Los seis magistrados de la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Supremo, la encargada de dirimir los pleitos sobre las decisiones de la Presidencia del Gobierno, se reúnen este martes a las diez de la mañana para sentenciar dónde debe ser enterrado el cadáver del dictador Francisco Franco.

O no, ya que la división de criterios que muestran Segundo Menéndez Pérez, Pablo Murillo de la Cueva (ponente), Celsa Pico Lorenzo, Antonio Fonseca-Herrero Raimundo, José Luis Requero Ibáñez y Jorge Rodríguez-Zapata puede llevar al último de estos, su presidente, a optar por remitir el asunto al Pleno de la Sala de lo Contencioso, la misma que centró la polémica sobre el impuesto hipotecario el pasado otoño.

Esa posibilidad, para nada descartable a priori vista la falta de unanimidad y la envergadura del asunto, alargaría todavía más un conflicto jurídico iniciado en agosto del año pasado, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez descartó la vía ejecutiva que le ofrecía la redacción inicial de la Ley de Memoria de 2007, que ya vetaba cualesquiera “actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo” en todo el Valle de los Caídos, y optó por añadirle a esa norma un nuevo punto que especificaba que allí “sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda”.

Hay al menos otro escenario en el que la resolución del pleito, en el que la Fundación Francisco Franco y la comunidad benedictina del Valle figuran como codemandantes junto a la familia del dictador, podría verse aplazada: los seis jueces tienen sobre la mesa un escrito en el que estos últimos plantean una cuestión de constitucionalidad sobre el decreto argumentando que no se trataba de un asunto de “urgente necesidad”. Darle curso a esa petición y enviar el asunto al TC retrasaría varios meses, como poco, el desenlace.

El hecho de que el Gobierno esté en funciones no afecta a la ejecución

El decreto, avalado por el Congreso un mes después con la única abstención de PP y Cs (y dos votos en contra en la bancada conservadora), incluía un calendario de actuaciones para llevar a cabo la exhumación de los restos del dictador. De su aplicación, inicialmente fechada para el pasado 10 de junio y suspendida por el mismo Supremo, se deriva el pleito que ahora tiene que resolver el tribunal.

Lo que debe resolver la Sección Cuarta de la Sala Tercera es si el acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de marzo, que ordenó la exhumación y el traslado de los restos de Franco al cementerio de Mingorrubio, en el barrio de El Pardo, es o no legal. Y, de manera subsidiaria o alternativa y en todo caso una vez avalada su salida, si deben ser inhumados en la cripta que los descendientes del dictador poseen en la Catedral de la Almudena.

El traslado fue suspendido por la sala seis días antes de la fecha marcada para evitar lesiones a los derechos de los Franco en el caso de que finalmente fuera vetada la propia exhumación.

“La exhumación y el traslado a Mingorrubio es un acto administrativo que ya ha sido dictado y que se encuentra pendiente de convalidación” en el tribunal, explican fuentes jurídicas consultadas por Público, que coinciden en señalar que, sea cual sea la decisión del Supremo, el Gobierno está completamente habilitado para llevarla a cabo pese a encontrarse en funciones desde finales de abril. “El cumplimiento de una resolución judicial no cambia porque el Gobierno esté en funciones”, señalaron.

“Es una salida pero no una solución”

“No va a haber problema. Seguro que van a decidir el traslado de los restos. Otra cosa es el lugar de enterramiento que decida el Supremo”, explica Emilio Silva, uno de los fundadores de la ARMH (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica), quien muestra su oposición a ubicarlos en Mingorrubio “porque es un lugar público, y no queremos pagar con nuestros impuestos el enterramiento de un dictador”.

“Lo que plantea el Gobierno no es una solución para sacar a Franco del Valle de los Caídos sino una salida”, señala, al tiempo que critica que, de optar por ese emplazamiento “la familia de un dictador que robó y que hizo sufrir a millones de españoles siga teniendo beneficios del Estado”. “Que se articule la solución que sea, pero que no nos cueste dinero”, reclama.

Silva, que lamenta que “el Gobierno ha sido muy torpe y no ha hecho la demostración de fuerza democrática que habría sido sacarlo del Valle”, propone que, vaya el cadáver a Mingorrubio o a La Almudena, el nuevo enterramiento incluya cartelería “que explique sus crímenes. Eso debe servir para contar quién era: un golpista y un criminal”.