Ha tenido que llegar un informe de Amnistía Internacional
esta semana para recordarnos la crueldad indiferente del
ser humano ante el sufrimiento y hasta la tortura de
nuestros y nuestras mayores durante la pandemia. Y nadie
ha salido a la calle a pedir justicia de una puñetera vez, por
ellos, ellas y quienes vivieron los horrores de estos centros
de dependencia sin poder hacer nada. Los dejaron solos y
solas, a trabajadores y a residentes.
35.670 personas mayores murieron en España durante la
pandemia encerradas en residencias (20.000 solo en la
primavera de 2020) y sus familias y allegados no han
recibido ni un solo apoyo institucional; tampoco en las
calles, donde ciudadanos y ciudadanas tendríamos que
haber salido en tromba a llenarlas clamando contra esta
miseria del Estado.
La Comunidad de Madrid, es bien conocido, se lleva la
palma en número de residentes muertos con un método de
tortura añadido: se prohibieron los hospitales para los
ancianos y ancianas que enfermaron en los geriátricos
madrileños, que quedaron encerrados a su suerte. Así se
decretó hace 1.046 días y así lo recuerda cada día el
periodista autor de ‘¡Vergüenza! El escándalo de las
residencias’, Manuel Rico.
Murieron en la Comunidad de Madrid 7.291 personas
residentes, de las que 5.795 tenían COVID.
Ningún otro territorio decretó el protocolo de tortura y
muerte de Madrid, pero también murieron 2.797 ancianos y
ancianas en residencias de Catalunya, sin ser derivados a
centros médicos. En Castilla y León murieron 2.338 en
idénticas circunstancias; en Castilla-La Mancha, 2.220
residentes, aunque no aclaran si fueron o no derivados a
hospitales ... Y así sucesivamente.
¿Y qué ha pasado? Nada: son los viejos, las viejas, el último
escalón de la vida que solo han generado la indiferencia de
hasta seis instituciones del Estado señaladas por Amnistía
(Gobierno central, autonómicos, Parlamento, Fiscalía
General del Estado, Defensor del Pueblo y Consejo General
del Poder Judicial).
El 89% de las investigaciones han sido archivadas por la
Fiscalía, apenas hay excepciones que demuestren interés
institucional por hacer justicia. Ninguno. Quieren que
pasemos página, que olvidemos la masacre de las
residencias, mientras las familias y allegados de las
personas muertas se desesperan y ahogan en un dolor que
se ignora de forma miserable.
No podemos permitir que esto quede en nada, hay que
exigir justicia para quienes sufrieron con más brutalidad el
zarpazo de la pandemia. La indiferencia nos hace peores, el
silencio nos hace cómplices.