UP presenta 81 enmiendas a la ley urbanística del Gobierno andaluz para impedir que se especule con el suelo

Unidas Podemos por Andalucía ha presentado 81 enmiendas al articulado de la Ley del Suelo de Juanma Moreno, presidente de la Junta, que se tramita en el Parlamento después de que lo permitiera un cambio de opinión de Vox y PSOE.

La izquierda –también Adelante Andalucía– se opone frontalmente a una norma que, consideran, al igual que sindicatos y ecologistas, fomenta la especulación urbanística, favorece un urbanismo a la carta y lleva a tiempos pasados, los del ladrillazo.

El objetivo declarado del Gobierno andaluz con esta ley, que les parece estratégica, es recuperar la construcción como un motor económico. Para Moreno "es un texto clave para ordenar el territorio y [será] un revulsivo económico para muchísimos municipios".

Las enmiendas de UP buscan, por el contrario, darle la vuelta como un calcetín a la filosofía de la ley para impulsar otro modelo de desarrollo urbanístico, diferente del de PP y Ciudadanos, con el objetivo de impedir la especulación con los suelos y la vivienda y favorecer un urbanismo sostenible.

Una de las enmiendas define lo que UP entiende por especulación y dice así: "[La ley debe] impedir la especulación del suelo y la vivienda, entendiendo la acción especulativa sobre dichos bienes como aquella [que consiste] en su compra y venta […] con el objeto o resultado de obtener un beneficio, incrementando su precio para su posterior transmisión sin invertir ni transformar o mejorar el bien, despreciando su valor de uso".

Suelos rústicos

Entre los puntos que más preocupan a ecologistas y sindicatos está la posibilidad de construir en suelo rústico con escasos controles, y la pérdida de control municipal sobre lo que se puede hacer y lo que no, al abrir la mano a cierta discrecionalidad. UP propone directamente añadir una nueva categoría a la clasificación de los suelos que recoge la ley –suelos urbanos y rústicos– que defina con claridad el suelo susceptible de urbanizar.

Así, UP, para proteger el campo andaluz de la especulación, ha elaborado una batería de propuestas. Por un lado, pretende que en terrenos rústicos solo se pueda edificar en suelos "catalogados" como tales a través de una actuación de transformación urbanística recogida en un Plan de Ordenación, lo que conlleva multitud de controles.

Por otro lado, UP quiere que PP y Ciudadanos incluyan en la ley la siguiente cautela: "Cuando se lleven a cabo en suelo rústico actos de edificación, construcción, obras o instalaciones no vinculados a la explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga, requerirán la previa aprobación del pertinente Plan Especial y, en su caso, licencia".

UP, con ello, persigue, en fin, que la edificación en el campo se haga de manera "extraordinaria", siempre que no pueda "llevarse a cabo en suelo urbano" y sea declarada de utilidad pública. Sí podrían hacerse desarrollos, si PP y Ciudadanos aceptasen las enmiendas de la izquierda, que preserven el entorno rural y que contribuyan a su conservación.

El espíritu de las enmiendas de UP es profundamente conservacionista. Así, propone que los suelos conserven los usos ya previstos para que, de esta manera, "contribuyan al mantenimiento de las condiciones ambientales y paisajísticas del territorio y a la conservación de las edificaciones existentes".

También proponen a PP y Ciudadanos que la ley recoja la previsión de que, cuando exista una "acumulación intensiva" que cause "desequilibrios sociales, medioambientales o económicos" los planes urbanos puedan limitar esos usos. La ley de Moreno liquida la previsión hoy existente que limita el crecimiento de las ciudades y pueblos y la posibilidad de construir.

La expansión de los municipios, considera UP, puede hacerse en suelos rústicos cuando ello esté justificado "por el interés público o social" y "se acreditará mediante parámetros objetivos de crecimiento, demanda, sostenibilidad y racionalidad, cuando sea imposible atender a esas necesidades con el suelo urbano disponible". 

En las ciudades, la idea de la coalición pasa porque las actuaciones prioritarias sean aquellas que "tengan por objeto la dotación de equipamientos en zonas deprimidas o que presenten carencias sociales o de salubridad, así como al incremento del parque residencial, especialmente el asequible en alquiler".

El agua

"Hay aspectos que la ley ignora que esperamos que, a través de estas enmiendas, se incorporen, como son el déficit hídrico, la falta de vivienda a precios asequibles, la gentrificación y la segregación por razones económicas, de raza y religiosas", afirma la portavoz de UP, Inma Nieto.

Así, también proponen modificar la ley para que esta recoja específicamente un punto en el que se garantice que las actuaciones dediquen especial atención al agua. "Se deberá garantizar la suficiencia y sostenibilidad hídrica", recoge una de las enmiendas.

UP busca también aumentar los controles ciudadanos, de los ayuntamientos y de la Junta sobre lo que se hace y lo que no y establecer garantías de que en efecto los proyectos de inversión van a redundar en beneficio de las arcas públicas.

En otra enmienda, proponen que "la Administración Pública competente, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información y la transparencia y eficiencia de su actuación, habilitará en su sede electrónica un portal para el seguimiento por quien ostente la condición de interesado, de la tramitación de los expedientes urbanísticos y de los instrumentos de planeamiento. Dicho portal ofrecerá información datada de las actuaciones realizadas, resoluciones dictadas, y estado actual del procedimiento urbanístico".