El día después de la reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para desbloquear la renovación del Poder Judicial no ha despejado dudas del alcance real del contenido  del pacto entre ambos líderes. El presidente del PP ha apuntado a que el plan sería el de renovar primero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como exigen la ley y el Gobierno, a cambio de abordar después una reforma de la ley que dé todavía más peso a los jueces en la designación de sus miembros (en la actualidad ya escogen a 12 de 20).

En el Ejecutivo, sin embargo, se optó por no aclarar si este era el contenido del acuerdo y por apartar las "diferencias" para centrarse en las coincidencias entre PSOE y PP tras el encuentro de sus líderes. Desde el anuncio de la dimisión del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, en Unidas Podemos han visto con desconfianza este acercamiento entre los dos partidos.

En primer lugar porque saben que el PP siempre ha tratado de apartar al espacio confederal de estas negociaciones con el objetivo de lograr un gran acuerdo del bipartidismo. Y en segundo lugar porque consideran que si en cuatro años los conservadores han persistido en el bloqueo del órgano, no habría demasiados motivos lógicos para que ahora asumieran su responsabilidad, cuando apenas queda un año para las elecciones.

En todo caso, en Unidas Podemos ya se preparan para los posibles escenarios que se puedan dar en los próximos días con un objetivo claro: no quedar desdibujados en la negociación con el fin de alejar ese pacto bipartidista que el PP persigue desde que se abrieron las conversaciones con los socialistas.

Uno de los principales elementos de confrontación con los conservadores es la propuesta del PP para cambiar el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. En el espacio confederal consideran que existe un sesgo de clase a la hora de acceder a la judicatura que provoca que muchos de los magistrados tengan ideología conservadora.

La manera de tratar de 'corregir' este sesgo es que la elección de las cúpulas judiciales no se independice por completo de la voluntad ciudadana, el sentido común y las mayorías sociales, expresadas en las urnas e institucionalizadas en los representantes de Congreso y Senado (que eligen actualmente a ocho de los 20 vocales del CGPJ).

Limitar las competencias del CGPJ

Sin embargo, en UP sí que consideran urgente renovar el órgano, aunque desconfían de las verdaderas intenciones de Feijóo en este sentido. Por eso, han optado por reforzar sus posiciones en la negociación, tanto en lo discursivo como en lo legislativo. El pasado lunes Yolanda Díaz reunió a los principales dirigentes del espacio (Irene Montero, Alberto Garzón, Jaume Asens y Enrique Santiago) para coordinar una posición común y prepararse de cara a los próximos días.

De entrada, desde UP aseguran no estar cerrados a posibles reformas que afecten al Poder Judicial; de hecho, como recuerdan, ya propusieron rebajar las mayorías necesarias para renovar el CGPJ con el fin de desbloquearlo y de que el sistema de elección respondiese y fuese reflejo de unas Cortes que hace años que se alejaron del bipartidismo y que legislan con acuerdos que concitan a muchos y diversos grupos parlamentarios. 

En este sentido, aunque en esta ocasión no estaría entre los planes iniciales de Unidas Podemos recuperar esa fórmula, sí que manejan una propuesta para limitar las competencias del Consejo General del Poder Judicial, si el PP y el PSOE quieren entrar en serio en reformas legislativas en este ámbito.

Tal y como expuso en Público Enrique Santiago, diputado del grupo confederal y su responsable en las negociaciones que atañen al Poder Judicial, "una posible opción para disminuir efectos perniciosos ante futuros bloqueos es proceder a la reducción de las competencias del CGPJ a las exclusivamente previstas en el artículo 122.2 de la Constitución: nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario, trasladando el ejercicio de todas las demás que ahora tiene al Ministerio de Justicia, así como las tres primeras cuando el mandato esté vencido y su renovación demore un plazo razonable, por ejemplo tres meses, para su ejercicio por el Ministerio únicamente en caso de urgente necesidad solicitada por el CGPJ en funciones".

El portavoz parlamentario también recordó este martes durante una entrevista en La Sexta que, puestos a reformar el modelo, existen muchas fórmulas en países europeos que podrían ser ejemplo a ojos de Unidas Podemos: "El Consejo de Bélgica tiene una minoría de jueces (en el proceso de elección de vocales) y tiene a representantes de la sociedad civil, que a lo mejor estaría bien que en España también hubiera (representantes de la sociedad civil) en nuestro Consejo; también tienen a catedráticos y juristas que no son jueces", explicó Santiago.

Aunque la comunicación entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha sido constante en esta materia, en Unidas Podemos no conocen el alcance real de lo pactado entre el PSOE y el PP, por lo que prefieren estar preparados para dar una batalla en caso de que el pacto bipartidista coja vuelo en los próximos días.