Silencio, obstruccionismo e insuficiencia informativa. Con estos términos califican desde la Asociación para el Derecho a Morir Dignamente en sus diferentes sedes autonómicas la aplicación de la ley de eutanasia en las comunidades gobernadas por el PP de Andalucía, Madrid y Galicia. Aprobada el pasado 24 de marzo, la ley orgánica aún no termina de estar insertada plenamente en muchas partes de España.

El Partido Popular envió en septiembre un recurso al Tribunal Constitucional al considerar que la ley vulnera algunos preceptos de la Constitución como el derecho a la vida. Otra comunidad con retraso en la aplicación de la ley ha sido Extremadura, que el pasado lunes tramitó una petición, aunque la solicitante ya había fallecido.

La ley establecía en el artículo 17 un plazo de tres meses para ponerla en marcha desde su entrada en vigor, por lo que la fecha del plazo legal para empezar a funcionar terminó a finales de junio. Desde el Ministerio de Sanidad explican que "se hará público un informe anual de evaluación acerca de la aplicación de la Ley" pero que aún tienen que recibir los datos desde las comunidades autónomas, por lo que "tardará varios meses en hacerse".

De momento, la ley empieza a dar finales dignos a quienes lo requieren, pero con cuentagotas: una mujer de 86 años en de Euskadi, otra mujer de Alicante con esclerosis múltiple y un hombre en Ourense con un cáncer incurable fueron los tres primeros en hacer uso de este derecho. Todo parece indicar que Javier Serrano, con ELA, ha sido este miércoles la cuarta persona en acogerse a este derecho en España y el primero en la Comunidad de Madrid.

En el caso de Andalucía, no fue hasta el 19 de octubre cuando el Consejo de Gobierno aprobó el decreto para desarrollar la Ley de Eutanasia en la comunidad. Casi tres meses después de cuando correspondía y siendo la última de las comunidades. Desde entonces, nadie ha vuelto a saber nada sobre la comisión de evaluación de los casos que debe tener cada comunidad ni sobre las solicitudes que le han llegado. Opacidad total desde la Junta, desde la que se remiten al comunicado donde anunciaron el decreto y justifican la demora en la intención de hacer una ley "garantista".

La sección andaluza de la Asociación para el Derecho a Morir Dignamente asegura que hay un "silencio absoluto" por parte del Gobierno de Juanma Moreno. Critican además que requieran una ratificación de los testamentos de los solicitantes de eutanasia tras la aprobación de la ley. "Es una traba más. Hay personas que no están en capacidad para repetirlo. Están en contra de la eutanasia y no saben qué traba poner".

La Comunidad de Madrid también pretendía que se ratificaran los testamentos, pero terminó retractándose al respecto. La situación para los solicitantes de este derecho es de tal desamparo que en Andalucía dos personas han acudido al Defensor del Pueblo para intentar presionar a la Junta y que termine de encauzar la situación.

La opacidad en los datos tampoco ayuda. Mientras la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía insiste en que no tiene datos de solicitantes de eutanasia, la Asociación para el Derecho a Morir Dignamente estima que serán unas diez personas, por ahora, las que terminen reclamando este derecho. De momento, en Andalucía no saben si quiera quién forma la comisión de garantías y evaluación, órgano fundamental que tiene la última palabra en esta cuestión.

Desinformación en Galicia

Pese a que Galicia fue de los primeros lugares de España en permitir que se aplicara este derecho, desde la Asociación para el Derecho a Morir Dignamente apuntan a que hay "insuficiencia informativa" en torno a la nueva ley. Desde la Conselleria de Sanidade no han respondido a las preguntas de Público, aunque en una rueda de prensa el consellero, Julio García Comesaña, apuntaba que desde la aprobación de la ley se han recibido nueve solicitudes para aplicar el derecho a una muerte digna. 

Miguel Anxo García, presidente de la asociación en la comunidad gobernada por Feijóo, considera que el Ejecutivo "juega entre dos aguas, en ese territorio sociológico y político de la derecha", para demostrar su oposición a la ley porque es del PSOE pero que a la vez la ejecuta con pequeñas demoras. "Dada la importancia de lo que estamos hablando, que es un derecho fundamental, debería estar en prioridades de una Administración pública", asegura.

La comisión de garantías tardó 15 días más de lo que correspondía en hacerse oficial porque el Gobierno quiso pasar antes por el Consejo Consultivo de Galicia. Aspecto que desde la organización consideran, en este caso, innecesario porque alargan los trámites para mostrar de alguna forma su descontento, ya que una ley orgánica tiene que ser atendida tarde o temprano.

Pese a su ejecución y sus demoras, el presidente de la organización pone el foco en otras cuestiones e incluso comenta que ha enviado una carta al consejero de Sanidad. En ella se llama a la necesidad de realizar actividad formativa normalizada y permanente para los profesionales sanitarios que tengan que lidiar con los trámites en torno a la ley. Además, piden que se modifique el documento de Instrucciones Previas —con el que una persona manifiesta anticipadamente su voluntad sobre el cuidado y tratamiento de su salud— para que se adapte a la nueva ley orgánica. Por último, llama a incrementar la actividad informativa para la sociedad y ser asesorados en estas cuestiones. 

Madrid y una gestión "decepcionante"

En la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso tampoco facilitan a Público datos sobre cuántas personas han solicitado que se les aplique su derecho a morir dignamente, aunque desde la Asociación para el Derecho a Morir Dignamente estiman que la Comunidad de Madrid recibirá unas diez o doce propuestas en las próximas horas. 

La asociación cree que la concesión de este derecho a Javier Serrano es el punto de partida para la aplicación de manera regular de la ley en la comunidad. Fernando Marín, presidente de la asociación en Madrid, es muy crítico con la gestión actual: "Para nosotros el trabajo de la comunidad es decepcionante. Es como el estudiante que no llega a tiempo", sostiene. 

"Solo hubo cinco comunidades autónomas con el decreto en el plazo, pero un mes después... Llegar tan tarde no tiene justificación. Han sido bastante incompetentes, seguramente porque no han invertido los suficientes recursos humanos. Una comunidad capaz de construir un hospital en seis meses sí que es capaz que es capaz de montar una comisión", asegura Marín. 

Finalmente, en Madrid se ha establecido que la comisión de evaluación esté formada por 25 personas. "Al menos las personas que lo forman no son antieutanasia, algo que uno podría temer de una comunidad como esta", declara el presidente.