Asesino de Nagore Laffage El Colegio de Médicos abre un expediente informativo al asesino de Nagore tras su contratación en una clínica de salud mental
La Audiencia Provincial de Navarra informa al ICOMEM que "el penado no ha sido inhabilitado para el ejercicio de su profesión, siempre que dicho ejercicio se produzca en cargo, trabajo o entidad de carácter privado".
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MADRID,
Tras la polémica suscitada por la contratación del asesino confeso de Nagore Laffage en una clínica de salud mental, el Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM) ha acordado la apertura de un expediente informativo "con el fin de clarificar su situación colegial".
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Diego Yllanes fue condenado en 2009 a doce años y medio de prisión por el homicidio de la joven durante las fiestas de San Fermín del año anterior. Mientras disfruta del tercer grado penitenciario en la cárcel de Zuera (Zaragoza) -donde acude sólo para dormir-, el también licenciado en Medicina trabaja -o al menos ha trabajado- como médico en en la Consulta Dr. Carlos Chiclana.
El ICOMEM realizó además una consulta a la Audiencia Provincial de Navarra sobre la situación de Diego Yllanes. En la respuesta, fechada el pasado 12 de diciembre, informa que "el penado no ha sido inhabilitado para el ejercicio de su profesión, siempre que dicho ejercicio se produzca en cargo, trabajo o entidad de carácter privado".
El caso de Yllanes, que "ha colaborado en la empresa en tareas de ayuda a la investigación" -según ha confirmado el propio director de la clínica-, salpica también a la Organización Médica Colegial. Así, la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Madrid exige a la OMC revisar las condiciones de colegiación y de las causas de incompatibilidad para el ejercicio de la profesión médica, a partir de esta polémica.
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Los colectivos de lucha contra la violencia machista Andrea y Lunes Lilas instaron la pasada semana a revisar las leyes que regulan los antecedentes penales de los profesionales médicos tras conocer este caso. Según señalaron estas organizaciones, la legislación en la materia es "demasiado laxa", pues sólo contempla los delitos sexuales, acoso y abuso sexual, prostitución o trata de seres humanos, y sólo es de obligado cumplimiento entre los profesionales del ámbito público que trabajen con niños y adolescentes.