Andalucía autoriza a sus maestros a retirar el móvil a los alumnos acosadores

SEVILLA.- Lucía, una niña murciana de 13 años, se quitó la vida hace unos días en su domicilio y la Policía investiga si su muerte fue consecuencia del trato vejatorio que venía sufriendo en la escuela por parte de algunos compañeros de su misma edad. Lucía fue víctima de acoso escolar en el colegio, al entrar en el instituto siguió siendo acosada por los mismos jóvenes; su familia la cambió de centro para evitar más humillaciones e insultos, pero estos le persiguieron hasta que ya no pudo soportarlo más. El acoso escolar ya no es un fenómeno que se circunscriba únicamente al aula o al colegio, ha adquirido una dimensión sin fronteras debido al uso que hacen los acosadores de las nuevas tecnologías (móviles y redes sociales principalmente).

El protocolo andaluz contra el ciberacoso, al que ha tenido acceso Público, reseña una serie de conductas que se identifican como acoso puro y duro: “Publicar o remitir mensajes desagradables o amenazantes a través de redes sociales; difundir rumores, información comprometida o exponer la intimidad de una persona a fin de desprestigiarla; etiquetar, asociar comentarios indeseables o modificar fotos, exponiendo a la persona implicada a una posible escalada de observaciones y comentarios de terceros; publicar postings, fotos o vídeos desagradables sobre la víctima en una página web, una red social, un chat o a través del teléfono móvil; grabar y difundir agresiones, insultos o actuaciones degradantes hacia la víctima a través de la web, teléfonos móviles, etc; suplantar la identidad de la víctima e incluir contenidos desagradables o insultantes en un perfil, una red social, un foro de mensajes, un chat; incomodar a la persona con contenidos, mensajes o comentarios de contenido sexual y difundir imágenes o datos comprometidos de contenido sexual a través de redes sociales o páginas de difusión masiva sin el consentimiento de la víctima”.

El nuevo protocolo pone el foco en la prevención de los casos de ciberacoso y para ello describe las consecuencias y los síntomas que pueden identificar a la víctima, al agresor y a sus colaboradores

Las instrucciones que la consejería ha enviado a las escuelas distinguen dos formas de ciberacoso, la que sufre un menor a manos de un adulto, que utiliza las nuevas tecnologías para relacionarse con el niño “utilizando una identidad falsa y normalmente con una finalidad sexual explícita o implícita”; y la que se da entre alumnos de la misma edad. El nuevo protocolo pone el foco en la prevención de los casos de ciberacoso y para ello describe las consecuencias y los síntomas que pueden identificar a la víctima, al agresor y a sus colaboradores, para así facilitar al profesorado la detección del problema.

Retirar el móvil o llevar el caso a la Fiscalía

El protocolo introduce medidas cautelares contra el alumno supuestamente acosador, siendo la más llamativa la “supervisión o privación temporal del uso del móvil o de internet” en caso de urgencia

Las víctimas tienen miedo de que sus padres, para solucionar el problema, les quiten sus móviles, sus ordenadores o sus consolas de videojuegos. Para evitarlo, “muchos chavales acosados en la escuela han llegado incluso a borrar los mensajes y las imágenes vejatorias que podrían suponer una prueba para poner en marcha actuaciones contra los agresores”, dicen los expertos que han colaborado con Educación. El protocolo introduce medidas cautelares contra el alumno supuestamente acosador, siendo la más llamativa la “supervisión o privación temporal del uso del móvil o de internet” en caso de urgencia o extrema necesidad.

La Junta de Andalucía, pionera en la lucha contra el ciberacoso

El protocolo andaluz contra el ciberacoso incluye la creación de un equipo provincial de seguimiento de los casos que se detecten, integrado por el jefe de orientación educativa, un inspector educativo, el gabinete de asesoramiento sobre la convivencia escolar y la igualdad y un representante del equipo de orientación especializado en atender a alumnos con trastornos graves de la conducta. Un grupo multidisciplinar de expertos ha trabajado en su diseño durante un año, integrado por representantes de distintas consejerías –Empleo, Empresa y Comercio; Igualdad y Políticas Sociales; Justicia e Interior y Educación– y especialistas de centros educativos, Instituto Andaluz de la Mujer, Instituto Andaluz de la Juventud, Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, Universidad de Sevilla o la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.