Activistas de Futuro Vegetal declaran ante el juez en un nuevo movimiento para criminalizar la protesta climática

Este martes nueve activistas de Futuro Vegetal deben declarar ante el Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid, acusados de pertenecer a una "organización criminal". Numerosos representantes de ´la cultura, el periodismo, la política y la investigación han mostrado públicamente su indignación ante la persecución judicial contra los ecologistas.

"Tanto la declaración como el procedimiento en su totalidad se trata de un intento más por silenciarnos", explica a Público Bilbo Bassaterra, cofundador de Futuro Vegetal. "Estamos asistiendo a un atentado, otro más, contra la democracia y nuestros derechos fundamentales", subraya.

"Las fuerzas represivas estatales están trabajando activamente contra el derecho fundamental a la libertad de expresión y el juez está dando continuidad a un procedimiento que no tiene razón de ser", denuncia el colectivo ecologista en un comunicado.

Todo comenzó en diciembre de 2023, cuando las fuerzas policiales realizaron una operación que resultó en la detención de 26 personas en España y Francia, acusadas de pertenecer a una banda criminal y de estar involucradas en desórdenes públicos, daños materiales y delitos contra la seguridad vial. Los activistas que están siendo investigados podrían enfrentar condenas de hasta ocho años de prisión si se les declara culpables de estos cargos.

Pero incluso si la causa no trasciende, los de Futuro Vegetal critican que "la gestión de abogadas, el procedimiento penal y el daño que todo esto está generando a la salud mental de las activistas" tiene repercusiones sobre el trabajo diario de la organización.

🌱El próximo día 8 varias activistas vamos a declarar ante el juez por la acusación de conformar una organización criminal, apóyanos viniendo los días 8 y 9 a las sedes del PSOE a protestar para exigir al Ministro del Interior Grande-Marlaska que deje de perseguir activistas. pic.twitter.com/BDkGXI2pWD

— FuturoVegetal🍒 (@FuturoVegetal) October 4, 2024

Nombres de peso como la periodista Marina Lobo, la diputada y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, el coordinador de Alianza Verde, Juantxo López, el cantante Rodrigo Cuevas o el divulgador PutoMikel han mostrado su rechazo a la criminalización de la protesta.

Una investigación "ilegal"

Futuro Vegetal acusa a la Policía y a Fernando Grande-Marlaska de haber realizado una investigación prospectiva. Así es como se conocen a los procesos que se fundamentan en hipótesis, sin indicios sólidos y en los cuales los poderes públicos se inmiscuyen en la intimidad de la persona investigada.

"En solo dos años y medio hemos detectado a tres agentes infiltrados en el colectivo que buscaban recabar información, desestabilizar e impedir nuestras protestas", aseguran desde los ecologistas. "Quizá si dejaran de perseguir a activistas que lanzan pintura lavable podrían investigar organizaciones criminales reales que operan con impunidad e incluso ganan elecciones", añaden.

El auge de la persecución contra activistas climáticos

El hostigamiento del ecologismo en el mundo es una preocupación que aumento. El vicepresidente de la Asociación pro Derechos Humanos de España (APDHE), Joaquin Nieto, ya alertó el pasado mes de diciembre que esta persecución provoca cuatro asesinatos semanales en el mundo.

"Son asesinados en una especie de complicidad entre los estados, grupos armados informales y proyectos de las empresas", aseguró entonces Nieto. El vicepresidente también criticó la situación en España con respecto a Futuro Vegetal y las detenciones de activista de Rebelión Científica por protestar frente al Congreso de los Diputados: "Como defensor de los derechos humanos tengo que decir que eso es una aberración".

Un reciente informe publicado en septiembre por la ONG Climate Rights International (CRI) documenta el trato cada vez más severo que reciben las protestas contra el cambio climático en Alemania, Australia, Estados Unidos, Francia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido y Suecia.

El estudio  demuestra cómo, al reprimir a los activistas climáticos, los gobiernos "incumplen sus compromisos legales" de proteger los derechos básicos a la libertad de expresión, reunión y asociación, según destaca CRI en una nota de prensa.

"En lugar de encarcelar a los manifestantes y socavar las libertades civiles, los gobiernos deberían atender su llamamiento para tomar medidas urgentes para hacer frente a la crisis climática", declara Brad Adams, director de la ONG, en el mismo comunicado.