El comisario jubilado José Manuel Villarejo se ha estrenado este martes como abogado en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por tres piezas separadas de la causa 'Tándem', en las que él está acusado y para quien la Fiscalía pide 109 años de prisión. En concreto, ha interrogado a María de los Ángeles Moreno, exdirectora de  Marcas y Patentes Internacionales del bufete Herrero y Asociados, acusada en la pieza 2, 'Iron', por los servicios al margen de la ley efectuados por Villarejo y sus socios, contratados por el bufete especializado en patentes para neutralizar a un despacho rival, constituido por antiguos trabajadores de Herreros y Asociados.

Según el auto de procesamiento, la actividad contratada por Herrero y Asociados fue más allá de un mero contrato de prestación de servicios de
detectives, constatándose que Villarejo y su socio en Cenyt, Rafael Redondo, ofertaron a sus clientes un servicio dirigido a solventar una "situación de crisis", que incluía la obtención, de forma ilegal, de informaciones y datos de carácter reservado, como  tráficos de llamadas, movimientos bancarios, información tributaria y de seguridad social, relativos a un bufete competidor, Balder IP Law, constituido por antiguos empleados de Herrero y Asociados. 

Los primeros acusados que han declarado en el juicio han sido los imputados en la pieza 'Iron' de la macrocausa Tándem, donde se juzga si Herrero y Asociados contrató a Cenyt en 2013 para que espiara a Balder IP Law con el objetivo de obtener información para argumentar una demanda por competencia desleal. Villarejo se ha estrenado este martes con el interrogatorio a Ángeles Moreno, una de las exsocias del bufete.

Ha arrancado Villarejo su intervención agradeciendo a la Fiscalía que en la jornada del lunes abogara porque él pudiera ejercer su propia defensa. "Ayer agradecí privadamente su intervención al fiscal para que no se me conculque mi derecho a la defensa. Me hubiera gustado que se hubiera comportado igual en la instrucción". A continuación ha formulado la primera pregunta a la acusada: "Por qué no ha aceptado un acuerdo con la Fiscalía, como sus compañeros...". La presidenta del tribunal, Ángela Murillo, le ha interrumpido: "Vaya a los hechos, entre en el fondo, por favor". Pero Villarejo ha insistido en su estrategia, sabedor de que el testimonio de Moreno le favorece. "¿No le comprensa el riesgo a las altas penas que le puedan caer?". La magistrada ha vuelto a apercibirle: "Se lo vuelvo a decir, vaya a los hechos".

"Solo quiero el mismo trato a esta defensa como a las demás", ha dicho Villarejo y a continuación ha planteado otra cuestión a la acusada: "El comentario sobre que mi defendido [por él mismo]hablaba de que era un comisario en activo no ocurrió nunca, por qué cree usted que está en la transcripción?". Ángela Murillo ha tenido que volver a intervenir:  "No, la creencia de esta señora no nos interesa, vaya a los hechos y si usted no está conforme haga su protesta".

Entonces Villarejo ha hecho constar "mi protesta en la medida de que no se me deja interrogar libremente como entiendo que es mi derecho. Voy a intentar preguntarle algo": "¿Mi defendido le habló de algún tipo de ilegalidad, saltándose las reglas judiciales?". La exsocia de Herrero y Asociados ha contestado que "nunca he solicitado nada ilegal y nunca se me ha entregado ninguna información obtenida ilegalmente". 

El interrogatorio se ha producido en medio de constantes apercibimientos de la presidenta del tribunal porque Villarejo no se atenía a preguntas concretas sobre los hechos juzgados, sino que continuamente realizaba juicios de valor y pedía opiniones a la interrogada. "Señoría, que conste mi protesta, me interrumpe... Tengo que ejercer mi derecho a la defensa con un mínimo de libertad".  Pero la magistrada se ha mostrado firme: "¿Quiere usted hacerme caso, señor, y bajito, por favor", le ha pedido Murillo que bajara el tono. 

Uno de los socios de Herrero y Asociados, Mario Carpintero, que ha llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para reducir la condena, reconoció en la anterior sesión que el comisario les proporcionó datos sobre Balder IP Law y sus fundadores, incluidos bancarios, fiscales y de procedimientos judiciales, y que les ofrecieron tráficos de llamadas. Carpintero explicó que se podía "intuir" que para conseguir esos datos mediaban pagos a funcionarios, aunque matizó: "No sé si se materializó".