El Ayuntamiento de Las Rozas, con el PP al mando, cedió gratuitamente terrenos públicos a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), presidida por Ángel María Villar, en prisión provisional comunicada y sin fianza en el marco de la Operación Soule. En reiteradas ocasiones, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y otras instancias han declarado nulo el acuerdo entre el Consistorio y la organización de Villar, lo que ha llevado al Ayuntamiento a regularizar la situación de la Ciudad del Fútbol. A continuación, un repaso de las batallas judiciales libradas por el PSOE, por una parte, y el Ayuntamiento y la RFEF, por otra, durante los últimos 19 años.

1. Firma del acuerdo 

El 4 junio de 1.998, el Ayuntamiento de Las Rozas, dirigido por Bonifacio de Santiago (PP), cedió a la RFEF 120.000 metros cuadrados de suelo público para su uso durante 50 años. En agosto de ese mismo año, PSOE e IU interponen un recurso al considerar que la RFEF no cumple con los requisitos necesarios para dicha cesión. Años después, IU debe apearse del tren judicial, y el Grupo Socialista en el Consistorio continúa con la batalla.

2. Concluyen las obras de la Ciudad del Fútbol

En 2003 concluyen las obras de la Ciudad del Fútbol, sede de la RFEF. Cuenta con más de 14.000 metros cuadrados de superficie para la sede social de Federación futbolística; un pabellón multiusos de varias alturas; cinco campos de césped para entrenamientos y partidos oficiales; un hotel; un restaurante; dos auditorios y un centro de alto rendimiento con gimnasios, oficinas de análisis técnico, servicios médicos y zona prensa.

3. Primera sentencia del TSJM

El 6 de octubre de 2004, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acordó anular la donación de los terrenos y estableció que todo lo que se hubiera construido en la parcela pasaría a ser de titularidad municipal. La RFEF siguió disponiendo de las instalaciones, ajena a esta sentencia.

4. El Supremo declara firme la sentencia

El 15 de marzo de 2007, el Tribunal Supremo declaró firme la sentencia que declara "nula" la cesión de suelo. El Alto Tribunal ratificó, por tanto, el fallo emitido por el TSJM en octubre de 2004. 

5. El PSOE pide la ejecución forzosa de la sentencia

Después de que el Supremo dictara la providencia que instaba al cumplimiento de la sentencia de 2004, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento solicitó en julio la ejecución forzosa de la sentencia ante el TSJM, tras la aprobación provisional en el Consistorio madrileño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). 

6. Primer varapalo explícito a los negocios de la RFEF en la Ciudad del Fútbol

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM emite en octubre de 2007 un auto en el que concede al Ayuntamiento 30 días para informar de qué medidas va a tomar para ejecutar la sentencia. Especifica que debe requerir a la organización de Villar de que "se abstenga de otorgar a favor de terceros contrato alguno de transmisión, cesión, arrendamiento o de simple uso oneroso o gratuito del suelo, de los locales o de las instalaciones de la Ciudad del fútbol, absteniéndose también de realizar cualquier otro acto de gravamen que introduzca en el uso, posesión o disfrute de la finca donada a terceras personas, debiendo resolver o suspender cuantos contratos civiles o mercantiles de arrendamiento, cesión de uso o de otra naturaleza haya otorgado con terceros para el uso de la finca". Otro auto de junio de 2007 también prohibía esos negocios, que la organización de Villar mantuvo.

7. El TSJM exige al alcalde que cumpla la sentencia

La RFEF solicita la nulidad de las actuaciones en enero de 2008, pero la misma sala del TSJM rechaza su petición y le condena a correr con las costas. También advierte al alcalde de que debe dar parte de las medidas que va a tomar para ejecutar la sentencia, "que reserva al uso público el suelo objeto de la donación anulada". Avisa de que en caso contrario se dará traslado al Ministerio Fiscal por "presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial y se le impondrán multas coercitivas personalmente de 300 euros cada 60 días "transcurridos sin tomar posesión administrativa de los inmuebles". Vuelve a insistir en que debe acabar con estos negocios en suelo público. Exige exactamente lo mismo que el auto de octubre de 2007, pero es aún más claro, pues incide en que el Ayuntamiento debe prohibir y no consentir "el uso privativo por terceros de las instalaciones de la Ciudad del Fútbol".

8. Y el TSJM acusa al Ayuntamiento de querer burlar sus sentencias

El TSJM "responsabiliza personalmente" en junio de 2013 al alcalde de la ejecución de la sentencia y le impone una multa de 300 euros -por mes transcurrido- si no la ejecuta en 60 días. La sala de lo Contencioso Administrativo cumple su advertencia y traslada los hechos a la Fiscalía para que considere si son constitutivos de delito. Se imputó al alcalde y a siete ediles, pero finalmente fueron absueltos. El ultimátum del TSJM obliga al nuevo regidor, José Ignacio Rubio -también del PP- a convocar un concurso público para adjudicar los terrenos cedidos de forma irregular.

9. El ayuntamiento adjudica la parcela a la RFEF

TINSA se ocupó de la tasación de la Ciudad del Fútbol con un informe fechado el 2 de septiembre de 2013. El canon a pagar por la RFEF se fijó en 46.152.673 euros, la misma cantidad que había invertido la organización de Villar en la construcción de los inmuebles -46.152.672- más un euro. Sólo la RFEF se presentó al concurso público, pero sacó un cero en el plan de mejoras de las instalaciones y en el de la creación de puestos de trabajo. Por ello, el Consistorio declaró la convocatoria desierta, y posteriormente decidió adjudicar directamente a la Federación el recinto. 

10. Imputación y absolución del exalcalde de Las Rozas y otros siete ediles

El TSJM imputó en 2014 al exalcalde de Las Rozas, Bonifacio de Santiago, y otros siete ediles del PP por desobediencia y prevaricación, al entender que habrían tratado de beneficiar a la Federación con sus operaciones. En febrero de 2016, el Supremo confirmó la sentencia dictada por el TSJM, que absolvía a los ocho ediles al entender que las decisiones tomadas desde el Ayuntamiento fueron siempre “desde los asesoramientos precisos y oportunamente corregidos por la jurisdicción, y  tomando como base que "el órgano administrativo ha actuado en el ejercicio de su función”.