Las víctimas del franquismo declaran ante la Justicia por primera vez

Treinta y siete años y siete meses han tenido que esperar las víctimas del franquismo para poder prestar declaración a la Justicia por los crímenes y abusos que sufrieron durante la dictadura de Francisco Franco. Este miércoles, la inmunidad judicial del franquismo toca a su fin. Las víctimas de la dictadura Pablo Mayoral Rueda, Merçona Puig Antich y Pedro Fausto Canales declararán mediante videoconferencia ante la jueza María Servini de Cubría en el marco de la causa que la Justicia argentina abrió contra la dictadura de Franco por los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humana.

La única vez que hasta este miércoles las víctimas del franquismo habían prestado declaración ante la Justicia fue, precisamente, en el Tribunal Supremo en el juicio contra Baltasar Garzón, único juez que hasta el momento se había atrevido a investigar los crímenes franquistas. “Ha llegado el momento. Tras muchas dificultades, el camino que comenzamos hace ya tres años cuando presentamos la querella en Argentina comienza a dar sus frutos”, explica a Público Carlos Slepoy, abogado de las víctimas del franquismo.

En los próximos días doce víctimas del franquismo declararán ante la Justicia argentina

Entre este miércoles y jueves y dos días más de la próxima semana, aun por determinar, doce víctimas del franquismo pasarán por el consulado de Argentina en España para prestar declaración. Desde Buenos Aires, la jueza María Servini interrogará a los querellantes y víctimas.

Con sus testimonios, las víctimas tratarán de mostrar a la jueza la existencia de un plan determinado de genocidio o crímenes de lesa humanidad durante la Guerra Civil y la posterior represión; el sometimiento de los vencidos a trabajos forzados; y la necesidad de imputar como responsables de asesinatos y torturas a exministros como Rodolfo Martín Villa, por el asesinato de cinco obreros durante una huelga en Vitoria, y José Utrera Molina (suegro de Gallardón), por firmar la condena a muerte de Puig Antich.

“Los testimonios de las víctimas que se sucederán estos días son muy importantes porque sus declaraciones deben dar lugar a las imputaciones que hemos pedido tanto de los exministros que firmaron penas de muerte, y que aún están vivos, como de los jueces y torturadores del franquismo”, prosige Slepoy.

"Es un paso muy importante para la querella", afirma el abogado Carlos Slepoy Este miércoles declarará en el consulado de Argentina en Madrid Pablo Mayoral Rueda, Merçona Puig Antich y Pedro Fausto Canales. El jueves será el turno de Andoni Txasko Díaz; Hilda Farfante Gayo; y María Remedios Palomo Casado. La semana que viene prestarán declaración, en principio también miércoles y jueves (la fecha está por determinar al ser festivo el miércoles en Madrid) Silvia Navarro Pablo; Soledad Luque Delgado; José Luis Gutiérrez Molina; Jesús Rodríguez Barrio; María Victoria Sánchez-Bravo Solla; y Jon Etxabe Garitazelaia.

Pablo Mayoral Rueda. Este hombre fue procesado en el mes de julio de 1975 por el supuesto asesinato de un policía. El fiscal pidió la pena de muerte para él y tres de sus compañeros. Finalmente, el 27 de septiembre de 1975 fue fusilado por esta causa José HumbertoBaena Alonso . Pablo fue condenado a 30 años. Fnalmente, cumplió dos años y medio de prisión.

“Se nos acusó de la muerte de un policía y de militar en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota y en el Partido Comunista de España (PCE). Durante el Consejo de Guerra reconocimos que éramos militantes del PCE pero mostramos que no teníamos nada que ver con la muerte del policía. El proceso duró apenas 10 horas, dos sesiones de cinco horas. En él no hubo ninguna prueba que nos pudiera acusar de haber asesinado al policía. Todo se basó en testimonios orales de policías”, explica a Público Pablo Mayoral, para quien la querella contra el franquismo y la causa abierta en Argentina supone “dignificar la figura” de su compañero asesinado por el régimen.

"Durante el tiempo que estuve detenido recibí palizas todo el rato", recuerda Mayoral “Estuve 8 días en la Dirección General de Seguridad. Recibí palizas todo el rato. Sufrimos el intento de linchamiento por parte de varios miembros de la Policía Armada y luego en la cárcel estuvimos aislados durante 30 días sin poder ver a familiares, abogados, etc.”, asegura Mayoral.

Merçona Puig Antich. Hermana de Salvador Puig Antich, asesinado a garrote vil, el día 2 de marzo de 1974 en la cárcel Modelo de Barcelona. Salvador fue acusado de haber asesinado a un policía. Merçona, en cambio, sostiene que el asesinato de su hermano fue “una venganza” del régimen por el atentado que acabó con la vida de Carrero Blanco. “El régimen necesitaba una víctima”, asegura Merçona a Público.

“Mi hermano era un joven idealista, de ideología anarquista, que paradójicamente creía en el concepto de Justicia. Esta causa supone quizá la última o penúltima oportunidad de que el Estado español revoque la sentencia que condenó a muerte a mi hermano, retire los cargos y pida perdón por el daño que nos ha causado. Nadie devolverá la vida a Salvador, pero es imposible pasar página cuando esta está todavía emborronada”, señala.

Pedro Fausto Canales. El padre de este hombre fue asesinado al inicio de la Guerra Civil junto a otros nueve compañeros por el grupo de Falange local de Pajares de Adaja (Ávila). En octubre de 2003 Pedro Fausto descubrió que el pozo-fosa donde habían arrojado los diez cadáveres y comprobó que los restos no existían porque habían sido exhumados oficialmente, el uno de marzo de 1959, y trasladados al Valle de los Caídos.

"El asesinato de mi padre formaba parte de un plan de exterminio", dice Canales “Mi padre junto a otros nueve paisanos del pueblo de Pajares de Adaja fueron secuestrados, llevados a 20 kilómetros, y asesinados en una cuneta. Un año antes de inaugurarse el Valle de los Caídos, profanaron su fosa, exhumaron sus huesos y los transportaron allí. Nosotros ni siquiera sabíamos dónde estaba la fosa ni dónde estaba mi padre”, relata Canales a Público.

“Quiero mostrar a la jueza, de una manera muy concreta, que el asesinato de mi padre formaba parte de un plan de exterminio perfectamente trazado por las fuerzas golpistas. Mi padre pertenecía a la Casa del Pueblo y desarrollaba actividades sindicales. Su nombre apareció en una lista que el cacique provincial entregó a Falange”, concluye Canales.

Andoni Txasko Díaz. El día siguiente a los asesinatos de Vitoria-Gasteiz, el cuatro de marzo de 1976, es brutalmente apaleado en la calle por la Policía Nacional, a consecuencia de esa paliza pierde el ojo derecho y le queda una visión residual en el ojo izquierdo valorada en 1/50. Cinco obreros murieron durante la represión el día anterior.

"El asesinato de mi hermano Salvador fue una venganza del régimen", apunta Puig AnticEl testimonio de Andoni es clave para la imputación de Rodolfo Martín Villa, a quien se reponsabiliza del asalto de la Policia Armada a la iglesia de Vitoria de San Francisco de Asís, lugar habitual de las reuniones de las Comisiones Representativas de las empresas en lucha de Vitoria. Las Policía disparó a bocajarro contra los más de 5.000 obreros que habían acudido a la asamblea. Cinco obreros murieron.

Hilda Farfante Gayo. Su madre, maestra y directora de las Escuelas Graduadas de Cangas del Narcea, es detenida el 9 de septiembre de 1936 y desde ese momento queda desaparecida. Su padre, maestro también, fue a buscarla y también desapareció. Las tres hijas pequeñas fueron puestas a salvo por el abuelo paterno. Más tarde fueron recogidas por tres distintas familias y nunca más vuelven a vivir juntas.

Mª Remedios Palomo Casado. Su abuelo, alcalde republicano de El Arenal (Ávila) fue detenido, encarcelado, condenado a muerte y ejecutado el 20/12/1936. Su tía abuela es igualmente detenida y condenada a 20 años. Los padres de su abuelo son detenidos y asesinados el 1 de noviembre de 1936. Por último el hermano de su abuelo fue asesinado en febrero de 1937.

Silvia Navarro Pablo. El testimonio de esta mujer ilustra el caso particular de la tercera “saca” del 2 de septiembre de 1936 en la ciudad de Calatayud (secuestro domiciliario y asesinato de 16 civiles, entre otros su tío-abuelo, José Antonio Marco Viedma, 33 años) y traslado, sin permiso de las familias, de los restos mortales de los asesinados al Valle de Los Caídos.

Soledad Luque Delgado. Ella y su familia sufrieron el robo de su hermano gemelo. En la documentación recuperada aparecen nombres de médicos y funcionarios. Es clara su vinculación con el régimen político franquista.

José Luis Gutiérrez Molina. Denuncia del trabajo esclavo en el Canal de Bajo Guadalquivir llamado “Canal de los presos”. Incluye la relación de las empresas que utilizaron trabajadores esclavos durante el franquismo.

Jesús Rodríguez Barrio. Desde los dieciocho años detenido en tres ocasiones, torturado en la Dirección General de Seguridad y encarcelado, la primera vez en el “Reformatorio de Menores” de la Cárcel de Carabanchel.

María Victoria Sánchez-Bravo Solla. Hermana de José Luis Sánchez-Bravo Solla, que fue fusilado el 27 de septiembre de 1975, después de ser cruelmente torturado.

Jon Etxabe Garitazelaia. Juzgado en el Consejo de Guerra Sumarísimo 31/69. “Proceso de Burgos”, condenado a 50 años, sacerdote que cumple condena en el penal de Zamora.