La justicia da la razón a los madres y padres de un colegio público de Madrid y anula la licencia de una cocina fantasma construida pared con pared con el centro escolar. En una sentencia emitida el pasado 24 de mayo a la que ha tenido acceso Público el juez asegura que las instalaciones no cumplen la normativa vigente y reconoce los "perjuicios" que ocasionan a las familias. Establece además un importante precedente al señalar que este tipo de nuevas actividades económicas "no deben escapar al ejercicio de las competencias públicas de control". 

Hace un año, en Arganzuela, un barrio del centro de Madrid, varias madres vieron por primera vez desde sus ventanas una chimenea que daba al patio del colegio de sus hijos. Luego descubrieron un rótulo en la calle, buscaron en internet y se encontraron con que una empresa de cocinas fantasma se había instalado al lado de un centro escolar al que van 900 niños. Casi 600 m2 con una instalación de 12 cocinas industriales, equipadas con hornos y fogones, y una zona de refrigeración porque también se presta servicio de catering. El ir y venir de coches, motos y furgonetas de reparto convirtió las entradas y salidas del colegio en un infierno. 

Ahí comenzó una batalla contra la empresa y contra el ayuntamiento, que defendía la legalidad de la licencia para usos industriales del local que había otorgado. Pero, tal y como reclamaban las familias, existe una licencia comercial del año 1966 que supone que el uso del local es comercial y no industrial. Ese es el primer argumento de la sentencia para anular la licencia.

"No es objeto de discrepancia que la actividad de la licencia que se
impugna es industrial", dice el juez en el auto. Y añade: "Si bien la parte demandada para el cumplimiento de la normativa urbanística alega que se trata de una actividad industrial, pretende negar este carácter ante la evaluación del impacto ambiental, asimilando la licencia impugnada con la actividad tradicional de hostelería, siendo muy diferente".

Demoledora con el ayuntamiento de Almeida

La sentencia es demoledora con el Ayuntamiento de Madrid y su pasividad. El juez establece que el consistorio tiene que "extremar el deber de vigilancia municipal" y controlar este tipo de instalaciones. "El nacimiento de un nuevo tipo de actividades económicas, como la que es objeto de licencia que incluye la elaboración y entrega de productos a repartidores, que no estén previstas en la normativa no deben escapar al ejercicio de las competencias públicas de control, bien con un instrumento como es la evaluación del impacto ambiental o con otro", dice el auto. "No hay que olvidar el interés público que está implícito en este tipo de licencias por el que debe de velar el Ayuntamiento demandado".

Si el Ayuntamiento no recurre esta sentencia, su ejecución implicará el cierre inmediato de estas cocinas. Por eso, las madres y padres ponen ahora el foco en lo que vaya a hacer el gobierno de Martínez Almeida. "Recurrir la sentencia que reconoce la peligrosidad de instalar una industria de estas características al lado de un colegio con 900 menores y que ha intensificado el tráfico, el ruido y la inseguridad en las calles del CEIP Miguel de Unamuno es impensable para las familias", aseguran.

Si lo hace "estaría contradiciendo sus propias políticas en lo que se refiere a protección de la salud y la seguridad de la infancia de la ciudad de Madrid", zanjan.