El Parlamento de Andalucía, con los votos de Vox, PP y Ciudadanos, el triunvirato que gobierna la Comunidad desde los comicios de diciembre de 2018, rechazó este miércoles iniciar la tramitación de una proposición de ley de Adelante Andalucía que pretendía añadir un artículo en la normativa autonómica que blindase el gasto sanitario. El PSOE votó a favor.

"El objetivo es establecer unos mínimos que puedan abordar una crisis de índole sanitaria y ecológica. Se han perdido diez años y el sistema necesita refuerzo", defendió en la tribuna Teresa Rodríguez, presidenta del grupo Adelante Andalucía.

La propuesta de la coalición de izquierdas y andalucista era muy sencilla. Simplemente, añadir un artículo, el 80 bis, a la Ley de Salud de Andalucía, que dijera lo siguiente.

Por un lado: "La ley del presupuesto de la Comunidad de cada año deberá dedicar al menos un 7% del último PIB de Andalucía registrado a la financiación del sistema sanitario público […] para garantizar la solvencia del mismo y llevar a cabo las actuaciones que tiene encomendadas por el ordenamiento jurídico".
Con ello, según los cálculos de Rodríguez este año, el presupuesto dedicado a sanidad sería 1.700 millones de euros mayor.

Y, por otro: "Con el objetivo de fortalecer y reforzar ámbitos funcionales fundamentales, se garantizarán unos suelos de gasto del 20% en Atención Primaria y del 2% en Salud Pública".

Los objetivos que persigue Adelante no son imposibles. En 2019, según los datos que aportó en enero pasado el propio consejero de Salud, Jesús Aguirre (PP), el gasto sanitario en relación al PIB en Andalucía, fue del 6,1% y para este año, lo pintado en el presupuesto es del 6,4%.

Y en 2018, según la estadística de gasto sanitario elaborada por el Gobierno de España, fue del 6,3%. Ese año, había cuatro Comunidades –Extremadura, 8,7%; Asturias, 7,4%; Murcia, 7,4% y Castilla La Mancha, 7,1%– que superaban ese 7% respecto al PIB. Este mismo informe revela que el gasto en servicios primarios en toda España en 2018 fue del 1,4% y en servicios de salud pública del 1,1%, en estos puntos lejos de los objetivos que pretende Adelante.

El gasto sanitario público, si se acude a la comparación con el resto de países europeos, tiene un amplio potencial de crecimiento en España. Así, el último informe de la OCDE, referido al año 2018, arroja que la media de gasto público sanitario en la OCDE36 es del 6,6%, por encima de la española, que sitúa en el 6,2%, una décima menos que el informe del ministerio de sanidad.

Según el informe de la OCDE, Italia gastó el 6,5% de su PIB en sanidad ese mismo año 2018; Portugal, el 6%; Finlandia, el 6,8%; Francia, el 9,3%; Alemania, el 9,5%, y Reino Unido, el 7,5%.

La sanidad pública viene de unos años en que ha vivido una situación muy complicada. Tras la caída de Lehman, las políticas de austeridad impuestas por Bruselas llevaron a recortes importantes que en España, según un informe de Amnistía Internacional "representan una década perdida en términos de inversión sanitaria en España y una vulneración del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental".

"En un contexto de crisis económica y financiera que se inicia en 2008, España adoptó una serie de medidas de austeridad en el ámbito sanitario. En 2009 el gobierno comenzó a recortar el gasto público, llegando a su nivel más bajo en 2013 cuando el gasto total sanitario era de un 12,7% más bajo que en 2009. Si bien desde el año 2014 se ha ido incrementando la inversión, España no ha recuperado ni siquiera los niveles de 2009 en términos reales", asegura la ONG.

En Andalucía, por detrás del paro, que es el principal problema para la ciudadanía, está la sanidad, según el barómetro del centro de estudios andaluces. 

Cuestiones formales

Para rechazar la proposición de Adelante Andalucía, PP y Ciudadanos acudieron a razones formales más que de fondo. "Así dicho pudiéramos estar todos de acuerdo. Pero esto no es una moción", resumió el diputado del PP, Pablo Venzal. Los letrados del Parlamento elaboraron un informe sobre la iniciativa en el que escribieron, por un lado, que era "coherente con el reconocimiento del derecho a la salud en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía". Además, añadieron que resultaba "conforme con la legislación y con el reparto de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma".

Sin embargo, los letrados, por otro lado, añadieron que para estar en línea con el Estatuto, la previsión de fijación en el presupuesto de un montante mínimo de inversión debe interpretarse "no tiene efectos jurídicos vinculantes por el Consejo de Gobierno" ni tampoco "por el Parlamento de Andalucía".

Al ser una proposición de Ley que afecta al presupuesto, el Gobierno andaluz, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, está obligado a manifestar su posición, que fue, en este caso, contraria. Entre los argumentos elegidos, el Ejecutivo recurrió a este: "El Gobierno de Andalucía no es partidario de establecer en el Presupuesto partidas vinculadas a variables que fluctúan de forma positiva o negativa. Un ejemplo claro de evolución contraria es, según el Ejecutivo autonómico, la medida incluida en la proposición de Ley, porque el PIB de 2021 puede sufrir caídas de hasta el 15% según diferentes estudios".

"Por tanto, –prosigue el Gobierno– de introducirse una fijación de partidas como la solicitada, esto llevaría a establecer por Ley para el 2021 un escenario de gastos sanitarios notablemente inferior al establecido en el Presupuesto 2020, precisamente en un momento en el que los citados gastos y las necesidades que cubren tienden a incrementarse". Esto no deja de ser una simpleza, porque lo que persigue Adelante no es una tarifa plana, sino un límite por abajo. Un mínimo.