El fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta, ha dimitido este miércoles tras conocerse que ha recibido la vacuna contra la covid-19 antes de que fuera su turno. La fiscal general del Estado (FGE), Dolores Delgado, ha aceptado la renuncia al constatar el incumplimiento por su parte de lo dispuesto en la Estrategia de vacunación para la covid-19 en España.

Cuesta alega para su renuncia, según comunicado de la Fiscalía General del Estado, "motivos personales". Pero, añaden, se ha constatado que ha incumplido con esa estrategia de vacunación que fue aprobada por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y ejecutada por las Comunidades y Ciudades Autónomas.

José Luis Cuesta fue nombrado fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Castellón en noviembre de 2012, en sustitución de Javier Carceller, y fue reelegido en el cargo cinco años después, en enero de 2018.

Recientemente ha trascendido que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) decidió trasladar a la fiscal superior de la Comunitat Valenciana y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) supuestas injerencias de Cuesta, denunciadas por la Junta Sectorial de Jueces de los Juzgados de Instrucción de Castelló.

Por su parte, la Comisión Permanente del CGPJ, en la sesión celebrada el 23 de julio de 2020, tomó conocimiento del acuerdo adoptado por el TSJCV en relación a la Junta de Jueces de Castelló, sin que haya trascendido si ha adoptado alguna decisión.

La renuncia de José Luis Cuesta es la segunda que se produce este miércoles en el País Valencià por el mismo motivo, ya que la concejala de Sanidad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Dénia (Alacant), Cristina Morera (PSPV), ha comunicado que ha presentado su dimisión "irrevocable" después de hacerse público que se vacunó el pasado 12 de enero contra la covid-19 por no "desperdiciar" la dosis.

La estrategia de vacunación

Según esa estrategia de vacunación elaborada por el Ministerio de Sanidad en diciembre, se hacía imprescindible generar un sistema de priorización dado que el número de dosis en un primer momento no abarca a toda la población. Así, en el documento estratégico proponían un modelo mixto de criterios para esa priorización, teniendo en cuenta que existe igualdad en dignidad y derechos. "Todo ser humano, por el mero hecho de serlo, es igualmente digno y socialmente útil", decía el texto.

Y remarcaba que quedaban prohibidas establecer prioridades en el acceso a las vacunas basándose únicamente en características tales como raza, etnia, religión, sexo, edad, nacionalidad, origen, discapacidades,
condición económica o social y otros.

En el baremo a la hora de decidir que los primeros en ser vacunados debían ser los ancianos en residencias y los sanitarios, se incluían principios como el de necesidad, equidad, protección de personas en situación de vulnerabilidad, beneficio social y reciprocidad.

También se tuvieron en cuenta criterios como el riesgo de morbilidad grave y mortalidad, el riesgo de exposición en entornos donde circula el virus, el riesgo de impacto social o económico negativo, o el riesgo de transmitir la infección a otros.