Es imposible saber en qué momento la vida se convirtió en un infierno para Mohamed Bouderbala. Tan sólo hay registros —no muchos— de cuándo decidió escapar de él. Fue el 29 de diciembre de 2017. O quizás fuera la madrugada del 28. Sólo él podría precisarlo con exactitud. Puede que algunos compañeros de ese no lugar en el que se encontraba tengan más detalles, pero eso no parece importar mucho a quien escribe la historia judicial de un país con leyes que el poder Ejecutivo puede incumplir sin consencuencias. No se puede huir de un limbo por muy cercano que éste esté del infierno, o eso debió de pensar Mohamed, un argelino de 36 años, cuando decidió dejar de existir. Cuando quiso acabar con todo.

Ocurrió en algún momento entre las 15.27 y las 9.25 horas. En ese intervalo, Mohamed cogió la sábana de la celda 41 del módulo 3 de la cárcel de Archidona (Málaga) y la ató a uno de los salientes del perchero. El otro extremo lo anudó a su cuello y se dejó caer. Tuvo que ser un tirón fuerte, porque su estatura le permitía tocar con los pies en el suelo sin que la sábana tirase de él. Murió prácticamente arrodillado. Así se lo encontraron los agentes de policía antidisturbios que custodiaban la prisión. Ya debía de llevar horas sin vida porque el cadáver empezaba a mostrar los síntomas del rigor mortis, según ha confesado el director de la prisión a la senadora de Podemos Maribel Mora.

La autopsia aún no se ha terminado de redactar. Sólo existe el informe preliminar del forense que habla de "muerte de etiología violenta". De "muerte por asfixia mecánica por ahorcadura" sin "signos exteriores de violencia ni defensa". El forense ve claro el suicidio. El juez también, dadas las grabaciones de las cámaras de seguridad de ese módulo, que dejan claro que en 18 horas nadie, ningún policía, médico, voluntario de Cruz Roja o traductor (junto a los internos son todas las personas que están allí en algún momento), se preocupó de qué hacía ni de cómo estaba Mohamed.

Mohamed no era un preso. No había cometido ningún delito, pero estaba en una prisión que aún no se había inaugurado. Aún no era apta para presidiarios. Faltaba agua corriente potable, faltaba agua caliente en las duchas, faltaba ropa interior limpia, faltaba comida medio decente, faltaba calefacción en pleno invierno. Faltaba casi de todo menos los muros y los barrotes de las celdas. Aún así era válida para personas que se han jugado la vida cruzando en patera, junto a otros como él. Las personas como Mohamed no son personas del todo en Europa, por eso se las encierra durante un tiempo —el que dura el procedimiento de expulsión─ en espacios que no son lugares. Donde no hay derechos. Donde no hay luz para poder mirar y ver lo que ocurre en su interior. De hecho, lo de Mohamed no fue una llegada, sino un "ataque sin precedentes a las costas españolas", según el Gobierno. Mohamed y los 500 argelinos que llegaron ese fin de semana a las costas de Murcia son, pues, enemigos en la guerra de fronteras que libra Europa con los países del sur. El tiempo de guerra, el estado es siempre de excepción. Así está permitido saltarse la ley y tomar medias que vulneran derechos, que es lo que ha hecho el Ministerio de Interior, según la oposición, las ONG, colectivos sociales, sindicatos y juristas.

Destrozos en el interior de la cárcel de Archidona tras una protesta de los migrantes internos.

Motines de los internos

Pero volvamos a la celda 41 del módulo 3 de este limbo que el ministro Zoido se sacó de la manga y decidió llamar "Centro de Internamiento de Extranjeros provisional". Mohamed estaba allí el día de su muerte, como 144 internos del módulo. A esas horas no era normal, ya que todos pasaban la mayor parte del tiempo en el patio de la cárcel o en las zonas comunes, tal y como indica el reglamento de los CIE. Ese día se había producido un motín. Uno de los dos grandes que se han registrado en los más de 50 días que ha estado en funcionamiento Archidona, según ha reconocido a la senadora Mora el director del centro.

A la hora de la comida, varios internos se autolesionaron con cubiertos de plástico en el comedor para lograr que les sacaran de allí, aunque fuera a un hospital, tras mes y medio de hambre y frío y quejas que caían en saco roto. Según el director, Mohamed no era uno de ellos, aunque el informe del forense habla de "lesiones que impresiona autoinfligidas superficiales en el tórax". Al parecer, se las hizo él mismo días antes, en otra de las numerosas refriegas que han ocultado los muros de esta cárcel.

Las quejas por el trato, la comida y el frío; los uniformes al completo de los antidisturbios, con porra y escudo incluidos; la frustración de los internos; la barrera del idioma y las enfermedades —se han atendido casos de VIH, sarna, epilepsia y tuberculosis, entre otros—crearon una olla a presión que tenía que estallar en algún momento. Había altercados a diario, según el director, que recuerda cuatro motines, dos de ellos "grandes", con intervenciones duras de los agentes. Ambas coincidieron con el comienzo de las deportaciones a Argelia.

Prueba de ello es el estado en el que ha quedado el centro penitenciario. Ventanales rotos, mobiliario destrozado, canastas y porterías del patio desmontadas y sangre. Muchas marcas de sangre en las paredes, en rastros de gotas que van desde las celdas a las zonas comunes o al revés, quién sabe. "Hemos visto sangre hasta en el techo de las estancias", advierte Mora.

Tras la intervención policial, asegura el director a la senadora, los internos fueron llevados a las celdas del módulo 3. Debía de ser alrededor de las 15.00 horas, porque, según el juez, Mohamed fue introducido en la celda de la que nunca saldría vivo a las 15.27 horas. Les aislaron de dos en dos, pero Mohamed estaba solo. Únicamente los considerados cabecillas de la revuelta fueron encerrados individualmente, siempre según la entrevista entre la senadora y el director de Archidona.

Destrozos en el interior de la cárcel de Archidona tras una protesta de los migrantes internos.

18 horas de aislamiento

No se les llevó ni comida ni agua en 18 horas. Tan sólo cenaron los enfermos. Nadie recibió asistencia médica pese al motín y la intervención policial, al menos durante ese período. Nadie sabe qué pasó esa tarde y noche por la mente de Mohamed. Tampoco ha querido saberlo el juez. Por el momento, no hay constancia de que el director del centro autorizara la reclusión en las celdas tras los incidentes. Se desconoce si el juez de control del centro recibió notificación de esta decisión. Son asuntos clave para la familia de Mohamed, porque son las únicas reglas en medio de la barbarie de los CIE.

La familia del fallecido y la ONG Andalucía Acoge, personados judicialmente en la causa, pidieron que se tomara declaración a los internos. Querían saber qué pasó durante el motín que precedió al encierro, pero de boca de los migrantes. Querían saber si Mohamed dijo algo en voz alta antes de quitarse la vida. Quería saber qué había fallado para que alguien muriera bajo custodia del Estado. Sin embargo, el juez ve suficientes las grabaciones para certificar que nadie pudo ser testigo de la muerte y ha rechazado las peticiones testificales. No ha solicitado ninguna diligencia y sólo se ha basado en un "amplio atestado policial" para cerrar el caso. "Puede que nadie le viera suicidarse, pero los que estaban en la celda de al lado pudieron oír algo", opina José Luis Rodríguez, letrado de Andalucía Acoge.

Si alguien tiene más información, ya está lejos de Archidona. La gran mayoría de los 572 migrantes que fueron allí confinados durante este mes y medio están de vuelta en Argelia. Tan solo algo menos de un centenar han sido trasladados por Interior a otros CIE de Tarifa, Algecias, Barcelona y Madrid. Esta es la situación que más temía la familia de Mohamed, que ya no quedara nadie para hablar si es que algún juez decide preguntar.

Seis días trascurrieron entre el levantamiento del cadáver y el sobreseimiento provisional del caso. Un tiempo récord. Juez y defensa creen que no hay dudas de que nadie mató a Mohamed, pero la familia quiere entender qué le llevó a quitarse la vida después de jugársela —y conservarla— en la travesía de Argelia a Cartagena. Creen que un suicidio no exime de responsabilidades penales a quien es responsable de la custodia de alguien privado de libertad. Organizaciones de ayuda al migrante, partidos políticos, colectivos sociales e incluso el Gobierno argelino —que ha abierto su propia investigación y ha pedido el cuerpo para practicar otra autopsia— ven extraña tanta prisa por cerrar el caso —y por cerrar la cárcel después de la muerte—. Hay dudas sobre si se puso en marcha el protocolo para evitar suicidios, dadas las autolesiones de los internos, entre ellos Mohamed. Piensan que esta muerte podría haberse evitado si el Gobierno no hubiera improvisado con la vida de casi 600 personas que no cometieron delito alguno.