Las proposiciones de ley idénticas que ha presentado esta semana el PP (una con Vox y otra con Ciudadanos) en el Parlamento de Andalucía con las que pretende legalizar los regadíos casi 1.500 hectáreas en el entorno de Doñana ha provocado indignación, además de en las organizaciones ecologistas y en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), en la izquierda andaluza. Tanto Unidas Podemos como Adelante Andalucía manifestaron este miércoles que harán todo lo que esté en su mano para frenar lo que consideran "una barrabasada" y una "agresión".

El PSOE reaccionó en términos mucho menos contundentes e instó al presidente Juanma Moreno a no "incendiar, confrontar e intentar echar a pelear a unas partes con otras por un burdo objetivo, el del rédito electoral". "No nos oponemos –dijo la portavoz, Ángeles Férriz– a que se revise el Plan de la Corona Norte, pero sí a que se utilice este tema con fines electorales, buscando la confrontación y no la solución". Los socialistas exigieron al presidente, Juanma Moreno que sentara "con todas las partes" para dar una solución que equilibrase los intereses de los agricultores de Huelva a la vez que se preserva Doñana, un "entorno único".

La portavoz de Adelante Andalucía y diputada autonómica no adscrita, Teresa Rodríguez, dio una rueda de prensa junto a Felipe Fuentelsaz, de WWF, la ONG conservacionista que ya ha afirmado que va a llevar la nueva regulación a la UNESCO. Para Fuentelsaz, la propuesta de las derechas supone el "ataque más directo y demoledor que hemos visto jamás sobre el parque de Doñana", y "una auténtica locura".

Para Rodríguez, que llamó a "defender Doñana con uñas y dientes", lo que pretenden PP, Cs y Vox tiene que ver con "profundizar aún más en un desequilibrio entre la vida en el parque natural y la posibilidad de desarrollar una agricultura de forma sostenible" en ese entorno, según recoge Europa Press.

Además, Rodríguez agregó que estas iniciativas suponen también "la ruptura del consenso", "una burla a los organismos internacionales" y "un crimen ambiental sin precedentes". "Un gobierno y una administración están obligados a pensar en las próximas generaciones, no sólo en las próximas elecciones", remachó la diputada.

Teresa Rodríguez ha añadido que "haremos todo lo que podamos hacer" frente a esta iniciativa, incluido "acudir a organismos internacionales, empezando por la Comisión Europea a través de nuestros eurodiputados, y al Parlamento europeo a través de la Comisión de Medio Ambiente, y a los tribunales si fuera preciso para evitar la aplicación de esta barrabasada".

Fuentes de IU indicaron a Público que también están valorando la mejor manera de actuar en Europa. La portavoz del grupo parlamentario Unidas Podemos por Andalucía, Inmaculada Nieto, se pronunció en términos muy similares a los de Rodríguez y advirtió este miércoles de que la confluencia de Podemos e IU hará todo lo que esté en su mano para impedir una "agresión a Doñana".

Nieto señaló que Doñana "está siendo investigada con lupa en las instancias europeas dado el riesgo cierto que existe de dañarla de manera irremediable si no se pone coto a la extracción de agua ilegal que se produce en sus inmediaciones, y que le ocasiona una presión de la que el ecosistema a duras penas se puede reponer".

Competencia desleal

Con estas iniciativas de las derechas "se agudizaría la competencia desleal hacia los agricultores onubenses que hacen las cosas bien", que "pagan por el agua que utilizan y tienen sus explotaciones agrarias en tierras legales", analizó Nieto, según recoge Europa Press. La portavoz agregó que Unidas Podemos por Andalucía "va a estar del lado de esas explotaciones agrarias que no están infringiendo la ley ni vulnerándola", y no va a adoptar "un perfil bajo ante este atropello, ante esta amnistía".

PP, Ciudadanos y Vox, según se lee en la proposición de ley, niegan que los cambios de clasificación de los suelos que pasarán, de aprobarse los cambios normativos, a ser agrícolas regables suponga "per se una mayor presión sobre los recursos naturales del entorno y, en especial, sobre los recursos hídricos" ni "rompen en modo alguno el equilibrio existente, toda vez que [la nueva clasificación de suelos] no confiere de forma automática el derecho al uso del agua, sea superficial o subterránea". Su propuesta, según escriben, "solo califica el suelo como agrícola, [lo que implica que se] puede tener o no acceso a agua, pero el titular del mismo podrá hacer uso para cultivos de secano o cualquier otro conforme a la normativa vigente".