VOX ha difundido su programa económico electoral y propone recortar el gasto público en 24.236 millones, sobre todo en el Estado, en organismos autónomos y en la Seguridad Social, al tiempo que pide una única indemnización por despido de 20 días hasta un máximo de 12 meses.

VOX ha publicado este jueves en su página web sus propuestas económicas que inciden en reducir el gasto superfluo del sector público y en bajar los impuestos directos (IRPF y Sociedades).

En su programa propone un "ambicioso plan de ajuste presupuestario" que haga frente a una desaceleración económica que —en su opinión— podría desembocar en una recesión a partir del segundo semestre de 2020.

Propone un ajuste de 24.236 millones de euros que sería compensado por un aumento de ingresos del 0,5% (5.000 millones de euros) del producto interior bruto (PIB) para 2019 y del 0,3% del PIB (3.000 millones) para 2020, aunque en este sentido no detalla cómo hacerlo.

El recorte de 24.236 millones procedería de recorte del gasto del Estado, de organismos autónomos y de la Seguridad Social de 16.236 millones y otros 8.000 millones de las comunidades autónomas (CCAA) y de los ayuntamientos.

Entre otras medidas, VOX eliminaría altos cargos y empleo no funcionarial, restablecería la tasa de reposición a un nivel no superior al 50% (excluyendo a funcionarios de prisiones y efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Defensa) y eliminaría las ayudas a partidos políticos, organizaciones patronales y sindicales.

También reduciría en 8.000 millones los fondos a cargo de la financiación autonómica y local, y congelaría las nuevas inversiones o proyectos estratégicos.

En su programa señala que si gobernara elaboraría un proyecto de Ley Orgánica que obligara a todas las CCAA y entidades locales a cerrar anualmente sus ejercicios presupuestarios en equilibrio y les impediría emitir deuda.

VOX cree que la contribución del Estado vía gasto e impuestos no debe ser superior al 35% del PIB y tras calificar el modelo autonómico de "corrupto y derrochador", afirma que sólo debería existir una agenda social del sector publico hacia aquellos "con mayor riesgo de infortunio".

En el ámbito laboral, haría una "profunda y amplia reforma" en la que unificaría la indemnización por despido para todos los contratos a 20 días hasta un máximo de 12 meses y en la que los convenios de empresa estarían por encima de los nacionales, sectoriales y territoriales.

Propone que empresarios y trabajadores puedan pactar de forma individual los contratos y acordar la remuneración y las condiciones de trabajo, así como eliminar las cláusulas de ultraactividad y establecer un salario de inserción para el primer empleo de menores de 24 años.

En torno a las pensiones aboga por un modelo mixto de capitalización, al 50%, con cuentas individuales en las que el trabajador "ahorraría" la mitad de su salario y el Estado contribuiría con la otra mitad.

Los menores de 25 años tendrían la obligación de acogerse al nuevo sistema mixto, los de entre 25 y 45 años podrían elegir y los mayores de 45 años continuarían dentro del actual sistema de pensiones.