La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que "ante una inflación desbocada, imposible para la mayoría social, más que nunca hay que subir el salario mínimo interprofesional". 

En un entrevista publicada este domingo en El Periódico, Díaz ha recordado que ya ha convocado a la comisión de expertos para el próximo día 2 de septiembre para estudiar cuánto ha de subir el SMI.

Sobre las medidas del plan de ahorro de energía, Yolanda Díaz ha asegurado que, si hay alguna comunidad autónoma que no las cumple, "el Gobierno actuará en consecuencia" porque "las leyes se cumplen", a la vez que ha avisado a las empresas de que "negarse a cumplir el plan de energía es jugar con la vida de la gente".

"Son tiempos de absoluta incertidumbre", ha dicho la vicepresidenta, y ha asegurado que "se van a ajustar el cinturón las energéticas, las grandes entidades financieras y corporaciones que cotizan en bolsa y que tienen beneficios extraordinarios", a la vez que ha defendido los nuevos impuestos a la banca y a las energéticas.

En este sentido, ha dicho que los beneficios de las tres grandes eléctricas crecieron un 47 % antes de impuestos, mientras que los salarios en España son bajos y están soportando la inflación con una "dureza extraordinaria".

Sobre el nuevo impuesto que gravará las comisiones e intereses de la banca, cree que "no puede ser" que las rentas de entre 1.000 y 1.200 euros paguen comisiones bancarias de 60 euros.

Yolanda Díaz ha asegurado que, si de ella depende, van a movilizar a todos los progresistas de este país para que Alberto Núñez Feijóo no llegue a Moncloa en 2023 porque "su proyecto es regresivo, reaccionario y antieuropeo", ya que "ningún partido europeo" defiende una bajada generalizada de impuestos.

En la entrevista, Yolanda Díaz ha dicho que no cree que su proyecto Sumar llegue a las elecciones locales y autonómicas porque "es una iniciativa ciudadana y no nos va a dar tiempo".

Se ha mostrado convencida de que la coalición de Gobierno acabará la legislatura y ha reiterado que los dos partidos se llevan muy bien pero que son "dos espacios políticos diferentes y no pensamos de igual manera".

Díaz se ha mostrado optimista sobre la negociación de los próximos Presupuestos y ha dicho que "tienen que ser los proyectos útiles para los pensionistas, los jóvenes, las mujeres y las mayorías sociales".

Ha puesto el ejemplo de la salud mental, "que es transversal y muy compleja. No solo basta con implementar las plantillas, hay que dar más pasos y redefinir la salud mental", ya que con la incorporación de los riesgos psicosociales a los catálogos, las empresas y sindicatos requieren "más medios y atención".

CCOO propone repartir la subida de salario en tres años

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha defendido que los sueldos deben subir como la inflación, actualmente en el 10 %, pero acepta repartir ese incremento en tres años, empezando por un 3,5-4 % este año.

En una entrevista en El Correo, Sordo propone dos medidas: la primera, que admite "bastante polémica e inédita", sería contener los precios de los productos básicos.

Al igual que en su día se tomaron medidas así con las mascarillas y ahora con el gas, "creo que habría que explorar la limitación de precios de bienes básicos de la cesta de la compra en sectores en los que las empresas tienen márgenes suficientes", ha explicado.

Además, propone "pactar unas subidas salariales iniciales contenidas para los próximos tres años, entre el 3,5 y el 4 % para este ejercicio y algo menores para los siguientes, para que luego haya un ajuste con la inflación, de forma que al final del ciclo en 2024, se recupere el 100 por 100 de la subida del IPC".

Si no hay pacto salarial, "no vamos a instar a la gente a que se resigne. Se promoverá la movilización para hacer cambiar a la patronal y también para que el gobierno ponga de su parte".

Al gobierno le pide que se mejore la prestación de desempleo, que el PP bajó al 50 por ciento del salario a partir del sexto mes, subiéndola al 70 por ciento, y el alza del salario mínimo, así como un tipo efectivo mínimo del 15 por ciento en el impuesto de sociedades.