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Asesinato de Zabaleta Prisiones suspende el tercer grado al neonazi que mató a Zabaleta

Ricardo Guerra fue detenido por hacer el saludo hitleriano en Bélgica, lo que hizo que la junta de tratamiento que le controla se enterara de su viaje al extranjero sin haber pasado por los procedimientos pertinentes.

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Flores y carteles en recuerdo de Aitor Zabaleta, asesinado junto al Vicente Calderón por un neonazi en 1998.- EFE/ARCHIVO

madrid,

Ricardo Guerra, el neonazi que cumplía condena en régimen de semilibertad por el asesinato del hincha de la Real Sociedad Aitor Zabaleta, ha vuelto a ser clasificado en segundo grado tras su detención en Bélgica por hacer un saludo nazi junto a otros ultras del fútbol y no haber comunicado a Prisiones su viaje.

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Fuentes penitenciarias han informado de esta decisión, por la que Guerra, condenado a 17 años de cárcel por la muerte del hincha de la Real Sociedad en 1998 en los alrededores del estadio Vicente Calderón, ha pasado de estar interno en régimen abierto en un centro de inserción social (CIS) de Madrid a ser recluido en la cárcel de Alcalá de Henares.

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Ahora, Guerra tendrá que seguir cumpliendo la condena en el régimen ordinario, en el que están clasificados la mayoría de los presos. El fascista fue detenido la semana pasada en Bélgica, justo antes del partido del Atlético de Madrid frente al Brujas, por realizar el saludo nazi junto a otros miembros del grupo ultra Suburbios Firm, una escisión del Frente Atlético.

El condenado aprovechó el tercer grado del que disfrutaba para viajar a Brujas, donde fue detenido el pasado martes junto a treinta miembros de Suburbios Firm, que realizaron gestos neonazis al público y a la policía. Los ultras fueron puestos en libertad tras el partido, entre las 3 y las 4 de la madrugada.

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Fuentes de Instituciones Penitenciarias explicaron este lunes que este neonazi tenía concedido un permiso desde el 10 al 17 de este mes y que ayer regresó al centro de inserción social.

Sin embargo, no cumplió los requisitos necesarios para viajar al extranjero y no informó a la junta de tratamiento del centro de ello, por lo que ésta tampoco pudo hacerlo al juez de vigilancia penitenciaria, que es quien debe autorizarlo.

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