Los 629 refugiados rescatados por el Aquarius en las aguas del Meditarráneo, hace ocho días, ya están a salvo en la ciudad de València. La llamada Operación Esperanza ha concluido y ahora falta concretar cómo las autoridades españolas actuarán para acomodar a estas personas y determinar su futuro a medio y largo plazo.

Del operativo han sido testigos periodistas de todo el mundo que se han dado cita en la capital valenciana, entendiendo que la crisis del Aquarius es un hecho excepcional que divide a Europa entre los países xenófobos, en auge, y los estados que defienden los derechos humanos por encima de crisis migratorias.

De momento la mayoría de los adultos están pendientes de sus destinos, que serán determinados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Una de las principales organizaciones que aportarán ubicaciones para los refugiados del convoy Aquarius será CEAR, la Comisión Europea de Ayuda al Refugiado, que dispone de 8.600 plazas para acoger migrantes en todo el Estado español. De ellas 260 en el País Valencià que, de momento, ya están ocupadas, aunque "siempre hay soluciones", señala el coordinador de CEAR en València, el abogado Jaume Durá.

Fuentes de Cruz Roja estiman que no se finalizará por completo la identificación y filiación completa de los migrantes hasta pasadas unas horas. Mientras tanto, los pasajeros de la flota del Aquarius serán llevados de forma escalonada a un lugar secreto para en fechas próximas concretar su destino, que podría ser en cualquier lugar del país, donde la oferta de acogida solidaria y voluntaria supera con creces la demanda.

Los desembarcos se han realizado de forma escalonada. - EFE

Protesta de la plataforma CIEs NO

De momento el Gobierno ha ampliado a 45 días los permisos de residencia para todos y también se les ha facilitado una tarjeta sanitaria, la tarjeta SIP convencional, al entrar en vigor la sanidad universal que el anterior Gobierno del Partido Popular había retirado a todos los inmigrantes en situación irregular, los que sólo podían acudir a servicios de urgencia.

Pero aquí se abre otro frente y que ha movilizado a los colectivos contra los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). La práctica totalidad de los migrantes que han llegado en este convoy carecen de documentación y la Policía ha anunciado que muchos acabarán en estos centros.

Durante los procesos de identificación y al trascender esta información a las ONG, la plataforma CIEs NO se ha manifestado frente a la sala Internacional de Prensa organizada en el Edificio Veles e Vents, en La Marina de Valencia, para protestar ante los medios de todo el mundo presentes. La plataforma denuncia la realidad de estos centros de detención que vigilan directamente policías nacionales y que durante el Gobierno del Partido Popular han sido espacios opacos donde se han denunciado malos tratos y abusos.

Las propia vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, advirtió al Gobierno de Pedro Sánchez que los migrantes llegados a España no lo han hecho de modo ilegal, sino que han sido traídos a nuestro país por acuerdo de las autoridades españolas y para darles acogida.

Protesta de la plataforma CIEs NO. - JOAN CANTARERO

Europa se enfrenta a sí misma

Ahora comienza otra batalla que va a poner sobre la mesa el debate acerca de cómo afrontar una oleada de inmigración que no va a parar y que obligará a dotar medidas políticas para hacerla compatible con los derechos humanos. Derechos humanos que están protegidos y cuyo manifiesto está firmado por todos los países miembros de la Unión Europea. Y en esos “todos” se incluye también a Hungría, Polonia, República Checa e Italia, que han blindado sus fronteras a los que no sean “auténticos europeos”.

Asimismo, la gestión de la crisis del Aquarius por parte del Gobierno xenófobo de Italia será abordada por la izquierda europea esta semana en Estrasburgo. En el Parlamento Europea se exigirá la adopción de actuaciones precisas tanto contra el nuevo Ejecutivo italiano como contra todos los países de la Unión que mantengan políticas que atenten contra los derechos humanos, según ha sabido Público.