Orgullo 2020Abogados Cristianos intenta invisibilizar la bandera LGTBI en los ayuntamientos a base de denuncias

El Orgullo 2020 llega marcado por la reciente sentencia del Tribunal Supremo que rechaza las banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos, y que ha desembocado ya en dos resoluciones judiciales de diferente signo: una jueza ha ordenado al alcalde de Cádiz, José María González Kichi, retirar la enseña del arcoiris, y un juez ha rechazado prohibirla en el Ayuntamiento de Zaragoza.

El juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Cádiz ha ordenado, como medida cautelar, la retirada de la fachada del Ayuntamiento de Cádiz de la bandera arcoíris, símbolo del movimiento LGTBI, y que el consistorio defendió porque "no elimina ninguna otra, sino que sirve para sumar derechos".

La jueza acepta así en un auto -al que no cabe recurso- la medida cautelar solicitada por la Asociación Abogados Cristianos, que se ha querellado contra el alcalde gaditano por izar esta enseña.

En la querella, la asociación acusa al alcalde de prevaricación porque el izado de la bandera se hacía en contra de la sentencia del Tribunal Supremo que ha estipulado que "no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente" la utilización, "incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas".

Sin embargo, el magistrado del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Zaragoza, Luis Carlos Martín, ha rechazado, por defectos procesales, adoptar una medida cautelarísima que también había solicitado la Asociación Española de Abogados Cristianos para que en los edificios de las instituciones de Aragón no se exhiba la bandera arcoíris.

El Ayuntamiento de Madrid no va a colgar este año la bandera LGTBI

En el escrito de la asociación demandante concurren, según el juez, "deficiencias procesales que no permiten la estimación de la medida cautelarísima" y entre ellas cita la "eventual falta de legitimación activa de la entidad recurrente, dado que puede no existir conexión entre los fines de la asociación, por una parte, y la actuación del Ayuntamiento de Zaragoza, por otra". Recuerda, por último que la resolución no es firme, que el auto permite la subsanación de las deficiencias procesales y es susceptible de recurso

La Asociación Española de Abogados Cristianos también ha presentado una querella por prevaricación contra el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, y ha anunciado que hará lo mismo con la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu.

Este colectivo ha solicitado medidas cautelarísimas en Guadalajara para la retirada del consistorio de la bandera del arcoíris, que también quiere que deje de lucir en la Consejería de Participación del Gobierno riojano y en el Ayuntamiento de Logroño.

En un comunicado, incide en que "no se puede permitir que una administración coloque una bandera que solo representa a una parte de la ciudadanía" y considera que "muchos políticos hacen con la bandera arcoíris lo que ellos mismos criticaban con las esteladas en Catalunya o las ikurriñas en Navarra".

El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, no va a colgar este año la enseña LGTBI por respeto a la sentencia, pero sí celebrará el Orgullo iluminando con los colores del colectivo el Palacio de Cibeles durante toda la semana de celebración y con banderolas en las calles que mostrarán la campaña municipal del Orgullo, también presente en las marquesinas. En Catalunya, el Govern de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona han anunciado que sí colgarán la bandera este domingo, Día del Orgullo.

El concejal de Derechos de Ciudadanía y Participación, Marc Serra, ha asegurado que "es una bandera con la que se identifica el conjunto de la ciudad de Barcelona, independientemente de su orientación sexual" y que es "un símbolo que no excluye a nadie".

Toda esta polémica ha tenido un giro inesperado en la localidad malagueña de Villanueva de Algaidas, donde agentes de la Guardia Civil acudieron al Ayuntamiento para exponer las quejas de tres vecinos que protestaron por la colocación de una gran bandera de ocho metros de largo aduciendo la sentencia del Supremo.

Por tercer año, lucía el arcoiris en la fachada consistorial pero el alcalde, José Antonio Cívico, del PSOE, decidió retirarla tras realizar varias consultas. Pero, según reconoce a Efe, se ha formado una "polvareda". Y es que, ahora lucen 400 banderas porque los vecinos las han colgado de sus balcones, de donde aseguran, no las va a quitar nadie.