Este artículo se publicó hace 4 años.
Así nos afectaría la propuesta de Europa de reducir las emisiones al 55% para 2030
El incremento de la ambición para luchar contra la crisis climática podría poner a Europa en una posición clave a nivel internacional. Sin embargo, si no se realiza bajo la perspectiva de la justicia climática, esta decisión podría tener algunas consecuencias negativas para los más vulnerables.
Alejandro Tena
Madrid-
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo tiene claro. Hace falta una mayor ambición para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y cumplir con los compromisos internacionales del Acuerdo de París. Al menos eso es lo que se desprende de la propuesta que la alemana, que pretende cambiar los objetivos climáticos y reducir la contaminación al menos un 55% para 2030, en lugar de un 40% como estaba marcada hasta la fecha. Tras este baile de porcentajes, sin embargo, se abre una compleja negociación política entre los diferentes Estados, con la casi segura oposición de países dependientes del carbón como Polonia. Traducir lo que supondría este nuevo compromiso europeo al lenguaje común es complejo, sin embargo, esta variación podría tener implicaciones concretas en la economía de los países, en el desarrollo de las llamadas transiciones energéticas o en cosas más visibles para el día a día de los ciudadanos como la movilidad.
En el caso de que los estados ratifiquen la propuesta de Von der Leyen se abre un escenario para España y resto de países, que tendrán que adaptar sus planes para abordar la crisis climática a la nueva situación. Esto quiere decir, que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima podría modificar algunos de sus criterios para avanzar hacia la sostenibilidad en determinados ámbitos de la economía. Pero también hay medidas que van más allá de los planes que puedan tener los propios estados para alcanzar esa reducción drástica de la contaminación de cara a finales de década.
Ese es el caso del sector transportes, uno de los más controvertidos, no sólo por ser el que más emisiones de CO2 registra al año, sino por la estrategia planteada por Von der Leyen, que podría suponer una subida en los precios del carburante. El transporte es uno de los denominados "sectores difusos", es decir, que está excluido del sistema europeo de comercio de derechos de emisiones, una suerte de mercado donde los estados pagan para compensar sus excesos de contaminación. Sin embargo, Von der Leyen plantea que los automóviles y los camiones entren por primera vez a funcionar dentro de este comercio europeo, lo que podría tener consecuencias directas en el día a día de los ciudadanos.
Así lo entienden desde Trasnport & Environment, organización que celebra el incremento de ambición, pero lamenta el método. Y es que, la introducción del sector transportes dentro del comercio de derechos de emisiones podría suponer un incremento de los impuestos a los carburantes que repercuta a los bolsillos de las familias. Según los cálculos de esta organización europea, esta medida podría significar una subida de 0,12 euros por litro de carburante.
"El plan de introducir el transporte por carretera en el mercado de carbono de la UE es un error. Socavará los objetivos climáticos nacionales al tiempo que aumentará los precios del combustible para las familias de bajos ingresos", advierte William Todts, director ejecutivo de Transport & Environment, quien señala que el camino para reducir las emisiones del tráfico rodado es incrementar la regulación de los estándares de CO2 a los fabricantes de automóviles.
El caso del sector eléctrico también se podría ver afectado, tal y como señala Javier Andaluz, responsable de Energía y Clima de Ecologistas en Acción. En la actualidad España se ha marcado como objetivo que en 2030 el 70% de su producción eléctrica sea de origen renovable, sin embargo, con este nuevo compromiso europeo el porcentaje podría rozar el 100%. La penetración de las renovables tendrá, a buen seguro, consecuencias directas en la factura de los ciudadanos, sin embargo, debido a las condiciones del pool energético español, es difícil saber si los precios experimentarán un descenso o no. Lo que sí es evidente, según Andaluz, es que el Gobierno tendrá que revisar los objetivos marcados en el PNIEC para ajustarlos a las últimas exigencias.
"También está por ver si Europa plantea la reducción de emisiones en términos de neutralidad climática, como ha hecho siempre, o si se ataja realmente el problema desde el punto de vista de la descarbonización completa", apunta Andaluz. Se refiere a la forma en la que Bruselas pretende atajar la crisis climática, con una política que busca compensar algunos excesos de contaminación a través de políticas de reforestación que compensan el CO2 emitido hasta alcanzar ese escenario de contaminación "neutra".
Lo que está claro es que el incremento de los compromisos climáticos tendrá unas consecuencias directas en la política internacional. Así lo entiende Lara Lázaro, investigadora principal del Real Instituto Elcano sobre cambio climático y política ambiental, que entiende que la postura de Von der Leyen reafirma la intención de la Unión Europea de presentarse ante la comunidad internacional como líder en la reconversión de la economía.
"Si la Unión Europea ejerce como líder en esta materia, que es lo que ya lleva haciendo durante las últimas décadas, facilitará que otros países no europeos sigan nuestros planes verdes. El ejemplo más claro es China, que se ha marcado el objetivo de presentarse como un actor constructivo en la transición, y podría verse obligada a no reblandecer sus posturas en materia energética", valora Lázaro.
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