El informe Frontera Sur, elaborado anualmente por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), revela que 1.717 personas han muerto o desaparecido en su intento de llegar a España a lo largo de 2020, 1.239 de ellas en la llamada ruta canaria, lo que supone el número más alto desde que la organización comenzó a realizar esta investigación en 1989.

En una rueda de prensa, el coordinador de APDHA, Diego Boza, acompañado de los responsables del informe, Rafael Lara y Ana Rosado, ha explicado este lunes que el coronavirus ha multiplicado los deseos de las personas de migrar ante la pérdida de ingresos básicos, y, a su vez, la pandemia ha servido de "excusa" para "agravar la vulneración de los derechos humanos".

Según los datos del informe, durante el año 2020 han muerto o desaparecido un total de 1.717 personas y solo se han rescatado 637 cadáveres. La mayor parte de las muertes ha ocurrido en Canarias (1.239), seguida del Levante (231), mar de Alborán (202) y el estrecho de Gibraltar (45). La asociación basa los resultados de su informe en datos oficiales y sus propias pesquisas en lugares de origen y destino.

"El incremento de la llegada de pateras a nuestras costas durante el año 2020 pone de nuevo en cuestión unas políticas migratorias basadas en la represión y violación de los derechos humanos", dice el informe.

Según las cifras proporcionadas por el Ministerio del Interior, durante el año 2020 fueron 41.861 las personas que lograron traspasar la frontera sur española, lo que supone un incremento del 29 % con respecto al año 2019. No obstante, la ADPHA recuerda que por esta frontera solo entran en España el 4,3% de los migrantes.

"El incremento de llegadas en la frontera sur pone de relieve la volatilidad de los planes diseñados por el Gobierno para conseguir reducir la llegada de migrantes, y, en general, de las políticas migratorias desarrolladas por el Gobierno de España y la Unión Europea, cuyo único norte es el control y rechazo de migrantes en esta zona", señala el documento.

"Ante el desinterés del Gobierno español de asumir las muertes de cientos y miles de personas que pierden la vida, ante el abandono de familiares que no saben de sus seres queridos, se hace imprescindible realizar un registro exhaustivo y visibilizar que estas personas son la consecuencia directa de unas políticas de muerte", lamenta el documento.

Boza cree "decepcionante" el papel del Gobierno porque "se ha limitado a mostrar condolencias, por ejemplo, por la niña de Mali, pero no está poniendo medidas para responsabilizarse de lo que está ocurriendo". Los portavoces de la asociación creen que en 2021 ya se atisba un nuevo incremento de los datos, por las consecuencias económicas que está trayendo la pandemia del mundo, y, por eso, ha iniciado un campaña de recaudación de fondos que permita mejorar la obtención de datos en los lugares de origen y destino para el informe de 2022.