Unidos Podemos llevará el próximo martes al Pleno del Congreso el debate de la ley que propone permisos de maternindad y paternidad igualitarios, intransferibles y remunerados al 100%. Esta iniciativa ya fue vetada dos veces por el Gobierno del Partido Popular y podrá ser discutida ahora, tras el cambio del ejecutivo.

Se trata de la primer iniciativa legislativa que la formación morada llevará al Congreso tras el triunfo de la moción de censura de Pedro Sánchez y esperan, tal como ha señalado Irene Montero, portavoz de Unidos Podemos, que cuente con el apoyo mayoritario de las fuerzas políticas.

El texto que se presenta a debate esta semana esta promovido por la Plataforma por los Permisos Iguales e Intransferibles (PPiiNA), que reclama la ampliación, hasta las 16 semanas, del permiso de paternidad, con el fin de equipararlo al que dispone la madre. Unidos Podemos apunta que, cuando la norma se refiere a paternidad hace referencia al otro progenitor o miembro de la pareja.

Pero, además, la norma pide que estos permisos sean "un derecho individual" y, por lo tanto no sean transferibles, como, por ejemplo, las vacaciones, tal y como explicó durante su presentación la secretaria de Feminismos, Igualdad y LGTBI Interseccional de Podemos, la diputada Sofía Fernández Castañón. Además, quedaría en manos de los progenitores decidir si estas bajas las cogen de forma simultánea o no.

“Una medida urgente”

Montero ha señalado que se trata de una "medida urgente" que reclama el movimiento feminista. Preguntada por si puede ser una solución para la bajada de natalidad que sufre el país, ha señalado que sí, aunque ha reconocido que no es la única medida que se debería tomar. En este sentido ha recordado que "también hace falta reorganizar el sistema de cuidados o revisar los salario mínimos, la temporalidad y la precariedad", entre otras medidas para que la ciudadanía pueda llevar a cabo "proyectos de vida a medio plazo".

Montero ha mostrado su alegría porque esta norma llegue a debate a la Cámara, ya que es la tercera vez que se registra en el Congreso. Las dos primeras veces, en 2017, fue vetada por el Gobierno de Mariano Rajoy, alegando que su puesta en marcha supondría un aumento del gasto en más de 3.500 millones de euros.