La actividad de Airbnb, la aplicación que pone en contacto a viajeros con personas que alquilan sus viviendas (o las que tienen arrendadas), está causando estragos en las grandes ciudades. Su modelo de turismo barato y la negativa a exigir a los anfitriones que demuestren que tienen la necesaria licencia turística ha inundado las urbes de visitantes. 

La llegada masiva de turistas a los cascos urbanos ha acelerado su turistificación (los residentes habituales ven como los servicios, instalaciones y comercios pasan a orientarse al turista más que al vecino) y disparado el precio de la vivienda, provocando que barrios tradicionalmente populares sufran la temida gentrificación (proceso mediante el cual la población original es desplazada por otra de mayor nivel adquisitivo), expulsando a la clase media a la periferia de la periferia urbana.

Airbnb explota las mismas vetas publicitarias que el resto de empresas de la economía colaborativa (mejor aprovechamiento de los recursos, compartir, conocer gente, etc.) sus prácticas tienen poco que ver con la colaboración. "Venden como un beneficio para la comunidad lo que en esencia es una actividad extractiva de rentas", explica Daniel Sorando, doctor en Sociología y coautor de First we take Manhattan: la destrucción creativa de las ciudades, donde estudia cómo han acelado el fenómeno de la gentrificación empresas como Airbnb. 

Barcelona, la primera ciudad española en decir basta a Airbnb y sus prácticas al margen de la ley, la ha sancionado con multas que suman ya 1,2 millones de euros. No obstante la empresa estadounidense no se ha mostrado cercana a una colaboración con el consistorio de Ada Colau. Para los expertos, hay tres pasos que los poderes públicos deberían dar para controlar las actividades de Airbnb. 

1. Diferenciar a particulares de profesionales

La aplicación de Airbnb, que en 2008 se popularizó como una herramienta muy útil para que aquellos que buscaban compartir su vivienda pudieran ponerse en contacto con viajeros y viceversa, alberga hoy en día mucho más que eso. Su uso se ha extendido entre profesionales con decenas de viviendas, e incluso Airbnb es ahora el objetivo de la inversión del capital financiero: se compran edificios enteros, se decoran sus apartamentos como si en ellos siguieran viviendo los antiguos vecinos y se ofertan en la plataforma los 365 días del año. 

"Lo que dice el lobby de la economía colaborativa es que si lo regulas va a dejar de ser eficaz. Eso es relativo", explica Javier Gil, investigador de la UNED experto en capitalismo prosumidor: "No es lo mismo que regules a la persona que lo alquila tres veces al año cuando se va de vacaciones, a la que a lo mejor que no se le puede exigir lo que le exiges a un hotel en cuanto a licencias turísticas, etc. a regular a una persona con 145 pisos en alquiler turístico como hay en Madrid. Evidentemente a esa persona le tienes que hacer una regulación acorde a una actividad totalmente profesional".

Barcelona ha detectado ejemplos de la actividad de estos profesionales de Airbnb incluso con viviendas que no eran de su propiedad, las cuales ofertaban en la plataforma sin permiso de sus dueños. Se trata de una actividad ilegal, pero que hasta un exdirectivo de la empresa en Barcelona ejercía.

"Debería existir una normativa adaptada a los nuevos tiempos que ampare la nueva figura del ciudadano productor", pide por su parte Airbnb. La aplicación alega que "aunque a priori parezca que quien tiene más de un anuncio es un profesional que alquila pisos turísticos, esto puede no ser así. Puede ocurrir que un anfitrión alquile una habitación en la casa donde vive y que también tenga un anuncio de esa misma casa entera cuando se marcha fuera unos días por vacaciones o por trabajo. Pese a tratarse de un solo perfil y una sola propiedad, este anfitrión necesita tener dos anuncios diferentes, se trataría de un particular".

2. Establecer una red de apoyo entre grandes urbes

Barcelona ha estallado contra la aplicación ("estafa a la ciudad", dijo la teniente de alcalde de Ecología Urbana, Urbanismo y Movilidad; "Traspasa todos los límites legales. Seguiremos multándoles hasta que cumplan la ley", aseveró Colau) pero sus sanciones parecen resbalar por la corteza de beneficios de Airbnb. Madrid, por su parte, está intentando llegar a un acuerdo "de buena voluntad" con la empresa, ya que las competencias están en manos de la Comunidad.

"Es verdad que ha habido acuerdos entre Airbnb y ciudades como Nueva York por ejemplo. Pero una herramienta muy interesante para trabajar es la red de ciudades: cuando se juntan ciudades como París, Londres, Berlín, Barcelona, etc. y hacen presión conjuntamente, es más difícil para Airbnb chantajearlas", defiende Sorando.

Lo que Airbnb reclama es "una regulación del home sharing, que permita que los particulares puedan alquilar una parte de la vivienda habitual de manera esporádica y temporal, un marco legal para los particulares, distinto al de los profesionales", han explicado sus portavoces a este medio.

Aunque a nivel estatal también hay iniciativas que podrían aliviar la burbuja del alquiler (como modificar la ley de arrendamientos urbanos), los efectos tan particulares que provoca Airbnb en las grandes ciudades con atractivo turístico sugieren que un frente común podría convencer a Airbnb de la necesidad de aceptar sus condiciones si quiere seguir haciendo negocio. 

3. Definir qué es (y qué no es) economía colaborativa

"La economía colaborativa, si fuera realmente social debería ser una actividad en la que una comunidad se compromete colectivamente con una serie de normas por un fin deseable. Aquí vemos lo contrario, se va desmontando la comunidad poco a poco", señala Daniel Sorando. 

Lo cierto es que los estados europeos han preferido no mojarse, y han dejado que sean los tribunales de justicia los que definan las reglas del juego entre empresas de la economía colaborativa y los modelos tradicionales de negocio. En el sector del transporte urbano, donde la irrupción de Uber ha generado una burbuja de servicio similar a la de Airbnb en el turismo, el caso ha llegado hasta el Tribunal Superor de Justicia de la Unión Europea.

La parada de taxi de la estación de Atocha, en Madrid, vacía durante una huelga del sector en protesta por la actividad de Uber y Cabify. REUTERS/Susana Vera

Se espera que el máximo órgano de justicia de la UE dicte sentencia este mes de julio. No obstante, el Abogado del tribunal se ha posicionado a favor de que Uber sea considerada una "empresa mixta", que no solo pone en contacto a conductores y usuarios, sino que también realiza un servicio "de transporte". Sus posiciones no son vinculantes para el tribunal, pero coinciden con el veredicto final en la mayoría de ocasiones.

"Nueve de cada 10 empresas del entorno de la economía colaborativa tienen un modelo de negocio basado en los intercambios económicos. Economía colaborativa no es sinónimo de trueque o intercambio, sino que hace referencia a cómo dos particulares pueden ponerse de acuerdo para llevar a cabo una transacción", opina Airbnb: "La plataforma es simplemente un marketplace que pone a disposición de ambas partes la tecnología y la seguridad, para que puedan ponerse de acuerdo de manera estandarizada, rápida y segura".