la educación de 0 a 3 hasta los bachilleratos, se pueden encontrar clases en las que se hace muy difícil prestar una atención especializada a padres y alumnos o innovar en las técnicas educativas, tal y como establece la nueva ley de Educación.

"Hay comunidades autónomas donde todavía los recortes que impuso José Ignacio Wert siguen operando. La sobrecarga lectiva, aparte de empeorar las condiciones laborales, hace que los profesores no puedan dedicar el tiempo que requieren a otras tareas, como atención a los alumnos, a la diversidad o la preparación de las clases", afirma García.

En concreto, en Madrid, CCOO ha denunciado que la Consejería de Enseñanza ha asignado para el inicio del próximo curso 426 profesores menos que el curso pasado. Un recorte que afecta sobre todo a la secundaria y el régimen especial, ha declarado Isabel Galvín, secretaria general  de la Federación de Enseñanza en la región.

Otras cuestiones que también habrá que valorar a lo largo de las próximas semanas, dado que todavía se desconocen los datos, será la universalización del primer ciclo de educación infantil y la ampliación de plazas de la Formación Profesional, dos políticas fundamentales en la nueva ley.

Incertidumbre ante los nuevos gobiernos del PP y Vox

Por si fuera poco, en medio de este panorama, la comunidad educativa aguarda "expectante" qué ocurrirá con la investidura de Alberto Núñez Feijóo; pues, en función de cómo se desarrollen los acontecimientos, podría volver a aprobarse una nueva ley.

"Hay un sentimiento de incertidumbre porque no tenemos muy claro lo que va a pasar. En principio, vamos a empezar el curso con una ley de educación que no se ha acabado de implantar, pero no sabemos cómo lo terminaremos", ha expresado María Capellán, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA).

"El año pasado, estaba claro que las comunidades gobernadas por el Partido Popular habían puesto todo tipo de trabas para que la ley empezase a funcionar en condiciones. Teniendo en cuenta la elecciones que hubo en mayo y que la mayoría de regiones al final están siendo gobernadas ahora por el PP, no tenemos muy claro qué va a ocurrir", ha insistido Capellán.

Una situación que la representante federal de las familias lamenta, ya que considera esta ley "beneficiosa" para la educación pública y para todos esos valores de integración en la escuela pública.

La salud mental no admite demora

Por encima de todo este horizonte sobrevuela una cuestión que, de momento, ningún Gobierno ha atajado con un desembolso sustancial de fondos públicos: la salud mental y emocional de los niños, adolescentes y jóvenes, uno de los grupos más afectados por este tipo de problemas.

Psicólogos y especialistas han puesto de relieve que intervenir, acompañar y ayudar a los más pequeños desde las aulas es fundamental, pero todavía ni siquiera todas las autonomías cuentan con un protocolo sobre el suicidio desarrollado, como ha explicado Capellán.

Con la ley de protección de la infancia se creó la figura del coordinador de bienestar en los centros educativos para contribuir al cuidado de la salud emocional de los más pequeños. Pero su desarrollo se relegaba al criterio de las comunidades autónomas, por lo que no se ha hecho un uso óptimo de la misma.

En algunos territorios intentaron cubrir su función con profesores que ya impartían otras asignaturas. En otros, como Castilla y León, se contrataron nuevos docentes, pero no se les dio ninguna directriz. Por lo que el progreso observado ha sido prácticamente nulo.

Así las cosas, tanto desde UGT como desde CCOO proponen contratar profesionales vinculados a los departamentos de orientación que se dediquen específicamente a contribuir para la conservación de una buena salud mental entre los alumnos, así como la elaboración de un plan estratégico que permita una coordinación eficiente entre las diferentes instituciones y servicios públicos.