Venta de viviendas a fondos buitre Almeida no recurre la absolución de Botella por no gastar, pero paga con dinero público un informe que justifica su decisión

No quería "derrochar" el dinero de "los madrileños" en "venganzas estériles", pero finalmente ha permitido que se pague con dinero público un informe que le ayude a justificar su posición. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que en septiembre tildó de "venganza estéril" el recurso que reclamaba la mayoría del pleno contra la absolución de la exalcaldesa Ana Botella y su equipo en el Consistorio, por malvender 1.860 viviendas públicas a fondos buitre, no ha dudado en gastar dinero de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) para pagar a un bufete de abogados que le diese argumentos para no presentar este recurso.

En concreto, el pasado viernes PP y Ciudadanos se valieron de su mayoría en el Consejo de Administración de la EMVS (6 votos de 9) para asegurarse de que no haya recurso contra la segunda sentencia del Tribunal de Cuentas -que sí condenó a Botella en primera instancia-, y para justificarse se apoyaron en tres informes elaborados con este fin.

Del coste del informe sólo se sabe que es inferior a 15.000 euros, el tope para este tipo de contratos menores

Uno de ellos, el único que, según las fuentes jurídicas consultadas por Público, realiza un mínimo análisis de la documentación, fue redactado por el conocido bufete de abogados CMS Albiñana & Suárez de Lezo. De este despacho es socio el letrado que defenderá a Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid imputada en Púnica, que también trabajó para el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa.

Fuentes conocedoras de cómo se desarrolló el Consejo del viernes explican que el único dato conocido sobre el coste de este informe es que no sobrepasaría los 15.000 euros más IVA, ya que este es el tope para los contratos menores. También explican que lo "razonable", ante un caso de tanta trascendencia, es que el encargo de este documento hubiera pasado antes por el Consejo. Tanto el representante de Más Madrid, José Manuel Calvo, como la concejal del PSOE que se sienta en este órgano, Mercedes González, reclamaron el expediente, sin éxito.

Por su parte, desde el Ayuntamiento no han respondido a la petición de información sobre el coste de este informe cursada por este diario. 

En lo que respecta al contenido del documento, las fuentes consultadas reconocen que hace un análisis más amplio que el resto de documentos presentados el viernes, si bien no trata directamente la materia encausada. Esto es, la determinación de las reglas aplicables a la enajenación del patrimonio público.

Tampoco hace ninguna mención a las innumerables incongruencias y datos falsos en los que se basa la sentencia para llegar a sus conclusiones, explican. Por ello, este documento también sería insuficiente para tomar una decisión debidamente fundada sobre la interposición del recurso de casación, concluyen.

De hecho, la venta de 1.860 viviendas protegidas a fondos buitre causó un perjuicio de 25.7 millones de euros a las arcas públicas del Ayuntamiento, según el Tribunal de Cuentas. Condenó a Botella en primera instancia, si bien revocó esta condena con los votos de dos consejeros afines al Partido Popular. Tras la segunda sentencia del Tribunal de Cuentas, el Ayuntamiento gobernado por PP y Ciudadanos ha hecho todo lo posible por evitar recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, la última opción posible.

Además, el Gobierno municipal ha obviado la petición de los afectados por esta venta que le reclamaron que recurriese. Almeida también cesó a la directora de los servicios jurídicos de la EMVS, Paloma Herranz, quien conocía en detalle el caso y trabajaba en el recurso, que debía presentarse el pasado 27 de septiembre. Según el PSOE, el plazo para presentarlo se habría suspendido debido a las acciones legales emprendidas por la concejal González.

Por si fuera poco, Almeida alegó este supuesto ahorro como excusa para no presentar el recurso, obviando que Herranz estaba hasta entonces en plantilla: no había que abonarle un nuevo salario, y el único coste por cubrir eran los honorarios de un procurador. Se da la circunstancia de que la EMVS cuenta además con un convenio, por lo que distintas fuentes estiman que este coste no habría superado los 5.000 euros, como máximo.

La Fiscalía General del Estado, a su vez, rechazó la petición de recurrir que le formularon dos diputadas de IU en la Asamblea de Madrid. El Ministerio Público dijo que no consideraba "acreditado" el perjuicio económico generado por la venta de estas viviendas, si bien se declaró "sensible" ante esta situación.

Los documentos esgrimidos, en detalle

Además del informe del despacho de abogados, en la reunión del pasado viernes se pusieron sobre la mesa otros dos documentos para apuntalar con razonamientos jurídicos la decisión ya tomada y anunciada por Almeida. Las fuentes jurídicas consultadas sostienen que estos informes ni siquiera entran a la cuestión principal, son vagos o imprecisos.

El primero de ellos, elaborado por la asesoría jurídica del Ayuntamiento -gobernado por PP y Cs- únicamente reproduce la segunda sentencia del Tribunal de Cuentas, e incorpora apuntes sobre la naturaleza del recurso de casación. Así, dedica cinco de sus siete conclusiones a analizar, en esencia, las características del recurso de casación, no la cuestión concreta, explican a este diario. A pesar de ello, concluye que existen pocas posibilidades de que el Tribunal Supremo acepte el recurso, por lo que recomienda no presentarlo.  

Un segundo informe, rubricado por el jefe de lo Contencioso de los Servicios Jurídicos de la EMVS, y ratificado por el nuevo director de este departamento, tampoco aborda la materia. Según estas fuentes, sólo reproduce cuestiones genéricas y, además, se equivoca incluso en la norma aplicable.

Por último, un tercer informe, en este caso elaborado por la Secretaría General del Pleno y presentado por Más Madrid, versaba sobre la obligatoriedad de los acuerdos adoptados por el Pleno. Reproducía la moción aprobada el 27 de julio a favor de recurrir esta venta. La misma que PP y Ciudadanos han decidido obviar.